La que iba a ser la gloriosa última semana del programa que en el último medio año lideró el rating de la TV argentina se empañó por diferentes casos de violencia sexual. La polémica volvió a aparecer en Gran Hermano, esta vez por la denuncia de corrupción de menores a uno de sus productores y primer ganador: Marcelo Corazza.
En ese marco, se aseguró que en su celular poseía fotos íntimas de las participantes del reality, tomadas sin su consentimiento. Si bien la producción del programa lo desmintió más tarde, volvió a poner en el foco de la opinión pública los rumores que aseguraban que trabajadores del programa difundían imágenes de ese estilo en la web.
Como si no fuera poco, días después estalló otra bomba. Otra figura televisiva es protagonista de una denuncia de abuso sexual. Se trata de Jey Mammon, que si bien no es parte del reality, era conductor de La Peña de Morfi, programa que se transmite en Telefe los domingos al mediodía. Era, porque tras el escándalo, el canal resolvió suspenderlo.
Más allá de su componente mediático, estos tres hechos implican una realidad: la violencia sexual era y es moneda corriente. Para reflexionar cómo los medios de comunicación pueden tratar el tema, Nota al Pie dialogó con la licenciada Analía Gomez Malacalza. Ella es periodista con perspectiva de género, psicóloga forense y coordinadora de la Red de víctimas de violencias Vanguardia, detrás del proyecto de la Ley Belén.
La especialista afirmó: «A mi entender no alcanza que Telefe solo suspenda empleados, los cuales están detenidos y procesados en presuntos hechos de corrupción de menores y abuso sexual. Debería presentarse como querellante en la causa”.
Difusión de imágenes sin consentimiento
«Bol… fue muy loco del celular. Te lo juro, me tiró un beso. Aparte le vi la cara. Nunca le vi la cara así a alguien”, comentó Julieta Poggio. Era diciembre de 2022, y la participante de Gran Hermano se refería a un experiencia que vivió dentro de la casa.
“En la habitación, escucho un ruido y veo que había un celular pegado al vidrio. Y le veo la cara. Como lo miré, hubo un contacto visual y me tiró un beso. Te lo juro por Dios…”. Así le explicaba a sus compañeres de reality, quienes le aconsejaron quejarse en el “confesionario” frente al Big Brother.
Telefe transmitía en vivo el programa, pero cuando Julieta relató esa situación, se cortó la transmisión. Más tarde, la joven comentó lo que le dijeron desde la producción: “Que la gente que está acá es gente que nos cuida, que trabaja para nosotros y que me quede tranquila.”
Más tarde, en Twitter, eso se puso en duda. Una cuenta mostró en un hilo las imágenes íntimas que circulaban en foros de Reddit o en Telegram. No solo eran de Julieta Poggio, sino de otres participantes. En ellas se encontraban desnudes en situaciones cotidianas, como al bañarse, cambiarse o ir al baño dentro de la casa.
Las dudas comenzaron ya que la transmisión oficial en Pluto TV o Telefe no muestra esas acciones de la vida diaria de los participantes. A eso, se suma que se viralizó la propuesta de un supuesto productor para vender esas fotos privadas en la web. Si bien la polémica fue viral en redes, el canal nunca se pronunció al respecto.
Una legislación insuficiente
“Hoy la difusión digital de imágenes del propio cuerpo no cuenta con una ley que dictamine penas, como sí ocurre en México, donde la pena mínima es de 3 años de cárcel”, afirmó Analía Gomez Malacalza. “En nuestro país no tiene la categoría de delito en el código penal, es una contravención sin pena carcelaria”.
La supuesta filtración de imágenes de les participantes de Gran Hermano puso en el foco qué podría suceder en caso de denunciarlo. Pero los castigos existentes parecen no ser suficientes.
Analia Gomez Malacalza explicó que la ley 25326 de Protección de datos Personales no alcanza esta temática. Refirió que algunas propuestas indican ampliar en esta misma el artículo 16, referido a las imágenes de sí mismo circulando. La otra herramienta legal es la Ley de Delitos Informáticos que ampara la privacidad.
“Es gravísimo aun no tener legislada la difusión de fotos personales, que se utilizan en lo que se conoce como sextorsión, o pornovenganza”, denunció. Por eso, el año pasado se presentaron dos proyectos de Ley al respecto: la Ley Belén y la Ley Olimpia.
Llevan los nombres de dos mujeres que sufrieron por la difusión sin su consentimiento de imágenes íntimas. “La ley Olimpia es una ley mexicana que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales”, confirmó.
“Se espera que se replique en Argentina con la Ley Belén, sobre todo la difusión de imágenes propias sin consentimiento que exponga el cuerpo de las personas. Lleva el nombre de Belén San Román, una víctima de violencia digital quien luego de este episodio nefasto decidió quitarse la vida”. Aún se espera el tratamiento de estos proyectos.
¿Cómo debe actuar un medio de comunicación?
El reality Gran Hermano, que termina esta noche, tuvo otras situaciones y dichos que se refirieron a la violencia digital y de género. Si bien algunos fueron tratados en el programa, dejó una sensación de insuficiencia.
Como si no fuera poco, una semana atrás Marcelo Corazza fue detenido por corrupción de menores. El hombre era productor del programa, ganador de su primera edición en 2001, y trabajador del canal desde ese entonces. Horas más tarde, el medio emitió un comunicado repudiando la situación y trató el tema en los días que siguieron.
El último jueves, Telefe tuvo otro revés. El conductor de La Peña de Morfi, Jey Mammon, se vio envuelto en una denuncia por abuso sexual. Se trató más de una acusación mediática, porque la víctima ya había realizado la denuncia penal, pero fue desestimada por la cantidad de tiempo sucedido.
Otra vez, el canal emitió un comunicado y suspendió a su empleado. Pero, ¿es suficiente? La licenciada Analía Gómez Malacalza explicaba que en su opinión, el medio debería presentarse como querellante en la causa. «Se utilizaba el nombre y demás datos de la empresa para la captación de menores, por ejemplo: “hace esto que vas a entrar a GH de Telefe”. No conozco el detalle jurídico pero debe involucrarse seriamente, esto es en la Justicia».
La violencia machista ya está en primera plana. Y más allá de su tratamiento mediático, es necesario concientizar. «En los medios de comunicación deberían tratar el tema del consentimiento y demás temáticas sobre abuso sexual», reflexionó Gomez Malacalza.
«Se puede abordar desde la ficción, al elegir textos y protagonistas que reflejen la grave situación que vivimos como sociedad. Y por supuesto en entrevistas a víctimas, citar a ONGs y legisladores especialistas en proyectos de leyes ausentes», concluyó.