La Ley 27551, que regula el mercado de alquileres, fue sancionada en junio de 2020. Con la incorporación de normas como el contrato a tres años y el aumento anual en base a la inflación y los salarios, tiene el objetivo de establecer una paridad en la relación entre inquilines y propietaries.
Casi tres años después de su aplicación, la normativa recibe fuertes críticas sobre todo desde el sector inmobiliario, que denuncia el perjuicio que causó en el funcionamiento del mercado. Si bien la medida no fue confirmada de manera oficial, trascendió que en una reunión entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, se planteó la intención de suspender los efectos de la ley.
En el caso de les inquilines, lo cierto es que existe una creciente dificultad para poder alquilar en un contexto en el que los niveles de inflación erosionan el poder adquisitivo del salario. Según el índice del Banco Central, en marzo los alquileres aumentaron más de 85% interanual.
Algunas asociaciones de inquilines afirman que el problema reside en la falta de oferta de propiedades, lo que causa incrementos en los precios. Otras agrupaciones apuntan a la falta de aplicación de la ley.
El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, Ricardo Botana, explicó a Nota al Pie que si la ley se suspende “volvería el sistema anterior, en el que el precio lo pactan las partes. Antes de la sanción de la ley, el inquilino sabía lo que iba a pagar”.
En este sentido, consideró: “En este momento, volver a ese sistema en forma abrupta, con estos niveles de inflación no sería bueno para el inquilino, porque podrían llegar a fijar cualquier aumento”.
Los alquileres desde la sanción de la ley
La Ley estipula que las actualizaciones en el monto del alquiler se dan cada 12 meses, en base al Índice para Contratos de Locación (ICL). Este es publicado por el Banco Central y calculado a partir del índice de Precios al Consumidor (IPC) y el salario estipulado en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Además, establece el requisito de sólo un mes de depósito, la posibilidad de ofrecer una gama de opciones de garantía y que los contratos deben estar inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otras consideraciones.
Al respecto, el entrevistado sostuvo que “la ley trajo nuevos derechos al inquilino. Da herramientas como el depósito, que se tiene que devolver actualizado de 2 a 3 años”. Además, opinó que “están bien los tres años (de contrato). Dos años es un tiempo muy corto, sobre todo con inquilinos que tienen familia, por lo que significa mudarse cuando hay chicos en la escuela”.
“También, el tema de que se puede rescindir avisando con tres meses de anticipación y no se paga multa. Esos son aspectos positivos de la ley”, afirmó Botana. Por otro lado, señaló que el aumento anual en la actualidad se encuentra en un 85% y “eso es lo que está complicando mucho al inquilino”.
Airbnb y la reducción de la oferta tradicional
Uno de los puntos que el sector inmobiliario señala como perjuicio de la norma es la reducción de la oferta. Según Botana, “la ley no establece algún incentivo para que el locador no se vuelque a vender el inmueble ni tampoco a alquilar en plataformas de alquileres temporarios. Esto generó que muchos retiren los inmuebles del mercado”.
En este sentido, se destaca el caso de la empresa estadounidense Airbnb. Se trata de una plataforma digital creada en 2008 para promover los alquileres con fines turísticos y cuya popularidad se extendió a una gran cantidad de puntos turísticos del mundo.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay más de 20.000 propiedades disponibles para alquilar de manera temporal, lo que explica la reducción del 30% en la oferta tradicional de viviendas. A través de esta plataforma, les propietaries aumentan de forma exponencial su rentabilidad, ya que tienen la posibilidad de alquilar a corto plazo y en dólares.
Estas operaciones funcionan por fuera de la Ley Nacional. En cambio, están bajo la órbita de la ley porteña 6.255 de Alquileres Temporarios. No obstante, este mercado no está regulado debido a que esta normativa no impone controles ni límites geográficos o de plazos temporales.