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A partir de esta semana, la jueza Loretta Preska, deberá dictaminar el monto a pagar por parte de Argentina, por la expropiación de YPF. En ese sentido, dicho monto será destinado al Fondo Burford Capital, quién compró las acciones de Eton Park y Petersen Energía (propietarios del 29% de las acciones).
Tras el fallo, Argentina deberá pagar por haber nacionalizado la petrolera, una suma que va desde los USD 4900 a los USD 16.000 millones. Esto se debe a que, al no haber llamado a una Oferta de Adquisición Pública, el Estado estatizó sin compensación alguna a les accionistas.
Luego de ocho años de disputa entre nuestro país y el Fondo Burford, aún continúan la disputa por la tasa de interés. Es que, dichos intereses deberán ser pagados en caso de que la jueza apele la decisión del demandante. En caso de ser aprobado, el interés será de un 8%.
Si bien no es el mejor momento, teniendo en cuenta que faltan pocos meses para las P.A.S.O y las elecciones presidenciales, este juicio ingresa en un momento muy difícil. Con los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las pocas reservas de dólares en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pagar los intereses y el juicio le costará al Estado argentino una gran suma de dinero.
¿Por qué Argentina deberá pagar por la expropiación de YPF?
El 3 de mayo del 2012, en la Cámara de Diputados se votó por la expropiación de la petrolera argentina. Con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones, se convirtió en Ley el proyecto que declaró de “utilidad pública” el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización.
Bajo la Ley 26.741, el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF y de YPF GAS. Según la valuación de la empresa, en el 2012, la petrolera fue tasada por un total de USD 9.657.030.000.
En ese sentido, teniendo en cuenta el monto anterior, el valor por acción costó USD 24,553. Ahora bien, ¿por qué Argentina debe pagar? es que, en medio de la nacionalización de la petrolera, el Estado no llamó a una oferta pública de acciones.
Ante ello, teniendo en cuenta que se expropió el 51%, la petrolera tuvo que aceptar condiciones para poder cotizar dentro de la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, el propio estatuto de YPF especifica que en caso de adquirir acciones por más del 50% se deberá “realizar una oferta pública de adquisición de todas las acciones de todas las clases de la Sociedad y de todos los títulos convertibles en acciones”.
Bajo el dominio de leyes estadounidenses, nacionalizar una compañía tan grande hoy forma parte de un problema. No obstante, la jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, tendrá también que determinar la fecha de expropiación.
Si bien la ley de expropiación de YPF fue sancionada un 3 de mayo del 2012 y, el 4 de mayo fue promulgada, el Estado argentino busca que se tome el día 7, como el momento donde se expropió. La determinación de la fecha es primordial para el pago de los intereses.
El pago al Fondo Burford Capital
A la espera de la determinación de la fecha de la toma de las acciones de YPF, el Fondo Burford Capital, demandantes del juicio, se llevará una enorme suma de dinero.
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La suma estipulada es de USD 4900 y puede ascender a unos USD 16 millones. A esta suma de dinero se le deberá añadir también, los intereses por la tardanza del juicio.
Para comprender aún más, el 51% de las acciones de YPF, las tenía la compañía Repsol. Cuando en el 2015, el Fondo Burford Capital le compra las acciones a Eton Park y Petersen Energía (que eran accionistas minoritarios) con ello, el derecho a litigar.
¿Qué significa tener el derecho al litigio?
Es un mecanismo que sirve para los casos en donde el demandante (los accionistas) no tienen las condiciones económicas para afrontar los costos. Estos costos son los que implican llevar adelante un juicio.
Es por ello que, el Fondo Burford hoy se encuentra encarando uno de los 10 juicios más importantes de la corte de los Estados Unidos.
Aunque falta la sentencia de la jueza Preska, Argentina podría tener dos apelaciones más. La primera puede ser ante la Corte de Apelaciones y la segunda ante la Corte Suprema.
Aun así, si la jueza falla a favor de los demandantes, nuestro país deberá desembolsar una gran suma de dinero en un momento económico para nada favorable.
Intervención a YPF
El 16 de abril de 2012, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el envío al Congreso del proyecto de ley de expropiación de las acciones de YPF.
Allí, estableció que el 51% de las acciones le correspondía a la Nación y que, el 49% a las provincias. Al mismo tiempo, decretó la intervención de la compañía petrolera y designó al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, como su interventor.
En su discurso, la ex presidenta mencionó que “Por primera vez, desde que se desnacionalizó YPF en 1998, en el año 2011 nos convertimos en importadores netos de gas y petróleo, con un déficit de 3.029 millones de dólares”.
Si bien mantener la soberanía de las compañías y de los recursos argentinos es un logro gigantesco para el país, hoy las consecuencias son aún más grandes.
Al momento de su intervención, las acciones estaban repartidas entre Repsol, con el 57,43%, Peterson, con el 25,46%, el Estado argentino, con el 0,02% y, el restante (un 17,09%) cotizaba en Buenos Aires y Nueva York.
A la espera de una sentencia firme que se estima estará para fines de agosto y principios de septiembre, Argentina deberá ver de qué modo el desembolso del juicio no impacta fuertemente en la economía. Con baja cantidad de dólares en el BCRA, este juicio no es más que un saqueo a nuestra economía.