La Cancillería colombiana denunció el sábado 29 de julio la incursión de militares de Ecuador en San Miguel, una localidad ubicada sobre la frontera con el país vecino. Según la Unidad Nacional de Protección de Colombia, el hecho se desarrolló en el marco de un operativo contra el narcotráfico.
Nota al Pie analiza la situación del narco en esa región a partir de las nuevas políticas del presidente Gustavo Petro y la estrategia militar del Comando Sur del Pentágono para América Latina a partir de la crisis internacional.
Malestar militar en la frontera de Colombia y Ecuador
“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que en horas de la mañana del 29 de julio recibió un reporte sobre la presencia de miembros de las Fuerzas Militares del Ecuador”, indica el comunicado de la Cancillería colombiana.
Según la fuente, los uniformados ecuatorianos detuvieron y luego liberaron a un número no especificado de personas. “La incursión tuvo lugar en el curso de una operación contra el tráfico de drogas”, añade el texto.
El alcalde de San Miguel, Beyer Peña, aseguró que fueron seis indígenas los retenidos, entre ellos el gobernador de un resguardo y su esposa. En tanto, la Unidad Nacional de Protección afirmó que los militares ecuatorianos transportaron a los detenidos en una lancha y compartieron una fotografía de ellos a bordo de la embarcación. Las Fuerzas Militares de Ecuador afirman que tras cruzar el río que divide a los dos países incautaron 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
El Ministerio del Interior aclaró que el resguardo se ubica en territorio colombiano, pero hay un islote y regularmente el ejército ecuatoriano hace presencia afectando la libertad y movilidad de la comunidad. Asimismo, la entidad mencionó que la Cancillería hará el seguimiento del “incidente fronterizo” a través de mecanismos de diálogo y canales diplomáticos correspondientes.
El problema del narcotráfico
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la frontera con Ecuador es uno de los principales puntos de salida de la droga desde Colombia, principal productor mundial de cocaína. Una vez más, el incidente relaciona dos cuestiones sensibles en la región: el narcotráfico y las fuerzas militares. Una combinación que hace décadas aumenta los niveles de tensión al interior del país del norte de Sudamérica y su relación con las naciones vecinas como Venezuela, Ecuador y Brasil.
A propósito, el presidente colombiano Gustavo Petro ha hecho de la cuestión del narcotráfico uno de los ejes fundamentales de su gobierno. Desde el inicio de su gestión anunció que rompería la política que los anteriores mandatarios –Uribe, Santos y Duque– habían mantenido con Washington al respecto. En una Asamblea de Naciones Unidas, Petro expresó que la política en relación al narcotráfico había sido un “completo fracaso”.
En coordinación con el Departamento de Estado norteamericano, Bogotá trabajó en las últimas décadas en reducir la producción de hojas de coca desarrollada por campesinos colombianos. Sucede que el 90% de la cocaína importada desde Estados Unidos proviene de Colombia, y los carteles del narcotráfico son los responsables de su comercialización.
Sin embargo, la evidencia arroja que los pequeños y medianos productores solo fueron perseguidos e incluso se registraron miles de asesinatos a partir de la militarización de esas zonas, mientras que la importación a Estados Unidos no se redujo.
Duque propone, entre otras cuestiones, un cambio de política en la extradición de narcotraficantes. El presidente planteó que quienes negocien a espaldas del Estado serán extraditados, pero aquellos que colaboren y dejen de cometer delitos tendrán beneficios jurídicos, cambiando el enfoque de la situación.
La nueva situación del Comando Sur en América Latina
El cambio en las políticas de combate contra el narcotráfico es uno de los tantos ejes que preocupa al Comando Sur del Pentágono. La coordinación con Bogotá para diseñar y ejecutar una estrategia vinculada al narco en Colombia le permitió aumentar su influencia militar en la región del norte de Sudamérica.
Sin embargo, Washington considera con preocupación los posicionamientos de ciertos gobiernos de tinte progresista que cuestionan los lineamientos de las últimas décadas, como en el caso de Petro. Consciente de las redes políticas que China, Rusia y otros países han desarrollado en su “patio trasero”, el Comando Sur ha incrementado sus recursos militares en el continente.
En esa línea se encuadra, por ejemplo, el ejercicio militar internacional denominado Resolute Sentinel 2023 acordado con Perú y que cuenta con la participación de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay, Panamá y Gran Bretaña. El objetivo del entrenamiento conjunto es ampliar las capacidades para enfrentar amenazas de Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, a quienes la generala Laura Richardson calificó de “potencias autocráticas enemigas”.
En este sentido, la elección de Perú como sede de los ejercicios no es casual. Según diversos analistas, Washington necesita sustituir a Colombia como centro de operaciones para controlar el hemisferio Sur del continente ante el distanciamiento marcado por Petro.
El presidente peruano depuesto, Pedro Castillo, había promovido la interrupción de intercambio militar con el Pentágono e incluso cuestionó la política colonial británica en el Atlántico Sur. Sin embargo, la presidenta inconstitucional Dina Boluarte reforzó los lazos al autorizar y legitimar en el Congreso los ejercicios militares conjuntos. Lima se perfila como un socio confiable para los intereses geoestratégicos de norteamérica en la región.