¿A qué campo le hablan los candidatos presidenciales? ¿A qué “campo” le fueron a prometer un camino hacia el fin de las retenciones sobre las exportaciones durante la última exposición de la Sociedad Rural? Los representantes de los pequeños y medianos productores —aquellos que reúnen entre 50 y 300 hectáreas— plantean desde el debate de la Resolución 125 (2008), aquel que instaló la idea del “el campo” como un solo cuerpo productivo, la necesidad de la segmentación de las retenciones y una nueva ley de arrendamiento. Ese reclamo de segmentar los derechos de exportación para diferenciar entre los chacareros y los pooles de siembra, que en algún momento sostuvo la Federación Agraria Argentina, ahora solo sigue siendo exigido como parte de un grupo de leyes que integran el “Programa agrario para el alimento”, propuesto por la Mesa Agroalimentaria Argentina.
“Uno escucha a los diferentes candidatos y, la verdad, está sorprendido porque cuando hablan del tema rural no hay un matiz de una política para los pequeños y medianos productores. El debate del sector agropecuario pasa por retenciones sí, retenciones no. Y nos sorprende porque hace años que, a los políticos, les planteamos los problemas que atravesamos y los censos agropecuarios muestran cómo desaparecieron 150.000 productores en las últimas tres décadas”, introduce el debate Carlos Baravalle, productor ganadero y de soja en Córdoba, referente de Bases Federadas, grupo de productores que abandonaron la Federación Agraria Argentina (FAA).
Y plantea el cambio de paradigma agrario: “Tenemos menos unidades productivas que en 1912, y esto daría pie a una revuelta agraria, pero no ocurre porque, en aquella época, el productor no podía dejar de producir porque no tenía ingresos. Hoy, el que es dueño de la tierra, si no le cierran los números, le alquila las hectáreas a un pool de siembra y así perdemos a la gente que vive en el campo. Ningún candidato habla de esto. Tendrían que hacer un vuelo nocturno y ver cuántas luces prendidas hay en los campos. Se van a sorprender con grandes extensiones que no vive nadie”.
Baravalle se lamenta, pero junto a Bases Federadas y la Mesa Agroalimentaria proponen. En septiembre del año pasado presentaron un paquete de cinco proyectos de ley al Congreso de la Nación y, entre campaña política y discursos sobre bases programáticas, en julio presentaron el “Programa agrario para el alimento”, en las calles y con una Expo Alimentaria en Tecnópolis.
En paralelo, la Sociedad Rural realizó su Expo Rural, que tuvo lugar entre el 20 y 30 de julio en el Predio Ferial de Palermo —renombrado por la organización rural desde 1991, cuando el gobierno de Carlos Menem se lo vendió por decreto y en perjuicio del Estado—. La exposición contó con la visita y las promesas de campaña de cinco precandidatos presidenciales: el ministro de Economía y precandidato del oficialismo, Sergio Massa, los precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato de la ultraderecha y diputado, Javier Milei (La Libertad Avanza) y el gobernador cordobés Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país).
Retenciones cero: más neoliberalismo en el agro
Bullrich, Milei y Schiaretti prometieron ante el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, lo que quería ese auditorio ruralista: la eliminación de las retenciones a los granos desde el primer día de gobierno. El precandidato de La Libertad Avanza le dio marco al modelo de país que implica esa medida: “En el año 1991 se lanzó el programa de Convertibilidad y Cavallo eliminó las retenciones aún cuando el FMI le decía que no. Es posible eliminar las retenciones y la brecha cambiaria y va a ser un impulso enorme para el sector”, reivindicó.
En el cierre de la exposición, el propio Pino reivindicó en su discurso la década de 1990 haciendo una lectura distorsionada de los Censos Agropecuarios. “Desde el momento en que se reinstalaron las llamadas retenciones, más de 100.000 productores han tenido que abandonar la actividad”, sostuvo el presidente de la Sociedad Rural. La desaparición de productores en el campo es real, pero no es un fenómeno de los años de retenciones.
Como indica el Director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Eduardo Azcuy Ameghino, a la luz de los censos agropecuarios, en la suma de las provincias pampeanas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en los últimos 30 años (1988-2018) casi la mitad de las explotaciones agropecuarias desaparecieron: de 179.534 a 90.907. Y marca una particularidad: la inmensa mayoría de los campos que dejaron de ser trabajados eran de productores con menos de 200 hectáreas.
“En la década del noventa el derecho de exportación no existía y ese es el peor período que vivió el campo. Fue una época de precios internacionales muy bajos: la soja no llegaba a 180 dólares, cuando en la actualidad está en 530. La paridad cambiaria estaba 1 a 1, pero los productores tenían un nivel de endeudamiento que se reflejaba en más de 7.000 hectáreas hipotecadas por el Banco Nación”, señala Pablo Paillole, productor cordobés y también integrante de Bases Federadas.
