El mapa normativo en Argentina de la Ley de Etiquetado Frontal detalló que, a casi dos años de su sanción, sólo siete provincias del país adhirieron a la normativa, mientras que el índice de avance se encuentra en un 63,3%.
Dicho mapa fue presentado en la jornada inaugural del 1° Congreso de Políticas Alimentarias como una herramienta para favorecer y fortalecer la plena implementación de la ley en todos los territorios de Argentina. Además, se trata de una herramienta creada por la Fundación Para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar.
Con ese objetivo, el mismo enseña cómo la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias avanzaron en la promulgación de normas locales que regulen la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal, al tiempo de visibilizar el proceso de regulación a nivel nacional.
Nota al Pie dialogó con la abogada Maria Laura Fons, miembro del área de salud de Fundeps, quien explicó que el mapa normativo se encuentra en un 63.3% de implementación y que el porcentaje restante depende, en su gran mayoría, de que las provincias avancen en la sanción de normas locales.
La presentación de este mapa se realizó durante el 1° Congreso de Políticas Alimentarias de Argentina. En dicho espacio, al cumplirse un año de la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal, disertantes nacionales e internacionales conversaron sobre los avances y desafíos.
¿Cómo fue la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal?
De acuerdo a los resultados, desde Nación ya habrían dictado la mayoría de las normas complementarias que le corresponden. Sin embargo, faltaría el desarrollo de un registro de infractores.
En ese aspecto, Fons explicó que, aunque la Ley puede obligar a las provincias en ciertos temas, “en la medida que estas no avancen en regular o definir el cómo, la efectiva implementación de la ley se pone en riesgo”.
En ese marco, sólo siete provincias adhirieron a la norma. Dentro de ellas se encuentran Chaco, Chubut, La Rioja, Río Negro, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego. Las tres últimas fueron las que registraron mayores avances, sobre todo en los mecanismos de implementación, Salta mediante la Ley Nº 8.369, Neuquén a través de la Ley 3.351 y el Decreto 1.365 y Tierra del Fuego con la Ley Nº 8.369.
La abogada de Fundeps también remarcó que, aunque algunas provincias aún no se adhirieron, la normativa es de alcance nacional. En tanto, el etiquetado de alimentos y las restricciones de publicidad son de competencia exclusiva de Nación y dependen de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Sin embargo, de acuerdo a la letrada parte de las deficiencias en su implementación se deben a que no es estrictamente necesario ni obligatorio, razón por la que queda en la voluntad política de cada provincia. A ello, según Fons, se suma una falta de articulación entre las autoridades responsables de hacer cumplir la ley.
Conforme a la especialista “existen diferentes intereses y sectores que interfieren en el avance de esta política pública”, además de una falta de conocimiento en muchos funcionarios que deberían encargarse de regular y garantizar la implantación.
Las consecuencias
En caso de que las provincias continuen sin avanzar con la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal existen dos puntos críticos que podrían impactar en los entornos escolares y las compras públicas.
Según Fons dicha situación se podría revertir si hay “normas locales que regulen los entornos escolares saludables” o si en los kioscos y escuelas se garantiza el acceso a alimentos más saludables y en lo posible frescos.
Además, la abogada recomendó que, en el caso de la compra pública de alimentos, se adopten criterios más saludables en locales comerciales, vía pública y eventos, donde no se puedan desplegar acciones de marketing dirigidas a niñes y adolescentes.
Más allá de los retrocesos, desde Fundeps revelaron que lo más importante a partir de la Ley fue “poner sobre la mesa la pregunta sobre qué se les da de comer a las infancias”.
Por ello, a partir de una investigación, indicaron que la normativa vino a marcar un antes y un después, aunque todavía hay un largo camino por delante “hasta que la misma se implemente y se cumpla en todos los territorios”.