Este jueves 27 desde las 17, la Regional CABA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizará un pañuelazo frente a la Legislatura porteña, ubicada en Perú 160.
Las inmediaciones del órgano legislativo serán testigos de otro reclamo por cuestiones de derechos humanos, ya que el objetivo de la convocatoria es exigir que “se deje sin efecto” el convenio entre el Consejo Social y el Ministerio de Salud porteños para la implementación de la línea “0800Vida”. Organizada por una red de “organizaciones religiosas y confesionales, explícitamente militantes opositoras al derecho al aborto”, es difundida en hospitales públicos.
El pasado 5 de abril, la exdiputada Cynthia Hotton anunció a través de sus redes sociales un acuerdo que articula al Consejo Social de CABA con la Red Nacional de Embarazo Vulnerable y propone la promoción, en hospitales públicos de la Ciudad, de una línea telefónica de contención para mujeres que atraviesan un embarazo vulnerable, desde donde se las acompaña emocionalmente de forma personalizada.
En contra de este accionar, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto redactaron un petitorio con más de 1.500 firmas. La solicitud la entregarán este viernes a les legisladores presentes en la convocatoria, cuyas consignas serán “¡Basta de injerencia eclesiástica en las políticas públicas!” e “Implementación efectiva de la Ley IVE”.
En diálogo con la agencia de noticias Télam, Elsa Schvartzman, una de las referentes de la campaña, aseguró que el convenio implicaría “privatizar políticas públicas” de salud al derivarlas a “organizaciones que son conveniadas sin una convocatoria pública previa, transparente y abierta” y que además tuvieron una activa militancia en contra de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“Nosotres también defendemos la vida, pero una vida digna, autónoma y con respeto hacia los proyectos personales. Ya con ponerle ese nombre está encubriendo y sesgando la información que puedan llegar otorgar”, afirmó la militante feminista. A esto se le suma “la cartelería de color celeste” que conspira contra “la implementación democrática y universal de la ley IVE” aprobada en 2020.
¿Por qué se realiza el pañuelazo?
Según Schvartzman, este convenio se basa en la Ley de los 1000 días que ya cuenta con una aplicación efectiva en el país. Esta normativa es uno de los programas para proteger y acompañar a quienes deciden continuar con el embarazo, tanto en la etapa de gestación como en los primeros meses de vida de sus bebés. Además suma que siempre fue responsabilidad del Estado garantizar derechos consagrados en las leyes con políticas públicas y reforzarlas si fuera necesario, mientras que a la sociedad civil le corresponde el control de la implementación y no crear sus propias alternativas.
“Lo que denunciamos además es la connivencia del poder político que en un año electoral busca conseguir votos a través de concesiones: el nombramiento de Hotton en CABA es un claro ejemplo, porque ella fue una representante muy notoria en los debates contra la Ley del Derecho al Aborto”, afirmó la militante feminista. En este sentido, advirtió que “habría que chequear si cuando alguien se acerca con interés a preguntar por el derecho al aborto, si bajo su cargo son derivadas a donde corresponde”.
La legisladora porteña del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Alejandrina Barry, también opinó sobre el tema e informó que presentaron un proyecto en la Legislatura para declarar “la nulidad de este convenio”. Asimismo, solicitaron informes para conocer el funcionamiento del mismo “ya que tanto Hernán Quirós como Cinthia Hotton se niegan a hacerlo público”.
A su vez, la política agregó que “luego de realizar un acto con mil pastores evangélicos junto a Hotton, Larreta busca dar un nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+. La misma que Milei contra la implementación de la ESI”.
“Como denuncian las y los residentes y concurrentes de la Asamblea de CABA, el Jefe de Gobierno y el Ministro son responsables de un sistema de salud precario para trabajadores, trabajadoras y pacientes y ahora le agregan la injerencia de privados y organizaciones religiosas lo cual viola los derechos de mujeres, personas gestantes y niños y niñas”, sentenció.