Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), respondió de forma negativa a la intención venezolana de disputar el territorio Esequibo. La mandataria afirmó que el organismo “rechaza la objeción preliminar planteada por la República Bolivariana de Venezuela por 14 votos a uno”, y además, “determina que puede decidir sobre el fondo de la República Cooperativa de Guyana”.
Desde 2018, frente a un pedido de Guyana, la CIJ. la mayor jurisdicción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en La Haya, tiene en sus manos el caso de la disputa entre Venezuela y Guyana. Frente a las objeciones de Venezuela, en 2020 la Corte dictaminó que tenía jurisdicción para analizar el litigio.
Sin embargo, frente a la exploración de crudo y minerales en el territorio en disputa, la pelea por quedarse con el Esequibo se profundizó. En junio de 2022, el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro presentó ante la Corte objeciones preliminares a la admisión de la demanda de Guyana contra su país.
La reciente resolución de la CIJ fue celebrada por las dos partes. Por un lado, según Venezuela, la Corte dejó abierta la posibilidad de revisar la conducta ilícita de Reino Unido en la disputa. Por parte de Guyana, aseguran que el organismo fallará sobre el fondo del diferendo.
La disputa por Esequibo
Hace más de 100 años que Venezuela y Guyana mantienen un diferendo respecto a la soberanía de la Región del Esequibo. Esta zona abarca 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río homónimo y cuenta con grandes reservas de petróleo, representando el 74,2% del territorio guyanés.
Guyana, con una superficie cercana a los 215.000 kilómetros cuadrados, defiende un límite que se estableció en 1899 a partir de un tribunal de arbitraje de París. Mientras que Venezuela reclama que en 1966 firmó con Reino Unido, antes de la independencia guyanesa, el Acuerdo de Ginebra, que desconocía el tratado anterior.
Desde entonces, Caracas y Georgetown buscaron resolver el conflicto hasta que, en 2015, la petrolera Exxon Mobil anunció un gran descubrimiento de yacimientos petroleros en el océano Atlántico, frente a las costas de Esequibo.
A partir del hallazgo estadounidense de los recursos latinoamericanos, Venezuela rechazó por primera vez la concesión otorgada por Guyana en el territorio en disputa. Guyana respondió presentando el caso ante la CIJ, pidiendo al máximo tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899, que le da control absoluto sobre el territorio.
Las repercusiones de la decisión de la CIJ
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró en un comunicado que la decisión de la CIJ es buena. “En primer lugar reconoce que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña”, explicó.
Además, “en segundo lugar, deja en claro la existencia y la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966”, que Venezuela reconoce como el “único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial”.
Asimismo, Rodríguez indicó que su país evaluará la implicación de la decisión de la CIJ ya que “la República Bolivariana de Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo”.
Por su parte, el presidente de Guyana, Irfaan Alí, expresó que su país “confía en que la Corte confirmará el límite internacional de larga data con Venezuela”. Además, afirmó que “Guyana siempre ha estado completamente comprometida con la solución pacífica de la disputa con su vecina y hermana república de acuerdo con la ley internacional».
También apuntó contra Venezuela: “Todos los estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos Guyana y Venezuela, están obligados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas a cumplir con las sentencias de los tribunales”. Y recordó que es la “segunda vez” que la CIJ rechaza “objeciones jurisdiccionales” por parte del gobierno venezolano.
Explotación de crudo y minerales
Días previos al conocimiento público de la resolución por parte de la CIJ, el gobierno de Guyana acusó a Caracas de “socavar” el acuerdo que compromete a ambos países a resolver pacíficamente el diferendo territorial. En respuesta, Venezuela reclamó a Georgetown que “asuma con seriedad, sensatez y altura diplomática sus responsabilidades internacionales”.
A partir de un comunicado, el gobierno venezolano expresó que “resulta sorprendente” que Guyana “acuse falsamente a Venezuela de socavar el Acuerdo de Ginebra y, en cambio, aventuradamente afirme que este no le impide actos de disposición, explotación y degradación activa y arbitraria del territorio”.
Además, el comunicado sentenció a estos actos como excesos abusivos de “cualquier fórmula de administración respetuosa con la realidad de un territorio contencioso”. En ese marco, el gobierno de Maduro denunció “la deplorable y protestada entrega de vastos espacios de selva, reservas hídricas, forestales y de oxígeno planetario a la voracidad del extractivismo del oro” por parte de Georgetown.
En respuesta, Georgetown recordó que el Acuerdo de Ginebra fue consecuencia de “la afirmación infundada y mal escogida” por parte de Venezuela de considerar “nulo y sin efecto” el laudo arbitral de 1899.
Además, el comunicado de la cancillería guyanesa advirtió que “es pertinente enfatizar que el Acuerdo de Ginebra no impone ninguna obligación a Guyana de abstenerse de realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su territorio o áreas marítimas anexas”.