Las “Big Tech”, que monopolizan la comunicación en Occidente, comienzan a ser resistidas por diferentes Estados nacionales. Nota al Pie conversó con Verónica Sforzin, doctora en Comunicación, en relación a las disputas geopolíticas por el control y el sentido del sistema comunicacional digital en América Latina.
Google y Meta retiraron su contenido de noticias en Canadá. Antes, en Australia, se había dado una discusión similar, y en la Unión Europea lo mismo. ¿Qué es lo que se está moviendo?
Podemos leer esas situaciones como una tensión entre lo público y lo privado. Como estas corporaciones que vienen monopolizando la comunicación en el mundo occidental, porque no tenemos otra opción que utilizar las redes sociales del Silicon Valley, rechazan ser reguladas. Lo que se empieza a visualizar en algunos Estados y organismos regionales es la intención de desmonopolizarlas.
En un principio, quieren cobrarles impuestos y obligarlas a que estén encuadradas en leyes de protección de datos de los ciudadanos. Lo que tiene que haber es una democratización de las comunicaciones digitales. Por ende, tanto Europa, Australia, o cualquier Estado que quiera empezar a tener otras opciones, lo que hacen es subsidiar a sus propias empresas de software y de internet para plantear alternativas de redes sociales. Y eso va a llevar un tiempo.
Tenemos que dejar de depender de estas pocas empresas globales para comunicarnos, que toda la expresión social pase por estas cuatro. Mientras tanto se van a seguir dando estos conflictos. Lo novedoso es que los Estados se están plantando frente a las corporaciones. Porque antes lo que había era un avasallamiento total.
Antes de que Australia o Canadá dijeran algo, la única opción que tenían los ciudadanos era usar Google. El Estado le está poniendo algunos frenos y les está obligando a que paguen cuando usan las noticias de los portales locales que hacen Google y Meta. Ponerles un orden a este cabo digital que es la ley del mercado, donde gana el más fuerte.
Estos Estados angloamericanos son parte del proyecto más globalista, pero así y todo no les conviene que toda la información de sus ciudadanos e incluso los negocios que pueden hacer pequeñas o grandes corporaciones se los regalen a estas “Big Tech”. Ahí es donde aparecen los conflictos de la Unión Europea, que aunque esté subordinada al esquema anglosajón, quiere tener la capacidad de desarrollar software nacional. Es una forma de empezar a pensar en una soberanía tecnológica real, cuestionando la estructura de monopolización de datos de estas corporaciones.
¿Qué procesos se vienen desarrollando en América Latina para disputarle poder a las corporaciones tecnológicas?
En América Latina estamos muy atrás de estos debates y planteos políticos. Hasta el 2015, a partir de las denuncias de Edward Snowden, vimos cómo el gobierno de Dilma Roussef impulsó a través de la Celac el cierre del anillo de fibra óptica en todo el continente. De esa manera, podíamos aspirar a tener una soberanía en términos de datos. Hoy sabemos que todo lo que nosotros hacemos en la comunicación va a los centros de datos de Estados Unidos, principalmente al que está ubicado en Miami.
Internet se organiza de tal manera que es un succionador de información de todos nosotros. Toda la planificación sobre la instalación de cables de fibra óptica que hoy tenemos en América Latina está hecha desde Estados Unidos. Entonces toda la fluctuación de información que viaja por estos cables pasa por Estados Unidos. Pero por los satélites también. Tenemos un problema de soberanía tecnológica y comunicacional estructural.
Snowden en 2015 denunció que se espiaba a presidentes de la región y a partir de eso se empieza a tener un argumento político para cerrar el anillo de la fibra óptica y avanzar en la producción propia de software, de satélites, de toda la estructura de la cadena de valor de la tecnología para avanzar en soberanía.
De hecho Brasil fue vanguardia en 2014 con la primera constitución de internet a nivel internacional que propone cómo debe funcionar internet y lo digital en ese país. Al año siguiente se concreta el golpe constitucional y allí se frenó el proceso totalmente. En esta oleada progresista mucho más condicionada que los gobiernos anteriores por la deuda externa, la influencia y los lobbies norteamericanos para con América Latina para no perder su “patio trasero” frente a la crisis internacional.
Vemos que la región está estructuralmente subordinada a Estados Unidos y que tibiamente los negocios que se empiezan a hacer con China principalmente permite implementar otras tecnologías y usar el doble estándar: el estadounidense y el asiático o chino.
