El gobierno de Gerardo Morales, candidato a vice de Horacio Rodriguez Larreta, continúa profundizando la crisis política y, una vez más, apuntó contra les manifestantes. En esta ocasión, la provincia de Jujuy amaneció con decenas de detenides.
El hecho se aconteció luego de que en la jornada de ayer, el Poder Judicial jujeño se encargara de solicitar la detención de 22 personas que participaron en la marcha del 30 de junio en Humahuaca. Además, se ordenaron varios allanamientos.
Las detenciones
De acuerdo a lo publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre ayer y hoy las fiscalías de Humahuaca y El Salvador ordenaron allanar y detener a más de 40 personas por su participación en las protestas.
Dicho pedido de persecución fue llevado adelante por el fiscal de investigación penal, Enrique Alancay, quien acusa a les manifestantes de delitos como sedición y privación de la libertad.
Como si fuese poco, varias personas detenidas fueron convocadas a la comisaría donde les adjudicaron los cargos correspondientes. Algunas de ellas fueron transladades desde Humahuaca hasta San Salvador de Jujuy, aunque se desconoce su paradero actual.
En ese marco, docentes y estudiantes también denunciaron el ingreso ilegal de las fuerzas armadas jujeñas en el establecimiento de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).
No obstante, ante tal atropello, los pueblos originarios presentaron este jueves frente al Superior Tribunal de Justicia una acción de inconstitucionalidad de la Carta Magna jujeña.
Allí, más de 70 comunidades originarias señalaron que en el tratado de la nueva Constitución se evidenció la falta de voluntad de promover la participación de los distintos sectores de la sociedad.
Allanamiento y detenides en Humahuaca
El 30 de junio manifestantes locales reclamaron en contra de la nueva Constitución y la entrega de los recursos naturales propios de la provincia. Pero, inmerso en las olas de manifestaciones y presiones sociales, el gobierno jujeño y la policía local accionó reprimiendo a les protestantes.
En consecuencia, dejaron a varias personas con graves heridas, mientras otras tantas resultaron detenides ese mismo día. Sin embargo, este accionar se repitió en la jornada de hoy por orden del fiscal Alancay.
Conforme a la información brindada por el CELS, la denuncia presentada en el día de ayer contra les manifestantes fue realizada por integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca con el objetivo de criminalizar la protesta social.
“El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”, denunciaron desde la organización. Según pobladores de la localidad, un empleado municipal de apellido Laguna, afiliado a ATE, y uno del sindicato SEOM fueron llamados a la comisaría N°15 y posteriormente detenidos.
Además, entre los arrestos, la policía provincial detuvo al Dr. Alberto Nallar, abogado y defensor de Derechos Humanos, quien estaba juntando firmas para presentar un pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy.
También se ordenó la detención de les abogades: Dr. Ariel Ruarte, Dr. René Vicente Casas. Dr. Roberto Carlos Alemán y la Dra. Alicia Chalabe, quienes son acusades por el delito de sedición debido a su posición en contra de la reforma constitucional de Morales.
Además, mientras se llevaba adelante una sesión del Consejo Superior en el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, la policía local entró a la fuerza y se llevó detenido al docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Iván Blacutt, y a Santiago Zamora, personal administrativo.
Pese al caos, “Jujuy Resiste”
En medio de este clima de tensiones sin soluciones, les docentes jujeñes junto a varios sindicatos estatales y municipales volvieron a las calles con una masiva movilización.
Les trabajadores sostuvieron los reclamos que vienen llevando adelante hace meses por mejores salarios y en rechazo de la reforma constitucional. Además, repudiaron las detenciones arbitrarias que realizó la policía jujeña.
Por otra parte, desde la Confederación del Trabajo Argentina (CTA) convocaron a una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, debido a la grave situación del pueblo jujeño y la amenaza de expropiar la sede de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), ubicada en Tilcara.
De la conferencia de prensa en Buenos Aires participarán figuras como Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo, Taty Almeida, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Horacio Pietragalla, Secretario de DDHH de la Nación.
Otres participantes del evento serán integrantes del Senado Nacional y de la Cámara de Diputados del Frente de Todxs y del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.
Asimismo, también estarán presentes representantes de la UBA, integrantes de organismos de Derechos Humanos, la CTA de las y los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Corriente Federal de la CGT, la CTERA, la UTEP, la CCC y el Espacio Producciòn y Trabajo.
Además, en CABA se está llevando adelante la campaña #JujuyResiste. Hace más de 24 días, varies autoconvocades sostienen una vigilia al lado de la Casa de Jujuy, ubicada en Avenida Santa Fé 967, con el objetivo de rechazar la reforma constitucional y el accionar represivo de Morales. También para sumar apoyo y visibilidad al pueblo jujeño.
A su vez, el espacio recibe donaciones para enviar a Jujuy: alimentos no perecederos, abrigos, frazadas, gorros, pañales, elementos de botiquín sanitario, antiparras (para protegerse los ojos ante la violencia represiva), etc. Podes encontrarlos en redes sociales como @vigiliaporjujuyba.
Pueblos originarios denuncian inconstitucionalidad
Este jueves, cerca de 70 comunidades originarias presentaron frente al Poder Judicial una Acción de Inconstitucionalidad de la Carta Magna de Morales, la cual cuenta con el aval de la abogada Alicia Chalabe en carácter de apoderada de los pueblos aborígenes de la provincia.
Según el expediente que presentaron, se aceleraron los procesos y se limitaron las intervenciones de distintos actores sociales con el fin de evitar la participación y crear una nueva constitución a puertas cerradas.
Los pueblos originarios aseguran que recién entre el 16 y 17 de junio la ciudadanía jujeña conoció la propuesta del texto de reforma de la constitución que les convencionales aprobarían en ese mismo momento. Así, el proceso tendiente a la reforma constitucional se desarrolló en un tiempo excesivamente escaso.
En el documento dirigido al Poder Judicial, las comunidades señalan que “en el hipotético caso de que no se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la totalidad de la Constitución reformada, solicitan que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los Artículos 10, 22, 50, 67 inciso 4, 95 y de todo otro artículo que exceda el mandato constituyente otorgado por la Ley Nº 6.302”.
También pidieron una medida cautelar de “no innovar urgente a efectos de que se suspenda la aplicación de la Constitución de la Provincia de Jujuy reformada hasta tanto recaiga sentencia en la presente acción de inconstitucionalidad”.
Además, en el documento presentado, denuncian que “este proceso de reforma constitucional se caracterizó por la falta de transparencia, de publicidad, el desconocimiento de los textos en análisis, y la ausencia de consulta, de participación ciudadana y de un debate amplio, integral y plural”.
Todo esto atenta contra la legitimidad social que un proceso de estas características debe tener. Más allá de la participación ciudadana en la elección de los convencionales constituyentes, establecen que “el lugar central que ocupa un proceso de esta magnitud no puede ser impuesto sobre las minorías”.