Hace algunos días, la secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy, Marcela Infante, le hizo llegar a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) una carta en la que solicitaba la “inmediata” intervención del organismo frente a las manifestaciones populares.
En el escrito, la funcionaria del Gobierno de Gerardo Morales detalló las razones por las que creía que las manifestaciones “violaban” los derechos humanos (DDHH) de la población. Incluso, remarcó que los conflictos eran producto de “excesos en el derecho de protesta”.
Al respecto, la APDH le respondió a Infante mediante otra carta, en la que hizo hincapié en la reforma constitucional y en cómo ésta atenta contra el pueblo jujeño. En ella, también aclaró que la preservación de los derechos humanos no es tarea de un organismo, sino que es responsabilidad del Estado provincial.
“Nuestra misión institucional, por mandato estatutario y convicción colectiva, ha sido y es la defensa y promoción de los derechos humanos, mientras que su garantía y aseguramiento es responsabilidad de los Estados, en este caso del de la provincia de Jujuy”, señalaron.
Además, en otro tramo de la carta, la APDH convocó al gobierno jujeño “a escuchar las demandas populares, no a reprimirlas”. Al respecto, expresaron que “es hora de diálogos en la búsqueda de los consensos posibles y necesarios que ayuden a reparar lo sucedido, revisando lo actuado, para evitar que se profundice una crisis que sólo traerá más sufrimientos y divisiones”.
Nota al Pie dialogó con la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, quien consideró que la nota de la funcionaria “es una hipocresía absoluta e inaceptable”. Además, señaló que el objetivo de la secretaría de DDHH jujeña es “mostrarse a disposición” frente a los organismos internacionales.
“Es una hipocresía absoluta e inaceptable”
“Es un intento del gobierno de Jujuy de descargar la responsabilidad y no hacerse cargo de todos los daños y perjuicios que han ocasionado”, pronunció Naddeo sobre la carta de la funcionaria jujeña.
Acerca de si hubo otra instancia de comunicación con el área que conduce Infante, aseguró que, desde el inicio del conflicto, este es el primer contacto que reciben de su parte. No obstante, desde la APDH se mostraron en desacuerdo con los postulados presentes en la carta y ratificaron su rechazo mientras no haya una verdadera instancia de diálogo.
“El único camino es el diálogo basado en el respeto a los derechos, en la no persecución, en la eliminación de los procesos legales contra los manifestantes y que se suspenda la reforma”, sostuvo la vicepresidenta de la Asamblea. A su vez, agregó que “no hay posibilidad de diálogo cuando hay gente que está siendo procesada y perseguida”.
Naddeo también recordó que, en el marco de las represiones, uno de los presidentes de la APDH, Eduardo Tavani, se dirigió a Jujuy y pidió reunirse con representantes del gobierno de Morales. Sin embargo, no hubo respuestas y por eso -además de denunciar el doble discurso de la gestión- creen que la solicitada se trata de “una estrategia encubierta”.
“Justamente esta nota llegó a los organismos que presentamos recursos y denuncias en el ámbito internacional. Por eso, sostenemos que el objetivo del gobierno es mostrarse ‘preocupado’ por los daños de la población y que ha recurrido a instituciones de la sociedad civil”, explicó.
Morales y su afán de poder
“Morales viene generando una política represiva desde que asumió”, denunció María Elena Naddeo, y comparó el accionar del gobernador con prácticas propias de la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, resaltó que si bien estas modalidades son comunes en el gobierno jujeño, esta vez hubo una respuesta de resistencia por parte de los pueblos originarios. “Temen por el agua y por sus tierras, y por eso se han plantado y se han unido”, aseguró.
Por otro lado, Naddeo también dijo que Jujuy “fue el laboratorio del lawfare” y comentó que durante la gestión del dirigente radical se profundizó la persecución a organizaciones como la Túpac Amaru y a su dirigenta, Milagro Sala, en particular. Al respecto, denunció que Morales “está torturando, amenazando y hostigando” a la militante social “para que vuelva a la cárcel común”.
En ese sentido, María Elena Naddeo sostuvo que todo esto le sirvió a Morales para “concentrar poder económico y político”, pero que además lo usa para su campaña electoral. “Y en un contexto en el que parece que el discurso de derecha tiene más alcance, le sirvió para ubicarse al lado de un Horacio Rodríguez Larreta bastante tibio y confrontar a Patricia Bullrich”, opinó.