El líder de la oposición israelí y ex primer ministro del país, Yair Lapid, exigió este domingo al Gobierno aplazar 18 meses la tramitación parlamentaria de una resistida reforma judicial como condición para retomar negociaciones sobre el proyecto de ley.
Casi una semana después de que el Parlamento aprobara parte de la reforma, una cláusula que limita la capacidad de los jueces de anular decisiones del Gobierno, Lapid se pronunció en redes sociales.
Según informó Télam, más de 200.000 personas salieron el pasado sábado a las calles de las principales ciudades de Israel, en la trigésima semana consecutiva de protestas contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno ultranacionalista del primer ministro, Benjamin Netayahu.
Les manifestantes denunciaron la aprobación de la denominada “cláusula de sensatez”, que impide a los tribunales examinar una decisión del Gobierno que perciban como contraria al sentido común, y volvieron a exigir que no haya ninguna reforma.
Las declaraciones de Lapid
En Twitter, rebautizada X, el líder político Lapid sostuvo: “El Gobierno y la oposición deberían promulgar conjuntamente una moratoria de 18 meses” en el tratamiento legislativo de la reforma.
“Mientras no haya un congelamiento de la legislación, no tiene sentido ni sentido hablar de otras leyes u otros acuerdos, porque es bastante claro que el gobierno volverá a fugarse en el último momento”, agregó.
Por su parte, el Gobierno israelí se mantiene a la espera de una posible reacción del Tribunal Supremo, que podría decidir actuar por su cuenta para anular esta ley en lo que se trataría de un hecho sin precedentes en la historia de Israel.
En ese sentido, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, consideró este domingo que ese escenario es “improbable”, aunque indicó que el Gobierno podría plegarse a esta decisión, por improbable que fuera.
“El Estado de Israel es una nación democrática y actuaremos de acuerdo a la ley”, dijo el funcionario en declaraciones a la emisora pública Kan.
La reforma de Netayahu en Israel
La reforma tiene por objeto aumentar el poder de los funcionarios elegidos sobre el de los magistrados. Las autoridades argumentan que necesitan frenar lo que consideran una extralimitación judicial y que el cambio es necesario para garantizar un mejor equilibrio de poderes.
Por otro lado, les crítiques temen que la reforma judicial socave la democracia liberal de Israel al eliminar los controles y equilibrios sobre el Ejecutivo. Les opositores acusan también a Netanyahu, quien es juzgado por corrupción, de querer usar esta reforma para anular posibles juicios en su contra.