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Esta semana, expertes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su consternación ante la renovación del régimen de excepción en El Salvador. Este fue decretado hace más de un año por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Desde el organismo manifestaron que el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública. Por este motivo, pide que se derogue el régimen y “se concentre en desarrollar una estrategia integral para abordar las causas profundas de la inseguridad en el país”.
¿Qué sucede en El Salvador?
El mandato de Bukele comenzó hace 4 años y cuenta con un año de régimen de excepción. El mismo fue instalado por el presidente debido al asesinato de 87 personas en un fin de semana, producto de la problemática pandillera que tiene el país hace más de 30 años.
Desde entonces, Bukele centraliza el Poder Legislativo y Judicial. En relación a su plan antipandilla, inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y con ello el traslado de preses a esas nuevas instalaciones.
El régimen de excepción significó que les habitantes perdieran los derechos como el juicio justo, la presunción de inocencia, y el derecho al debido proceso.
Es por esto que la ONU sostiene que “el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como jueces sin rostro y testigos de referencia, atentan contra las garantías”.
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A su vez, el gobierno de Bukele viola el derecho a ser informado de los motivos de las detenciones. En esa materia, el organismo expresó su preocupación por el respaldo que el Gobierno ha dado al concepto de “delito flagrante permanente” para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechadas de pertenecer a pandillas.
Según la ONU, durante las audiencias iniciales les jueces determinan sobre el arresto y la presión preventiva de manera masiva. Esto implica que lo realizan en grupos de hasta 500 personas. Les defensores públiques cuentan con de tres a cuatro minutos para presentar la defensa de todes les detenides al mismo tiempo.
“Las audiencias y los juicios masivos, a menudo realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, afirma el organismo internacional.
Desapariciones de habitantes
Según el instituto Socorro Juridico Humanitario (SJH) en El Salvador hay 4 mil denuncias de desaparecides. Distintas organizaciones sociales aseguran que hay fosas clandestinas en distintas zonas del país.
En ese sentido, les relatores de la ONU denunciaron: “Muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración”.
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De acuerdo con las fuentes oficiales, más de 67.000 supuestes delincuentes han sido arrestades desde la entrada en vigor de la medida, de les cuales más de 5.000 fueron liberades por la falta de pruebas que demuestren los vínculos con las pandillas. Según lo comentan las organizaciones sociales, las detenciones pueden darse por sospechas o por acusaciones de otres habitantes.
Además de las detenciones forzosas y las desapariciones, el gobierno de Bukele censura a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales. La criminalización implica la persecución a periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Para contrarrestar las actividades de estas personas se plantea que hay reformas penales que amenazan con meterles preses si continúan disintiendo con la línea del gobierno.