El gobierno de Italia le comunicó al Estado argentino que concederá la extradición del ex capellán militar de San Rafael, Franco Reverberi Boschi. El mismo es investigado por un homicidio y por los tormentos sufridos por diez víctimas en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionaba en la sede de los tribunales locales durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
De acuerdo a los testigos Mario Héctor Bracamonte y Roberto Flores, Reverberi Boschi estaba presente cuando “caía la patota” en “La Departamental” en septiembre de 1976. Según le contaron a Télam, iba vestido de militar y con un arma por lo que lo veían como uno más dentro del grupo de represores.
El ex capellán nació en Italia en 1937. Retornó a su país en 2011 cuando empezó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. La primera solicitud de extradición se realizó en 2013, pero fue rechazada porque solo se lo acusaba por torturas, delito imprescriptible en su nación. Luego de recopilar nuevos testimonios, se amplió la acusación para incluir su participación en secuestros, tormentos y en el asesinato de José Guillermo Berón.
Finalmente, el 10 de julio, tras dos rechazos previos, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia aceptó la extradición. El Estado argentino buscará que se modifique la jurisprudencia de la Justicia italiana para incluir las torturas como delito de lesa humanidad, dado que elles solo consideraban derechos imprescriptibles a los delitos de homicidios.
Las autoridades argentinas esperan que esto tenga impacto en otros casos similares como el del ex militar Carlos Malatto. Está en Italia desde 2011 y es acusado por la desaparición y muerte de unas treinta personas y por la aplicación de tormentos a otras sesenta cuando era teniente coronel del Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan (RIM 22).
Miembros de la Iglesia y el terrorismo de Estado
El nombre más reconocido que marca la relación entre la Iglesia y la última dictadura cívico-militar es Christian Von Wernich, quien además es el único religioso condenado. Conocido como “el cura del diablo”, es un sacerdote argentino que el 9 de octubre de 2007 fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Buenos Aires. Se lo acusó de privar ilegítimamente de la libertad a 42 personas, de torturar a 31 inocentes y de asesinar a siete estudiantes de La Plata.
También se puede mencionar a José Mijalchyk, conocido como “padre Pepe”, en el Centro Clandestino del Arsenal Miguel de Azcuenaga. Fue denunciado de ser partícipe secundario en los delitos de privación ilegítima de la libertad, con apremios y vejaciones, y torturas agravadas en perjuicio de Adolfo Méndez Brander y Margarita Laskowski y de homicidio triplemente calificado en perjuicio de Gustavo Adolfo Fochi. Pese a que había testimonios que lo ubicaban en el lugar y documentos que lo incriminaban, en 2013 fue absuelto. Falleció el 7 de junio de 2016 libre y con 75 años.
Lucas Bilbao y Ariel Lede, autores del libro “Profetas del genocidio”, creen que los capellanes, como funcionarios eclesiásticos, “ejercieron un poder espiritual que legitimó la violencia estatal, constituyéndose en colaboradores necesarios del genocidio”. Ellos recopilaron una lista de 35 clérigos que fueron denunciados por colaborar con las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la comisión de delitos de lesa humanidad.
Los crímenes supuestamente cometidos por estos 35 clérigos quedaron impunes, por protección de la iglesia o de la Justicia. Tal fue el caso del ex capellán militar Aldo Omar Vara, que falleció cuando estaba detenido en Ciudad del Este. Se había fugado cuando era buscado por presuntos delitos de lesa humanidad en el ámbito del Comando V Cuerpo de Ejército. En su momento, los fiscales de Bahía Blanca denunciaron al arzobispado por encubrirlo, y creen que le financiaron el viaje a Paraguay.
Esta protección es la razón por la que la Justicia italiana tardó diez años en conceder la extradición de Franco Reverberi Boschi, que de ser considerado culpable se convertiría en la segunda figura religiosa en ser condenado por un delito de lesa humanidad en Argentina.