A partir del 1 de agosto, a través del Boletín Nacional, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó el aumento de la electricidad en relación a la reducción de subsidios según determinadas normas de ingresos.
La variación se establece en el marco de la segmentación tarifaria, lo que implica que los subsidios decrecieron de la siguiente forma: les usuaries residenciales de altos ingresos, parte del nivel 1, enfrentarán un aumento del 6%; los residenciales nivel 2 y nivel 3, de ingresos medios y bajos, mantendrán los precios vigentes al mes anterior. La excepción ocurrirá cuando les usuaries superen los 400 kWh/mes, de ser así se aplicarán tarifas definidas para el nivel 1 incluyendo el aumento de este mes.
De acuerdo con lo establecido por el ENRE y el Gobierno nacional, los costos se actualizarán desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre de 2023. Para este período el subsidio tiene una reducción absoluta para el nivel 1, mientras que para el nivel 2 tendrán un subsidio del 87 % y el nivel 3 tendrá un subsidio del 83%.
Estas medidas se traducen de forma más específica en los cuadros determinados por cada empresa distribuidora de electricidad como lo son Edenor y Edesur.
La nueva medida energética contempla lo que se llama zona fría. Aquellas viviendas que tengan categoría nivel pero que su consumo exceda 800 kWh/mes, tendrán que abonar las tarifas del nivel 1.
Una de las exigencias del FMI
Es claro que la reducción de los subsidios y los aumentos en distintos rubros se deben al contexto crítico que atraviesa Argentina. El Gobierno nacional se encuentra bajo reglas que determinan las acciones en pos de poder pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda millonaria tomada por el ex gobierno de Mauricio Macri.
En ese sentido, en el 2022 el informe “External Rebalancing in turbulent times” elaborado por técniques de dicho organismo establecieron que Argentina debería tener una política monetaria restrictiva y un régimen cambiario simplificado. Como así también contar con una reestructuración de la capacidad exportadora.
Este tipo de recomendaciones sirven para entender qué visión tiene la entidad con respecto a la economía argentina. La cual pareciera que puede resolver sus problemas estructurales desde una receta económica que no explica las desventajas de la misma.
En términos generales, una política monetaria restrictiva significa bajar el consumo, para atacar la inflación desde el flanco de la reducción de dinero en la circulación. Sin embargo, este fenómeno económico en Argentina es multifactorial y no se reduce a la cuestión de emisión monetaria. A su vez, generaría un aumento del desempleo.
Ante este panorama, plantearon la necesidad de flexibilizar los cambios múltiples y eliminar la restricciones cambiarias. En primera instancia, el uso de los cambios múltiples se usa debido al desequilibrio que existe entre el sector agroexportador y el sector industrial. Este tipo de cuestión se relaciona con las dificultades de obtener divisas, algo que se incrementa al tener una deuda externa millonaria.
De forma muy simplificada, el impacto de la deuda externa complica aún más la realidad argentina con respecto a la capacidad de reserva de dólares. A esto se suma que el Gobierno optó por ajustar el gasto público para el pago de la deuda, la misma que en su momento desató grandes polémicas con respecto a su legitimidad.
Malabares para pagar la deuda
Las últimas novedades sobre el pago al FMI fueron que Argentina recurrió a un préstamo realizado por Qatar, valorado en 7.500 millones de dólares, para solventar el vencimiento de deuda del 4 de agosto, el cual se estima que rondó los US $900 millones.
Desde el Gobierno comunicaron que dicho crédito se devolverá “una vez que el Directorio Ejecutivo apruebe las revisiones 5ta y 6ta”. Esto implica que ingrese al país US $7.500 millones y es una transacción prevista para la segunda quincena de este mes.