El productor —que trabaja 50 hectáreas de producción porcina y maíz— repasa algunos de los motivos de la desaparición de productores iniciada en la década de 1990: la flexibilización de todas las políticas agropecuarias, el cierre de la Junta Nacional de Granos, la Ley de Arrendamiento vaciada de contenido (a partir de las modificaciones hechas durante la última dictadura cívico-militar).
Además de la decisión de correr al Estado de la dirección de las políticas agropecuarias para abrir paso al mercado, el integrante de Bases Federadas subraya que fue en 1996 cuando el entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, aprobó la soja transgénica que modificaría el modelo de producción: con siembra directa y paquete de agroquímicos.
“Llevó a una mayor concentración en pocas manos, con el surgimiento de los primeros pooles de siembra. El programa del ruralismo —les decimos así porque nos referimos a “las Sociedades Rurales” en el interior— es netamente tributario, porque sus políticas estructurales las tienen resueltas: desregulación de la tierra y la comercialización, concentrada en siete multinacionales”, sentencia Paillole.
“Nosotros no tenemos cabida en el modelo agropecuario actual, en el que tenés que disputar la tierra con los grandes jugadores, los pooles de siembra, y menos si llegan a concederle las retenciones cero. Más expulsados van a estar los pequeños productores porque los grandes tendrán más margen de ganancia para disputar el alquiler de la tierra”, asegura Baravalle, quien fuera dirigente de la Federación Agraria Argentina.
La Resolución 125 o tropezar con la misma piedra
En su paso por la ronda de negocios de la Sociedad Rural, Larreta calificó a las retenciones como un “pésimo impuesto”, aunque sin prometer llevarlas a cero de forma inmediata en su eventual gobierno. Sin embargo, fue cuestionado por su alianza interna con Miguel Ángel Pichetto (jefe del Senado peronista en 2008) y su cercanía al radical y precandidato a jefe de gobierno porteño Martín Lousteau (el ministro de Economía que firmó la Resolución 125 de retenciones móviles).
La 125 fue uno de los temas que cruzó la exposición de la Sociedad Rural debido a que su cumplieron 15 años de aquella medida del gobierno de Cristina Kirchner, que marcó el nacimiento victorioso de la Mesa de Enlace, la figura de “el campo” y hasta llevó dirigentes rurales al Congreso como candidatos del radicalismo y el PRO.
“El Gobierno en aquel momento se equivocó, no por querer cobrar más retenciones en un momento en el que los precios internacionales volaban, sino por proponer la misma retención a un productor de 30 hectáreas que al grupo Grobocopatel. Unificó todo y abonó a la teoría de que el campo es uno solo”, reflexiona Paillole y recuerda que el gobierno de Cristina Kirchner tomó muy tarde las propuesta de los pequeños y medianos chacareros que pedían segmentación y ley de arrendamiento, iniciativa que (tras el “No positivo” de Julio Cobos) quedó en el olvido.
“Terminó la 125 y siguió todo igual. No hubo cambios estructurales en materia de política agropecuaria. En ese período, muchos productores salieron del endeudamiento por los precios internacionales, pero también fue el momento de consolidación de los pooles de siembra, que vino a reemplazar la antigua figura del gran estanciero”, señala el productor de Bases Federadas.
En 2015, en el último año del segundo gobierno de Cristina Kirchner, volvió a aparecer una política de segmentación aplicada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Baravalle recuerda que llegó a involucrar un fondo del cinco por ciento del total de retenciones para realizar una devolución de lo retenido por derechos de exportación a unos 50 mil pequeños y medianos productores. La gestión de Mauricio Macri pasó con el ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, al frente del Ministerio de Agricultura, con una política de desguace para la agricultura familiar.
En 2020, poco antes de que se declarara el aislamiento por la pandemia de Covid-19, el entonces titular de Agricultura, Luis Basterra, anunció un incremento del tres por ciento a las retenciones para la soja (de 30 a 33 por ciento) y un programa de compensaciones con segmentación de productores de menos de 1.000 toneladas. El programa tuvo menor impacto redistributivo que el implementado por Kicillof y se descontinuó pandemia mediante.
“Lo principal de estas dos experiencias es que se demostró que es posible hacer una segmentación, aunque muchos funcionarios decían que era imposible de aplicar. Fueron experiencias importantes, pero no tuvieron ni la continuidad ni el volumen para cambiar la matriz productiva. Fue insuficiente para quebrar el proceso de concentración”, analiza Paillole.
