El pasado lunes comenzó el segundo juicio contra los policías Mauro Díaz Cáceres y Javier González Montes de Oca, acusados de matar a Facundo Ferreira en marzo de 2018. El niño de 12 años fue asesinado cuando circulaba en moto con un amigo en la esquina de la avenida Nicolás Avellaneda y el pasaje Río de Janeiro, en San Miguel de Tucumán.
Se trata del segundo juicio porque el primero, llevado a cabo en 2021, fue anulado. El lunes durante la espera de la primera audiencia, la abuela del niño Mercedes del Valle Ferreira aseguró: “Estoy destrozada, no tengo paz”. Además, sostuvo que está “muy dolida con los señores jueces que mandaron otro juicio”.
Desde un comienzo, la organización Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino (Andhes) acompañó a la familia Ferreira, que, desde que ocurrió el crimen, recibió amenazas por parte de les familiares de los policías.
En marzo de este año, ante este nuevo aniversario de la muerte de Facundo, se difundió el documental “Periodistas, versiones y contrainformación sobre Facundo Ferreira: la construcción informativa desde las víctimas de un caso de gatillo fácil”, realizado como tesis de licenciatura de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNT por María Eugenia Ovejero, Franco Olea y Tomás Posse.
¿Qué sucedió en 2018?
En la madrugada del 8 de marzo de 2018, policías de la División Motoristas del Servicio 911 persiguieron a Facundo, a quien mataron de un tiro en la nuca, y a un amigo. Los chicos se habían escapado para ver las carreras de motos cerca del Parque 9 de Julio.
El menor salió de su casa tras pedirle permiso a su abuela para comprar un sandwich. Luego de conocerse el crimen, la defensa de los acusados y los medios de comunicación centraron la nota en culpar a la familia con preguntas como qué hacía el niño a esa hora o por qué lo habían dejado salir.
Los policías dispararon doce balas: 11 de plomo y una de goma. “A mi amigo lo mataron los policías”, dijo Juan, el adolescente de 14 años que manejaba la moto. Sin embargo, la versión policial quiso instalar que los menores estaban armados y que los agentes se defendieron de una agresión.
Durante la primera audiencia del segundo juicio, la madre del menor Romina Ferreira sostuvo: “Cuando me llamaron por teléfono me dijeron que mi hijo había tenido un accidente de tránsito pero tenía una bala en la cabeza, mi vida cambió desde ese día y quiero justicia”.
El primer juicio
En octubre de 2021, Díaz Cáceres y González Montes de Oca fueron condenados a prisión perpetua ya que los jueces Wendy Kassar, María Fernanda Bahler y Emilio Páez de la Torre los hallaron coautores de homicidio agravado por el uso excesivo de la autoridad. Sin embargo, en febrero de este año la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió en voto dividido por 3 a 2 anular la sentencia.
El abogado Carlos Garmendia, a cargo de la querella de la familia, dijo en su alegato final durante el juicio que “ellos habían decidido perseguir esa moto y que ningún otro efectivo supiera lo que estaban haciendo. Recién pidieron apoyo cuando cometieron el crimen y solicitaron la ambulancia”.
Este lunes comenzó un nuevo juicio donde los jueces Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Diego Lammoglia deben escuchar los argumentos de las partes y dictar una nueva sentencia. El debate será exactamente igual que el anterior, con los mismos testimonios y las mismas pruebas.
Durante la investigación, las primeras pericias demostraron que las vainas recolectadas habían sido disparadas solo por los policías. Al comienzo, la prueba de dermotest, que evidencia la presencia de parafina, dio positivo en las manos de los menores, pero después se descubrió que la prueba era falsa y el resultado real era el opuesto.
La investigación judicial reveló que los policías demoraron en ayudar al chico moribundo y en la guardia del hospital entró como si hubiese sufrido un accidente de tránsito. Además, los resultados toxicológicos de los efectivos confirmaron que uno de los policías había consumido cocaína y marihuana.
Si bien Nicolás Montes de Oca y Mario Díaz Cáceres quedaron imputados por “homicidio agravado”, en octubre de 2018 el juez Facundo Maggio ordenó la detención de Montes de Oca. El policía de 24 años había sido aprehendido a fines de septiembre acusado de robarle a una mujer. Hasta ese momento, el agente estaba en actividad y cumplía funciones administrativas.
Muchos como Facundo
Los policías fueron defendidos por su “buen accionar” por parte de los ministros a nivel provincial y nacional. Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad de la Nación, declaró que “disparar o no por la espalda depende de la situación y es un detalle”.
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre 2016 y 2021 hubo un total de 1.634 muertes, de los cuales 436 fueron asesinatos de gatillo fácil y 1.198, entre asesinatos y fallecimiento por distintas razones, corresponden a personas detenidas.
Los datos presentados por la CORREPI también aseguraron que 436 personas fueron asesinadas en la Argentina en 2022 en donde se involucra la violencia policial. De ese total, 80 personas fueron asesinadas por gatillo fácil.