El pueblo de Jujuy continúa implementando medidas de lucha en contra de la reforma constitucional aprobada y jurada el 20 de junio pasado. A esta problemática, se suman los reclamos continuos de los pueblos autóctonos por sus tierras y el conflicto por salarios más dignos para les docentes.
Sin embargo, el gobierno de Gerardo Morales continúa tomando decisiones que lejos están de solucionar dichos conflictos. A la violenta represión desplegada días atrás, ahora se le suma la criminalización de estas protestas y sus grupos.
A través de una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, informó que ya comenzaron a aplicarse multas vinculadas a las protestas en toda la provincia.
Según Corro, las multas irán desde los 500 mil hasta los 2 millones de pesos y hasta el momento hay más de 150 personas imputadas y afectadas por esta implementación política. De todas ellas, hasta el momento, sólo cinco ya recibieron una sentencia.
“La policía de la provincia, a través del departamento contravencional, va a seguir con los trabajos cada vez que se corte las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas”, dijo el funcionario.
Por su parte, el fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, aseguró que el Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales. Asimismo, remarcó que buscarán que se apliquen “los montos mayores de penas previstas para cada delito».
Esto será tanto para los «autores materiales” como también para “cómplices e instigadores», señaló Rivas. Además, sostuvo que les acusades podrían recibir hasta 25 años de cárcel.
La democracia, en disputa
Los procesos iniciados se refieren a los cortes de ruta y las manifestaciones que culminaron con una violenta represión policial, como la del 20 de junio pasado. Ese día, el gobernador Morales se encontraba presidiendo la jura de la polémica reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.
Al respecto del anuncio, varios sectores salieron a repudiar la decisión que impulsa quien hoy es candidato a vicepresidente dentro de Juntos por el Cambio.
A través de un comunicado, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy reivindicaron la democracia y acusaron al gobierno de Morales de no abrir el diálogo.
«Cuando los organismos de derechos humanos hablamos de criminalizar la protesta, hablamos de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar, organizar debates y clases públicas en las arterias de nuestras ciudades no es atacar la democracia, por el contrario es defenderla», expresaron.
En ese sentido, consideraron que «la democracia no es votar cada dos años” sino que “es abrir el diálogo, escuchar al pueblo, rectificar medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar las distintas formas de pensar y sobre todo agotar todas las instancias para lograr consensos”.
“Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario no es democrático, por el contrario, con esa modalidad se avanza a pasos agigantados hacia una dictadura opresora», agrega el escrito.
La lucha continúa
Por el momento, integrantes de los pueblos originarios continúan con medidas de fuerza en oposición a los artículos de la Constitución que la gestión de Morales aprobó. Este martes, la provincia norteña registró alrededor de once cortes a lo largo de su territorio.
También hay manifestaciones de docentes que reclaman mejoras salariales, luego de recibir una propuesta de 72 mil pesos mensuales. En ese sentido, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) informó que continuará con el paro por tiempo indeterminado. Otres docentes incluso llevan adelante huelgas de hambre para exigir sueldos dignos.
Por otro lado, en algunos municipios la comunidad se organizó para llevar la discusión a los Concejos Deliberantes de los municipios. De esta manera, localidades como La Quiaca y Humahuaca fueron de las primeras en sesionar para debatir resoluciones en contra de la carta magna que impulsa Morales.