El 3 de mayo de 2022 ingresó al Congreso de la Nación, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Sin embargo, aunque este es un proyecto de avanzada e integral, desde 1983 a la fecha las parlamentarias mujeres, generalmente, hemos presentado varios cientos de proyectos con temas vinculados, la mayoría de los cuales jamás fueron tratados y menos aún aprobados.
Uno de los puntos fundamentales del proyecto oficial es el de la ampliación de las licencias por paternidad/maternidad/nacimiento/adopción y la posibilidad de que cada familia se organice mejor para cuidar de forma compartida y según sus necesidades. Ahora las madres tenemos 90 días de licencia para la última etapa del embarazo, el parto y el puerperio. Y los padres tienen sólo dos días. Un tiempo que está por debajo del mínimo que estipula la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (como mínimo una licencia por maternidad de al menos 14 semanas (98 días), que se extiendan las licencias a por los menos 18 semanas (126 días) y que se prolonguen en los casos de nacimientos múltiples) y de lo que recomienda Unicef para el cuidado infantil en esa etapa (seis meses para ambos padres).
Según el proyecto oficial para las madres se extendería a 126 días y los padres pasarían a tener 15 días, luego se irá ampliando gradualmente, hasta que dentro de 8 años llegarían a tener 90 días. Las mejoras son también para familias diversas, para quienes eligen métodos de reproducción asistida y para cuidar a bebés prematuros y con discapacidad. Hay en tratamiento en este momento 48 proyectos de diferentes partidos políticos que tienen bastantes comunes denominadores en esta dirección.
Las familias diversas son parte de varios proyectos en el que las licencias son para todo tipo de madre/padre. Así se aggiornan las licencias por nacimiento para los casos derivados de la ley de reproducción humana asistida o de matrimonio igualitario. En el proyecto del PEN se contemplan una licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción asistida y de 3 a 10 días en el caso que tuviesen hijos/as menores de edad a cargo. También se suma que las personas que adopten (que hoy no tienen licencias, salvo provinciales o excepcionales) pasarían a tener 90 días . Además se crea una licencia, de 2 a 12 días por año, para quienes estén por adoptar para visitar al niño/a o adolescente al que se quiere maternar o paternar.
En varios proyectos se contempla que, si se trata de nacimientos o adopciones múltiples, la licencia tiene una ampliación de 30 días por cada hijo o hija (a partir del segundo).
También es muy importante que la ley que se apruebe contemple que los meses de licencia se incluyan en el cálculo previsional como meses aportados, beneficio que contempla el proyecto oficial tanto para las madres como para los padres y las personas no gestantes.
Las diversas necesidades del cuidado en la primera infancia han tenido escasa traducción legal y práctica y persisten grandes desigualdades. Para enfrentarlas se requiere de políticas que universalicen, más allá del empleo formal, el derecho de niños y niñas a recibir cuidados, además de un examen profundo de los modelos imperantes de provisión de cuidado infantil desde el nacimiento.
Las familias han sufrido profundas transformaciones en las últimas décadas. Se han diversificado las formas familiares, se ha transformado el modelo de varón proveedor-mujer cuidadora, hay una tendencia creciente a familias con jefatura femenina y se ha reducido el tamaño promedio de las familias. El envejecimiento de la población, la permanencia de los/as hijos/as en la familia de origen y la fecundidad adolescente han tenido impacto sobre las estructuras familiares, generando nuevas responsabilidades en la protección de sus integrantes. Todo lo cual «sobrecarga» de funciones a la familia producto de las insuficiencias del sistema de protección social. Indica también que se requieren nuevas opciones de política que superen los modelos de familia tradicionales, se adecuen a las nuevas estructuras y dinámicas y, además, se enmarquen en una perspectiva de paridad entre mujeres y varones.
La innovadora ley en Finlandia iguala el permiso parental para madres y padres. Cada uno/a recibe un permiso laboral pagado de casi siete meses y las mujeres embarazadas reciben un mes adicional (que se suma al beneficio anterior).
La Argentina es uno de los países latinoamericanos más retrasados en regímenes de licencias parentales
Chile, Colombia, Cuba, Paraguay y Venezuela fijan licencias por maternidad de 18 semanas y/o más. Belice, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay tienen licencias de 14 semanas y/o más. Argentina se encuentra dentro del grupo de países con licencias por maternidad de menos de 14 semanas, junto con Bolivia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua.
Las licencias de paternidad son significativamente más cortas que las otorgadas a las personas gestantes. En Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela pueden acceder a periodos de 8 días y más. Argentina también se encuentra en la categoría de menor protección en el caso de las licencias para los padres, con menos de 5 días, junto a Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana.