“No hay una política agropecuaria, no hay un diseño de cómo podríamos desarrollar la ruralidad. La política está concentrada en lo que nos deja hacer el Fondo Monetario Internacional y lo que prima es cómo se tapan los agujeros de la deuda”, apunta Baravalle.
Las palabras de Massa en su paso por la Exposición Rural fueron precisamente sobre el FMI, al decir que “medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables o más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento”. El precandidato oficialista buscaba así apaciguar las críticas a la política recaudatoria de “dólar soja” o “dólar agro”, acordada con el FMI, que desde el ruralismo critican por ser transitoria, mientras que los pequeños y medianos productores siguen a la espera de políticas reales, mientras aumentan los costos alimenticios para actividades como la cría de ganado, porcinos y aves.
Otra de las medidas que anunció Massa fue el fin de las retenciones para las “economías regionales” a partir del 1 de septiembre. Baravalle baja a territorio el impacto de la quita de retenciones a las “economías regionales”, que, en Córdoba, será para el maní. “Los productores de maní, acá en Córdoba, pagan alquileres que los ganaderos ni a sombra podemos llegar a pagar. Hoy en día están pagando, por decirte, el equivalente a 18 quintales de soja en un campo que se paga 12 quintales, y todavía tienen retenciones del seis por ciento. ¿Cuánto van a ofrecer después de septiembre? ¿Cómo hacen para competir actividades como la lechería, la ganadería de cría o los porcinos?”.
¿Por qué segmentación de las retenciones?
¿Cuál es la radiografía del campo argentino según los datos oficiales tras décadas de políticas agropecuarias de libre mercado? Según datos del CNA 2018, existen unas 222.000 explotaciones con límites definidos (con alambrados) distribuidas en el país, respecto de las 297.000 que existían en 2002 y de las 378.000 relevadas 1988. Esto significa que en sólo tres décadas se perdieron 156.000 establecimientos. En tanto, el 70 por ciento de la tierra está alquilada, es decir no la trabajan sus propios dueños; y solo el 20 por ciento de los productores producen el 80 por ciento de las toneladas producidas en el país.
El programa de segmentación anunciado por Basterra en 2020 confirmaba el nivel de concentración en el campo, respecto del cultivo estrella: la soja. El 74 por ciento de los productores producían el 23 por ciento de las toneladas totales de soja. En ese grupo de 42.406 unidades productivas, 5.941 producían entre 500 y 1.000 toneladas de soja, el resto estaban por debajo. Mientras que el 26 por ciento del total de productores concentraban el 77 por ciento de toneladas totales, entre 14.884 unidades productivas todas por encima de las 1.000 toneladas.
“La segmentación de las retenciones y las políticas públicas diferenciadas tienen que ser una antídoto a la concentración. Los productores que trabajan mil, 5.000 o 10.000 hectáreas cada vez concentran más, mientras que los pequeños y medianos productores dejan de trabajar su tierra para arrendarlas a los pooles o no renuevan los alquileres porque no le dan los costos. Los grandes jugadores, empresas, fondos de inversión, tienen más márgenes de ganancia porque cuentan con un volumen que les absorbe los gastos de estructura”, explica Paillole.
La propuesta de la Mesa Agroalimentaria es, entonces, plantear con fuerza de ley en el Congreso una política duradera de segmentación. El proyecto, trabajado por Baravalle con el espíritu del reclamo abandonado por la FAA, propone:
- Segmentar a los productores de soja hasta 1.000 toneladas, con una devolución de retenciones en cinco escalas (cada 200 toneladas)
- Segmentar a los productores de maíz, sorgo, girasol y trigo hasta 2.000 toneladas.
De esta manera, como quedó demostrado por las cifras oficiales, se alcanza a los pequeños y medianos productores que en el caso de la soja, representan el 70 por ciento de las unidades productivas. ¿Cómo se realizaría el reintegro de las retenciones? La propuesta de la Mesa Agroalimentaria es que el Estado cree un fondo para el Programa de Segmentación destinando el diez por ciento del total de lo percibido por retenciones a las exportaciones del total de los productores.
A partir de ese fondo, el Estado puede segmentar a los productores de menos de 1.000 toneladas en caso de la soja y 2.000 en los otros cultivos, a partir de las declaraciones juradas de siembra —estimando un rinde promedio por hectárea—, y realizar reintegros mayores a los productores de la escala más baja (reduciendo progresivamente en cada escala hasta el tope fijado).
“La política que proponemos es para sentarnos en cualquier espacio que dé el debate, siempre y cuando tengamos como premisa llegar a recuperar a los más de 80.000 pequeños y medianos productores que el censo agropecuario muestra que se perdieron en las últimas tres décadas. Una política para, al menos, volver a ser 300 mil productores”, plantea Baravalle.
