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Organizaciones sociales y de la diversidad sexual continúan reclamando a Julio Garro, actual intendente de La Plata, que dé marcha atrás a la medida de reubicación de la “zona roja”. El traslado forma parte del Código de Convivencia platense, sancionado en el año 2021.
Al ser consultada por este medio, Claudia Vasquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina aseguró que “la reubicación de la zona roja está en una situación incierta”. A su vez, mencionó que “desde que el municipio anunció la reubicación lo único que se ha generado es hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad”.
En la misma línea, Eva Navarro Martínez, integrante de la Secretaría Académica de la Federación Argentina FALGBT, sostuvo: “Seguimos aguardando una respuesta clara del municipio con respecto a cuáles son los planes”. En diálogo con Nota al Pie, denunció que “la situación de las personas trans y del colectivo LGBT, es preocupante”.
En este contexto, las organizaciones nucleadas, en conjunto con la Comisión Provincial de la Memoria, enviaron tiempo atrás una carta solicitando que informaran cuál es el acto administrativo con el que van a disponer la reubicación. Sin embargo, Eva remarcó que aún no obtuvieron respuestas.
La situación actual
Según explicaron mediante un comunicado, el plazo para la reubicación venció el pasado 17 de abril.
En ese sentido, la medida plantea cambiar de ubicación la “zona roja”, espacio que no se encuentra delimitado con precisión, hacia el tramo que se extiende sobre la Avenida 122, entre las calles 52 y 55, en el límite entre La Plata y Ensenada.
Al respecto, la integrante de la Secretaría Académica de la Federación Argentina FALGBT se refirió a la lucha por parte de las organizaciones: “Hemos sido muy claras en cuanto a nuestro desacuerdo, entendemos que va a ser violatoria de los derechos humanos de las compañeras”. Además, agregó: “el municipio no ha tomado ninguna medida formal con respecto a estos reclamos”.
Créditos: Eva Navarro Martínez.
“Considero que la reubicación es absolutamente estigmatizante y no hace más que criminalizar a las entidades trans y travestis”, argumentó Eva. En la misma línea, declaró que el municipio “pretende asociarnos a significantes que atentan contra la seguridad de la zona y contra los vecinos, como si nosotras no fuéramos vecinas también”.
Por su parte, la presidenta de Otrans Argentina afirmó que las personas trans “han empezado a sentir persecución, malos tratos”. En el mismo sentido, indicó que “el municipio siempre se ha mostrado indiferente” a sus reclamos.
En cuanto a la convocatoria al diálogo, Claudia Vasquez planteó que “las únicas veces que nos reunimos fue solamente para dilatar”. Del mismo modo agregó: “Sabemos que la reubicación también hace que se vuelva a potenciar la estigmatización social”.
Discriminación y violencia hacia la comunidad travesti-trans
La presidenta de Otrans Argentina remarcó que “Garro ha sido un intendente transodiante”. Al respecto recordó una campaña del año 2015 donde como candidato “dijo que no daría trabajo a una compañía travesti trans porque sería como avalar la delincuencia. Y esto lo ha sostenido hasta el día de hoy”.
En cuanto al trabajo sexual, Claudia sostuvo que para muchas de ellas no se trata de un trabajo. “Más del 89% de las compañeras que se encuentran en situación de prostitución sostienen que si tendrían un trabajo formal dejarían porque para muchas de ellas no ha sido una elección, sino una imposición del Estado, los mercados y la sociedad civil”, manifestó.
“Más allá de que contamos con un montón de leyes conquistadas como movimiento y como colectivo, la verdad es que no se puede dejar de notar cierta escalada de la violencia”, expresó Navarro Martínez. Al respecto mencionó los travesticidios y ataques de odio que ocurren en la ciudad. “Eso se ve en la forma en la que se organizan ciertos vecinos del barrio del Mondongo para maltratar a las compañeras cuando se encuentran en la calle”, agregó.
¿Se respetan los derechos de las personas trans en La Plata?
Para la integrante de la Federación, las políticas públicas en la administración de Julio Garro “son inexistentes, que también es lo que hace mucho más perversa la medida de reubicación”. En cuanto al cumplimiento del cupo laboral, denunció que “el municipio todavía no lo ha activado y no hay tampoco planes concretos de hacerlo”.
Por su parte, Claudia Vasquez Haro remarcó que “el municipio nunca planteó ningún tipo de política pública para tratar de darle obviamente una solución concreta y de fondo a la problemática de la situación de prostitución de muchas compañeras”. Para la presidenta de Otrans, “desde la cartera del gobierno local la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral y la inclusión nunca se implementaron”.