Amnistía Internacional presentó su informe “Las deudas en derechos humanos en Argentina. Retos de 2022”. En el mismo se asegura que hasta agosto del año pasado se produjeron 147 muertes bajo custodia policial en la Provincia de Buenos Aires. Para el organismo “la confianza de la sociedad en la justicia y fuerzas de seguridad está fracturada”.
La organización que realizó el estudio trabaja por los derechos humanos y está presente en casi todos los países del mundo. La investigación analiza la situación de Argentina a través de diferentes ejes: la violencia policial; la realidad de las personas migrantes e indígenas; los derechos de las mujeres y diversidades; y la crisis climática.
Algunos de los delitos que se le adjudican a las fuerzas de seguridad son el armado de causas; agresiones; hostigamiento; detenciones arbitrarias y tratos inhumanos. En este sentido, desde la organización sostuvieron que son “prácticas naturalizadas en las fuerzas de seguridad de Argentina”.
A la ONG le “preocupa el carácter discriminatorio de la violencia, ya que muchos de estos casos se producen en contextos de vulnerabilidad y pobreza”. Además, destacaron que “con demasiada frecuencia” les funcionaries encargades de hacer cumplir la ley recurren a la fuerza de manera desproporcionada y sin respetar los derechos humanos.
📑 Informe Anual de Amnistía Internacional 2022/23
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) April 1, 2023
El reporte analiza la situación de #DerechosHumanos en 156 países, incluida Argentina, cuyo capítulo extendido recorre las profundas consecuencias de las distintas violencias.
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¿Qué dice el informe?
La investigación indica que “la violencia policial y el uso abusivo y arbitrario de la fuerza son una práctica extendida y cotidiana en el abordaje y control de territorios en todo el país”. Para la organización, este tipo de violencia es una de las “más arraigadas y sistémicas es la que proviene de las instituciones del propio Estado”.
Por esta razón, exigen una evaluación del rol de las fuerzas de seguridad de la mano de una reforma integral por parte del Estado. En la misma línea, denuncian que Argentina no elabora un registro unificado y abierto de los casos de violencia policial de todo el país.
Ante estos delitos, en 2021 se presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Abordaje Integral contra la Violencia Institucional. El texto propone la creación de un Programa Nacional contra la Violencia Institucional para la articulación de los programas de formación a nivel nacional con foco en la capacitación y reentrenamiento a las policías federales y provinciales. Sin embargo, aún no fue tratado.
Algunos datos sobre la violencia policial
El informe también recopila cifras de distintos organismos. Así retoma a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cual informó la recepción de 1.079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país durante 2021. De las mismas, 53 involucran el asesinato de personas.
Sin embargo, es importante mencionar que este número sólo refiere a las denuncias recibidas por este organismo y no es representativo del contexto nacional. Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria contó al menos 65 casos de muertes por uso de la fuerza policial sólo en la provincia de Buenos Aires durante 2022.
A su vez, detalló que hasta agosto de dicho año se produjeron 147 muertes bajo custodia policial en la Provincia de Buenos Aires. De estas, 10 sucedieron en comisarías bonaerenses.
Por otra parte, según datos aportados por la Fiscalía de Derechos Humanos, en la provincia de Salta desde enero al 2 de noviembre de 2022 hubo 1.388 denuncias por hechos de violencia policial. Pese a ello, en ese tiempo solo hubo 116 imputaciones, se dictaron 16 sentencias y 10 fueron de condenas.
Casos más resonantes
Además, a lo largo del informe se mencionan distintos crímenes llevados a cabo por las fuerzas de seguridad. Entre ellos resuena el nombre de Esteban Bellido, de 39 años, quien el 31 de octubre de 2022 falleció luego de que la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía de la provincia de Buenos Aires le disparara por la espalda.
El hecho ocurrió en Virrey del Pino, donde el personal de UTOI realizaba un supuesto operativo para desbaratar un búnker de drogas y Esteban trabajaba repartiendo gaseosas. Según les testigues, la Unidad comenzó a disparar sin aviso previo. Y, si bien la versión policial sostiene un supuesto enfrentamiento, les vecines aseguran que no fue así y que el joven no estaba armado. En la actualidad, once efectivos se encuentran detenidos por el crimen.
El informe también hace mención del caso de Daiana Abregú, quien fue detenida en la comisaría de Laprida durante la madrugada del 5 de junio de 2022. Horas más tarde, la policía notificó a su familia que encontraron a la joven muerta en la celda, con signos de ahorcamiento. Todo el proceso presentó irregularidades.
Algo similar ocurrió con Mauro Coronel, detenido de forma violenta el 30 de abril de 2020 en Santiago del Estero. Durante al menos 48 horas no hubo información sobre su paradero y, tras torturas e irregularidades, cuatro días después falleció. A dos años de su muerte, la investigación judicial no avanza y presenta diversas irregularidades.
La historia de Blas
Desde Amnistía también acompañaron el pedido de justicia por Blas Correas, asesinado en agosto de 2020. Tras el juicio, el pasado 31 de marzo condenaron a dos policías a cadena perpetua; otros diez a penas de entre 1 y 5 años de cárcel; y dos fueron absueltos.
Según la investigación, Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un auto, junto a cuatro amigos menores: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali. Tras no frenar en un operativo, los policías Lucas Gómez y Catriel Alarcón comenzaron a disparar “con intención de matarlos”.
Para Amnistía Internacional dicha sentencia es clave porque “puede ser bisagra en la lucha contra la institucionalización del abuso de la fuerza”. Es una oportunidad para marcar el camino hacia el fin de la impunidad y que las prácticas policiales cambien.