El gobernador mendocino, Rodolfo Suarez y su gobierno vienen trabajando para erradicar a les mapuches residentes de Mendoza desde hace varios meses. El conflicto se centra en la disputa por las tierras que fueron otorgadas a pueblos originarios por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en febrero.
Sobre la aprobación del proyecto de ley, el diputado Gustavo Cairo, quien se define como “roquista”, agradeció las felicitaciones del diputado Omar de Marchi, y afirmó: “Hoy dimos otro paso en Mendoza al declarar que el pueblo mapuche no es originario del territorio argentino. Estas entregas de territorio no tienen ningún fundamento”.
El reconocimiento a Pueblos Originarios
En aquella oportunidad el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas anunció el reconocimiento de las tierras en las que viven diferentes pueblos originarios. La identificación se realizó mediante el cumplimiento de los relevamientos catastrales de territorios en las provincias de Salta, La Pampa, Jujuy, Buenos Aires, Misiones y Mendoza.
Debido a lo declarado por el INAI en el Boletín Oficial, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y la comunidad Lof Limay Kurref comenzaron a disputarse las tierras.
Es a razón de esto que el EDiPA (Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Mendoza), ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y CEPA (Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen) denuncian sistemáticos actos de violencia y difusión de información falsa en los que se busca desconocer la preexistencia de los pueblos indígenas. Desde las organizaciones sostienen que se trata de una campaña de estigmatización “impulsada por diferentes espacios políticos y empresariales, avalada por algunos medios de comunicación masivos.”
Marco legal sobre las tierras indígenas
Desde hace años existen medidas legislativas que se encargan de subsanar la invisibilidad y la falta de derechos de los pueblos originarios. En ese sentido, se estableció en la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17) que corresponde al Congreso reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Sin embargo, el gobierno de Suarez estableció en su proyecto que les mapuches no deben ser considerados parte de los pueblos originarios argentinos en términos del artículo mencionado y tampoco en relación a los tratados internacionales.
Asimismo, el proyecto anti mapuche rechaza la prórroga de la Ley Nacional Nº 26.160. La misma dispone que se debe realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para hacer posible el reconocimiento de la pertenencia y propiedad de las tierras que siempre fueron ocupadas por los pueblos indígenas. A su vez, esta ley declaró el derecho de posesión como una medida de emergencia.
Con respecto a esto, las organizaciones indígenas plantean que el dictamen es la institucionalización del racismo y negacionismo contra les mapuches residentes en Mendoza.
“Nos oponemos terminantemente, adhiriendo al pronunciamiento de las organizaciones indígenas, sociales, culturales y ambientales de derechos humanos.
De aprobarse tal dictamen, estaríamos frente a un retroceso en el marco legal de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas de Argentina”.
La Academia en contra del negacionismo mendocino
Les directores de institutos de investigación, facultades, carreras y centros científicos tecnológicos que se desempeñan en el campo de la historia, antropología, genética humana, arqueología, lingüística y disciplinas afines repudiaron el proyecto de ley.
Las autoridades institucionales declararon mediante un comunicado que no hay sustento científico para establecer que les mapuches no son argentines. “El dominio indigena en el sur de Mendoza es anterior a su ocupación por parte del Estado argentino en 1879, con la denominada Campaña del Desierto”, aseguraron.
Asimismo, sostienen que hay consenso interdisciplinarios en relación a la sólida evidencia genética, arqueológica, histórica, lingüística y etnográfica que asegura la existencia de rasgos culturales y biológicos mapuches en territorio chileno y argentino. Esta evidencia data desde hace miles de años antes de la formación de los Estados Nación.