Chile, Cuba, Ecuador y Uruguay pusieron también en marcha períodos no laborales que pueden ser tomados por ambos progenitores/as, al mismo tiempo o en momentos distintos.
La ampliación del sistema de licencias parentales es en primer lugar un derecho y una necesidad de los/as niños/as como explica Unicef. En segundo lugar, es un derecho de les padres/madres y puede potenciar el empleo de las mujeres -que habitualmente son discriminadas en su etapa reproductiva y que muchas veces deben dejar el mundo laboral formal para dedicarse al cuidado de niños, niñas y adolescentes- y ayudaría a reducir los niveles de pobreza. Estas medidas tienen efectos multiplicadores en el empleo y en el bienestar de niños y niñas.
La reforma legal no resolverá por sí sola los desafíos diarios de las familias con niños/as pequeños/as. Se requiere un cambio en el Estado para garantizar infraestructura escolar desde los 45 días y en las empresas para que desarrollen actitudes más amigables hacia las familias. Debe poder compatibilizar la maternidad con la autonomía económica. Hoy la mitad de las mujeres con niñxs menores de 3 años están fuera del mercado laboral y sin ingresos propios. El gran desafío es cómo abarcar especialmente a todas las mujeres que están en la informalidad laboral y cómo no perjudicar a las pequeñas pymes.
La idea de que es un perjuicio para el empleador contratar a mujeres es un mito. El costo adicional de contratar a una mujer es 1% mayor que el de contratar a un varón, dado que en la mayoría de los países la licencia la paga la seguridad social o el seguro médico privado. El costo no lo asume el empleador. No tiene sentido discriminar a la mujer en el trabajo por ser madre, sin embargo es lo que ocurre.
La protección para cuidar no puede estar atada a la lógica del mercado laboral así que también las que pagan sus impuestos pero no trabajan en relación de dependencia pasarían a cobrar la asignación por maternidad durante 126 días.
De aprobarse la iniciativa beneficiará a más de 8 millones de personas, ya que hay 5.000.000 personas hoy regidas por la Ley de Contrato de Trabajo a lo que se suman las 450.000 bajo el régimen de trabajadoras de casas particulares; 350.000 bajo el régimen de trabajo agrario (con licencias especiales); 380.000 con trabajo autónomo; 1.500.000 monotributistas; la mayoría de mujeres que conforman el universo de 400.000 monotributistas sociales y las y los 190.000 trabajadoras/es de la Administración Pública Nacional que ya tienen un régimen más avanzado
Además la agenda de los cuidados y la de las licencias es una oportunidad para que los varones se involucren en los avances por la igualdad de género. Es una cuestión de justicia social, pero también una posibilidad de transformación personal. Más allá de lo que estipulen las leyes en cada país, hay otro problema de fondo: muchos padres no hacen uso de la licencia. Así ocurrió en Italia y ocurre en Chile, por ejemplo, donde la licencia paternal es de cinco días, pero solo el 20% de los trabajadores hace uso del derecho y en el caso del beneficio que permite que la madre le ceda parte de su licencia al varón después del nacimiento, apenas un 0,2% lo utiliza. La situación va a ir cambiando de a poco.
Los países que más invierten en políticas de cuidado alcanzan tasas de empleo femeninas mayores al 70%, generando resultados positivos en términos económicos, según la OIT. Argentina tiene ahora una oportunidad de aprovechar el “bono demográfico” en el que aún se encuentra. Todavía el peso de la población con algún grado de dependencia (niñxs y personas mayores o con discapacidad en algunos casos) es menor que el de las personas potencialmente activas. Para eso, se necesita que la mayor cantidad de mujeres puedan salir a trabajar de forma remunerada.
En el contexto de un año electoral es una discusión que debe superar las divisiones. Necesitamos que en el Congreso se vuelva a construir una transversalidad que supere diferencias partidarias, especialmente de las feministas y de las mujeres, como fue con las leyes de violencia de género, el cupo en los cargos electivos, el acceso a los métodos anticonceptivos, la educación sexual integral, la paridad en cargos electivos, el matrimonio igualitario, la identidad de género y el derecho al aborto legal seguro y gratuito, que permita saldar esta deuda de la democracia con la paridad en el cuidado de los/as niños/as y aportar presupuesto para proteger la conciliación entre vida familiar y laboral.
Lubertino, presidenta de la ONG ACDH, que pregona la justicia feminista, trabaja también en el Proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia junto a Naciones Unidas.