Entonces nos preguntamos, quién va a desarrollar el 5G, y pareciera que va a prevalecer un criterio de heterogeneidad y no se le va a dar todo a las empresas estadounidenses, sino que se va a repartir entre empresas suecas, coreanas y chinas. Eso sería lo lógico para resguardarnos y no quedarnos regalados en el futuro.
La realidad es que los cuadros políticos y los gobiernos están muy atrás en el debate. Prácticamente no lo están planteando. Es interesante lo que dijo Lula cuando asumió sobre la necesidad de construir polos científicos tecnológicos de América Latina. La unión entre las universidades y el desarrollo científico y la necesidad de avanzar en términos de soberanía tecnológica. Eso es lo único que podemos tomar y habrá que ver la capacidad que tenemos para concretarlo.
En tanto se siga hablando de avanzar en la economía del conocimiento estamos al horno. Porque la economía del conocimiento es igual a desarrollar algunos nichos que la cadena de valor de Estados Unidos necesita que se desarrollen acá, pagándoles poco y siendo totalmente funcionales a sus intereses. Entonces van a ser nichos de producción que no están amparados dentro de un desarrollo tecnológico propio, sino que van a ser funcionales a las empresas estadounidenses.
E incluso puede pasar que estemos en articulación con alguna que otra empresa china. Pero hasta que no haya una propuesta propia de pequeñas y medianas industrias en conjunto con el Conicet de programación y de software para el desarrollo local, vamos a seguir subordinados en términos comunicacionales.
Los medios masivos en la hegemonía están en relación y en comunicación con las redes sociales internacionales. El desafío es desarrollar una gran democratización mediática y digital, no solamente analógica, en donde el Conicet, el Instituto Sadosky, los diferentes polos científicos, permitan tener el alcance necesario a estas radios comunitarias, a estas redes sociales comunitarias. Con subsidios, capacitación y articulaciones políticas. Eso sería avanzar en la soberanía tecnológica, y no es lo que se está escuchando en los candidatos políticos.
¿Hay organizaciones intermedias que discutan la soberanía tecnológica por fuera de la dirigencia política?
La sociedad civil expresada en las organizaciones libres del pueblo está muy atrasada en estos debates. Y no es casualidad, tiene que ver con este nivel de ocultamiento de todo lo que fue la aplicación del capitalismo de vigilancia. Nunca antes hubo tanto nivel de ocultamiento de los nuevos mecanismos de poder, de esta guerra psicológica permanente.
Esta situación en la que todos usamos las redes sociales, pero no hay un debate dentro del sistema educativo respecto a las mediaciones. En la primaria y la secundaria los chicos no tienen una voz oficial del Estado respecto del análisis de las mediaciones. Entonces usan Google pero no hay un debate, como sucede con la ESI, de si tiene que existir materia de análisis comunitario de lo digital.
Por todo este proceso que sucede en América Latina desde 2000-2005 de utilización de los smartphones, quedamos tan subordinados tecnológicamente que se invisibilizó el desarrollo del capitalismo de la vigilancia con el extractivismo de datos, y también el extractivismo de las materias primas para desarrollar todo esto. Entonces las organizaciones sociales tienen la cabeza en el mundo analógico en lugar del digital. Por un lado, es una fortaleza, y por otro es una gran debilidad.
Fortaleza en el sentido de que por supuesto que lo que nos vertebra la capacidad de incidir en cualquiera de los debates es la organización popular, son los movimientos sociales, los sindicatos y las organizaciones barriales. La fortaleza argentina es la red de referentes que se organizan en función de problemas comunes. Ahora, estos mismos movimientos, a la hora de dar la pelea en el plano de saber exactamente cuáles son las leyes que vamos a pedir, hacemos agua.
El ejemplo concreto es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todo el desarrollo de los 21 puntos, la Coalición por una Comunicación Democrática fue alucinante porque generó mucha participación y democratización. Pero los 21 puntos ya estaban atrasados cuando se implementó la ley porque no decían nada de lo digital.
¿Cómo nuestros cuadros de mayor vanguardia no vieron que lo que había que hacer era regular lo digital desde aquel momento? No estamos hoy siendo conscientes y formándonos respecto de estas nuevas técnicas de la monopolización y del poder que se producen en lo digital. Ahí está el problema para discutir en términos de proyecto en relación a la tecnología y la comunicación.