Además de la ventaja económica que permita que el pequeño productor se mantenga en el campo, el proyecto de la Mesa Agroalimentaria propone dar otro paso y que la diferencia entre la retención impuesta por el Gobierno —actualmente 33 por ciento para la soja, 12 para el trigo y el maíz, siete por ciento para el girasol— y la devolución por el programa de segmentación sea depositada en la cuenta bancaria del productor, pero sin libre disponibilidad, con excepciones para tiempos difíciles como esta temporada de sequía.
Ese diez por ciento recaudado del total de las retenciones podría ser devuelto a los pequeños y medianos productores, de forma segmentada, con condición de que se rindan en usos específicos que contribuyan con el desarrollo local: pago de salarios y cargas sociales, pago de impuestos, compra de maquinaria rural nacional, compra de insumos para la producción en cooperativas agropecuarias, tecnología aplicada al agro, inversión en energía renovable, sistemas de riego y mejora de infraestructuras rurales, entre otros. “Hay que salir de esta agricultura que muestra secuelas por todos lados. ¿Y de qué manera se sale? Apostando a otra clase de agricultura. Sentándose con el Estado a pensar las políticas agropecuarias”, propone Baravalle.
El referente de Bases Federadas agrega una ventaja que tiene una política de segmentación frente a políticas de fomento a la exportación como las anunciadas recientemente por Massa para el maíz durante agosto: “No impacta en el precio del alquiler de la tierra, no impacta en el precio del alimento para el ganado, no impacta en el precio del expeller, no impacta en nadie”. Tras el anuncio del “dólar maíz” —a 340 pesos—, las liquidaciones se dispararon, pero, en paralelo, se registró un aumento del 20 al 30 por ciento en carnicerías y el Gobierno autorizó un aumento del 15 por ciento para el bioetanol, que terminará impactando en el precio de la nafta.
Un modelo de arrendamiento que rompa la especulación
El proyecto de segmentación de la Mesa Agroalimentaria liga la política tributaria con otra condición necesaria para la vuelta de los pequeños y medianos productores al campo: el arrendamiento. La iniciativa propone excluir de la segmentación a los propietarios que decidan arrendar sus tierras a quintales fijos sino a través del método de “aparcería”: un contrato de tipo asociativo que no tiene una contraprestación fija atada al valor de mercado sino al rendimiento de cada cosecha.
El secretario de Agricultura Bahillo también habló de este problema durante su visita a la Exposición de la Sociedad Rural: “El 40 por ciento del costo del productor es alquileres, es un tema que nos tenemos que dar, tiene que pasar por el Congreso”, dijo y propuso “que haya que alquilar mínimo por tres años”. La situación actual en materia de arrendamiento es de libre mercado, tras las modificaciones a Ley de Arrendamiento durante la última dictadura cívico-militar, lo que permite los “contratos accidentales”, alquileres por año, o sea, por cosecha, fomentando el juego de los grupos financieros que invierten de acuerdo al precio de las commodities.
“Con esta fenomenal sequía los alquileres no bajaron, por el contrario, aumentaron. ¿Y por qué? Porque el que no puso la plata ahora la tenía invertida en otro lado. Ahora esos fondos que no trabajan la tierra, compiten con los pequeños productores que con la cosecha del año pasado no pudieron cubrir los costos para volver a sembrar”, ejemplifica Baravalle.
El proyecto de Ley de Arrendamiento de la Mesa Agroalimentaria propone un plazo mínimo de cinco años para alquiler de la tierra, pero que también limite la cantidad de hectáreas que se pueden alquilar. “Esto existe en el derecho comparado, en países como España o Estados Unidos, hay límites a la cantidad de tierras que se pueden trabajar, incluso a las que se pueden comprar, por una cuestión de soberanía”, resalta Paillole.
El productor advierte que que los sectores del agronegocio como Aapresid, CREA y la propia Sociedad Rural comenzaron a plantear la necesidad de cambiar la extensión de los contratos de alquiler con el argumento de hacer rentable una “agricultura sustentable” con rotación de cultivos, algo que sin modificar el límite de las tierras que se pueden trabajar significaría reforzar el actual modelo.
La propuesta de la Mesa Agroalimentaria también incluye la regulación de los precios, ya no por el precio internacional de la soja, sino a partir de un cálculo realizado por las oficinas de INTA regionales para establecer un parámetro acorde con la rentabilidad de cada zona. “El objetivo claro de una nueva ley de arrendamiento tiene que ser la democratización de la producción agropecuaria, en el marco de otro modelo agropecuario”, sostiene el productor cordobés y sentencia: “Lo que pedimos es una política de Estado para frenar la concentración de la tierra que es pavorosa”.
Por Nahuel Lag, nota publicada originalmente en Agencia Tierra Viva.