La Defensoría del Público busca la promoción, difusión y defensa del derecho a la comunicación democrática de las audiencias en Argentina. Desde su fundación en 2012 atiende los reclamos de las audiencias y promueve el debate sobre el derecho a la comunicación. A través de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo analiza las noticias en noticieros.
En este escenario, Nota al Pie conversó con el director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público, Pablo Hernández. El especialista explicó el trabajo del organismo, su departamento, la metodología de trabajo y las principales acciones de promoción del derecho a la comunicación.
“Cada año monitoreamos 15 o 16 mil noticias emitidas en todos los noticieros de televisión abierta de los cinco canales de televisión del área metropolitana”, ratificó. A su vez, agregó que “la dirección tiene a su cargo el análisis de las denuncias que hacen las audiencias ante un contenido que vulnera derechos”.
Para lograr este propósito, el rol de su sitio web es muy importante, ya que allí se abre lugar al reclamo y se difunden todos los informes realizados.
El trabajo minucioso de la Defensoría del Público
La organización ejerce la función de promoción, difusión y defensa del derecho a la comunicación democrática de las audiencias. Asimismo, releva reclamos vinculados a los derechos consagrados en la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por esta razón, trabaja en forma conjunta con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), creado en 2016. A su vez, desempeña un importante análisis de los discursos mediáticos. Esta supervisión inició en 2013, con la conformación de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo.
Como su nombre lo indica, su trabajo principal es el monitoreo de las noticias. “De todas las ediciones diarias se extrae una muestra bimestral”, explicó el entrevistado, y aclaró: “Establecemos ciertos parámetros objetivos respecto a cómo ese programa podría estar vulnerando o no derechos de algún grupo social”.
También evalúan el tratamiento inapropiado de ciertas problemáticas. “Incursionamos en el estudio de las formas en que se abordan los temas de salud mental, suicidio y discriminación a pueblos indígenas o hacia la mujer”, señaló.
Hernández remarcó que realizan informes especiales sobre tratamiento mediático hacia trabajadores, organizaciones sindicales y pueblos originarios. “Uno de estos fue acerca de la presencia del lenguaje de señas en televisión, obligatorio por disposición de la Ley de Medios”, recordó.
La tendencia a la “policialización” de la pantalla
El análisis de las noticias permite decodificar tendencias en noticieros de radio y televisión en Argentina. Por medio de este tipo de monitoreo, el director del área resaltó que “existe una policialización de la pantalla por el crecimiento y el tiempo de duración de las noticias policiales”.
La modificación de ciertos aspectos de los criterios de noticiabilidad también forma parte de los resultados obtenidos. “Es muy notorio que los criterios de noticiabilidad están fuertemente atados a la criminalización de niños, niñas y adolescentes, grupos migrantes o personas mayores”, destacó.
Al respecto, el especialista argumentó que la visión de los medios está atada a la participación de estos actores sociales en la agenda policial. A su vez, explicó que “hay una policialización de la mañana porque los noticieros de la mañana y mediodía incrementaron el tiempo y la duración de noticias policiales”.
El reclamo de las audiencias
La búsqueda de la defensoría es evaluar discursos, la vulneración de derechos de grupos sociales y el tratamiento adecuado. Por ello, Hernández afirmó que “atienden los reclamos de las audiencias sobre todo en temas discriminatorios, realizan actividades pedagógicas y forman a periodistas o profesionales”.
Ante un reclamo, la defensoría analiza el material indicado. Luego, la dirección verifica si hay derechos vulnerados y eleva el informe ante la Dirección de Protección de Derechos. Por último, propone una acción para mitigar el contenido, que el licenciatario pueda excusarse o hacer una nueva capacitación.
El entrevistado acentuó que “los licenciatarios responden con mayor inquietud cuando son sancionados por el ENACOM”. Asimismo, explicó que “la defensoría no tiene poder punitorio ni de policía y debemos esperar que el ENACOM proceda con la sanción correspondiente”.
Sin embargo, la defensoría sí cuenta con herramientas a su favor para poder intervenir y dialogar con el licenciatario. “Incluso tenemos facultades para actuar de oficio o en casos de extrema gravedad iniciar acciones judiciales”, añadió.
Por último, actuará el ente de comunicación. “El ENACOM es el organismo que por ley tiene la posibilidad de aplicar multas, sanciones e incluso retirar la licencia de quienes brindan servicios de comunicación”, concluyó.
La promoción del derecho a la comunicación
El propósito de un periodismo responsable con las audiencias motiva las capacitaciones para promover el derecho a la comunicación. A partir de las complicaciones para monitorear a los medios digitales, que no necesitan licencia para operar en Internet, impulsan otro tipo de seguimiento.
A través del monitoreo de portales digitales realizan un importante análisis de determinadas problemáticas para fomentar un discurso respetuoso y tratamiento que no vulnere derechos. Aún así, esta no es la única propuesta que realiza la defensoría.
“Las capacitaciones con profesionales y acciones conjuntas con otros organismos es parte de nuestra agenda”, explicó Hernández. Trabajan junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Por último, el especialista detalló que cuentan con “líneas de apoyo a medios comunitarios para solicitar equipamiento o producción en el ENACOM”, y agregó: “Trabajamos con más de 35 organizaciones sindicales capacitando a sus delegados para que puedan analizar noticias”.