En julio de 2020, entró en vigor en Argentina la Ley 27.551 de Alquileres. El objetivo de la normativa era proteger a les inquilines y hacer que el mercado de alquileres fuera más justo y equilibrado. Al día de hoy, la sanción de la norma consiguió una serie de cambios importantes, como la ampliación del plazo mínimo de alquiler a tres años, la eliminación del depósito en garantía, y la inclusión de un índice de ajuste anual basado en la inflación.
La Ley de Alquileres fue vista, en un principio, como un cambio fundamental para les inquilines y propietaries, ya que brinda mayor estabilidad, protección y obliga a cumplir ciertas regulaciones. Además, con la eliminación del depósito en garantía, se esperaba que les inquilines de bajos ingresos puedan acceder a viviendas en alquiler con menos barreras.
Sin embargo, la implementación de esta ley no ha estado exenta de problemas. Del lado de les propietaries, han argumentado que la norma es restrictiva y limita la capacidad para poner sus propiedades en el mercado de alquileres.
Uno de los efectos negativos de haber aplicado esta legislación es que muches propietaries han retirado del mercado sus viviendas por la estipulación del contrato por tres años. Sin dudas, esto perjudica directamente a las personas que alquilan, ya que día a día se encuentran en búsqueda de un nuevo hogar cada vez con menos posibilidades.
Es de público conocimiento que uno de los problemas que atraviesa Argentina en materia social es la crisis habitacional. Las irregularidades en los contratos locatarios y el aprovechamiento de algunes propietaries con el manejo de las expensas hacen que la crisis se acreciente día a día.
Con respecto a esto, la ley expresa que “sólo puede establecerse que estén a cargo del inquilino o inquilina las expensas que derivan de gastos habituales, es decir, los gastos que tienen que ver con los servicios normales y permanentes”.
Aunque la norma establece que les inquilines no deben abonar “expensas comunes extraordinarias”, muchos propietaries han optado por cobrarlas de manera irregular.
Una ley que produce dolor de cabeza
Nota al Pie dialogó con el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas, Diego Fernández Camillo, quién manifestó su descontento con la implementación de la ley y contó cómo es la situación de miles de personas que alquilan.
A tres años de haberse aprobado, esta norma llegó para complicarle la vida a muchas personas. “Hoy tenemos una ley que ata el precio del alquiler directamente al mercado, en vez de hacerlo como siempre”, contó Fernández Camillo.
La normativa dispone que el valor del alquiler se actualiza anualmente, considerando como principales indicadores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
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“Es muy difícil conseguir alquileres donde se ocupe menos del 50% del salario en nuestra ciudad”, sostuvo Fernández Camillo; y agregó que “habría que avisarle al que se pasea por los canales de TV diciendo que representa al inquilinato, que su ICL nos está ahogando, y es porque no comprende los procesos económicos de nuestra argentina, o porque es un tipo con propiedades y hace negocio para los dos lados”.
Ahora bien, otro de los temas que convocó a finales de junio a una marcha de inquilines es la reforma de la actual ley. Se trata de una modificación que quiere llevar a cabo Juntos por el Cambio, la cual busca reducir el plazo de contratos a dos años y cambiar la actualización anual mediante el índice de contratos de locación por actualizaciones trimestrales libres.
Con una inflación promedio de siete puntos y una caída del salario de la clase media del 6%, aquellas familias que alquilan para tener un hogar donde vivir se verían aún más afectadas de aprobarse la reforma.
“Nos preocupa la falta del Estado y como han dejado todo librado al mercado. Es allí donde nada se puede organizar si no es con especulación, dejando derechos vulnerados inclusive para sectores minoritarios que son pequeños y pequeñas propietarias”, sostuvo Fernández Camillo.
¿Vivienda o negocio?
Les habitantes de la ciudad de La Plata son unes de les tantes que se ven atravesades por la crisis habitacional. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Inquilinos denunció que allí la norma se cumple a medias. “En dos meses de atención en nuestra asociación nos llegaron cinco contratos absolutamente fuera de la ley vigente, y otros que tenían puntos irregulares, como que el inquilino se haga cargo de las expensas extraordinarias”, remarcó.
Es preciso señalar que, tanto las familias como les jóvenes que alquilan en nuestro país lo hacen para vivir. Sin embargo, las restricciones que el propio Estado pone, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, y la crisis habitacional, irrumpen con dicho propósito.
“En Argentina creció la construcción de propiedades, pero los precios no bajan. Los y las propietarias cada vez son menos y el inquilinato crece”, contó Fernández Camillo.
Pese a que en los diversos puntos del país las construcciones son cada vez más vistas, la prioridad de los políticos y el Estado es hacer negocios inmobiliarios. Mientras tanto, son cada vez más les inquilines que buscan un hogar para vivir, lugar que primordialmente se encuentre sin imposibilidades a la hora de alquilar.
“En nuestra ciudad como en el país, se proyectó como prioridad el negocio y no el bien común y es muy notorio ver que hay más propiedades y menor cantidad de propietarios y propietarias”, detalló.
La discusión con la ley vigente tiene como contrapunto el gasto que implica alquilar. El desglose de ítems beneficia a un solo sector que busca el negociado inmobiliario y se olvida de lo difícil que es sostener el alquiler, los gastos mensuales, una pandemia que arrasó con muchos empleos, y la catastrófica inflación que impacta en el bolsillo.
“Desde la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas y el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos Nacional, nos parece fundamental empezar a resolver esta tensión que no sabemos dónde puede terminar”, explicó Fernández Camillo en base a la situación que atraviesan les inquilines.
“Exigimos que haya un órgano en el Estado donde, de manera precisa, seamos censados tanto los y las inquilinas como propietarios y de esta forma podamos estratificar de manera adecuada el sector y diseñar políticas acertadas”, concluyó.