Ayer por la noche, el ministro de Economía Sergio Massa oficializó la intervención por 180 días a EDESUR tras los reiterados cortes de luz. Bajo la Resolución 307/2023, el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) “fiscalizará y controlará todos los actos de administración habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”.
El designado para llevar adelante la tarea es Jorge Ferraresi, actual intendente del partido de Avellaneda. Ante esta nueva función, el funcionario expresó: “Asumiré este compromiso con mucha responsabilidad y trabajaré junto al ENRE para beneficio de las y los ciudadanos”.
Cabe recordar que, desde el 1 de marzo, día que se produjo el apagón en gran parte del país, les usuaries del servicio que presta EDESUR vienen sufriendo constantes interrupciones del servicio. Los reiterados cortes prolongados y sin aviso no solo perjudicó a les vecines sino también a comerciantes y personas electrodependientes.
En este sentido, el ENRE detectó que alrededor de 180.000 usuaries fueron afectades desde el 10 de febrero del 2023. Los mismos sufrieron problemas de baja y media tensión con interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro eléctrico.
Intervención del Estado
En conferencia de prensa, Sergio Massa junto con la secretaría de Energía, Flavia Royón, el interventor en el ENRE, Walter Martello y, el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, comunicaron la noticia.
Massa explicó que “utilizando las facultades que la ley nos asigna, hemos instruido al ENRE para que proceda a la intervención por 180 días a la empresa EDESUR”.
“La semana pasada se ha efectuado una denuncia penal por abandono de persona, por administración fraudulenta y, en paralelo, la petición del juzgado para que prohíba la salida del país a aquellos que llevan la dirección de la compañía”, indicó el Ministro de Economía.
En el breve comunicado, Massa informó que la tarea será llevada a cabo por el ingeniero Jorge Ferraresi. La misma consiste en “fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las tareas del servicio”.
En cuanto a les usuaries afectados, el Ministro explicó que se tomó la decisión de ejecutar los 2.700 millones de pesos de sentencia que implica un mecanismo de devolución por parte de la empresa.
Fiscalización y control
En la resolución publicada en el Boletín Oficial, se estableció un plazo de 90 días para efectuar una auditoría de procesos. Además, se verificará la consistencia de disponibilidad tecnológica, materiales, insumos y de recursos humanos para realizar los procesos de gestión.
En ellos se evaluará la atención primaria, los reclamos, la operación, el mantenimiento correctivo y preventivo, la planificación de inversiones, la gestión de pérdidas, las auditorías internas de costos y los procesos de gestión.
De la misma forma, los equipos tendrán 30 días para elevar al ENRE un informe final. Por otra parte, el interventor designado por el Gobierno nacional deberá realizar informes parciales con una periodicidad no mayor a 10 días.
De la misma manera, una vez finalizada la función de fiscalización y control, Jorge Ferraresi deberá elaborar un informe final con un plazo de 10 días. Por último, se invitó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a que designen representantes para que integren la intervención.
Un multiverso de posibilidades
Si bien les usuaries afectades sufrieron la fuerte ola de calor de los primeros 15 de días de marzo, el Estado oficializó un control sobre la empresa privada. Sin embargo, habrá que esperar qué dicen los informes técnicos para corroborar en qué situación se encuentra el suministro eléctrico.
En un principio se propuso que el Estado se haga cargo de la empresa, pero desde la concesión del servicio eléctrico aún no se han pronunciado al respecto. Aún así, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, explicó que no se tomarán decisiones por adelantado, ya que el objetivo principal es cuidar los intereses del Estado argentino.
La contracara de este discurso es que, si de cuidar hablamos, el Estado se gasta dólares en una deuda ilegítima que hoy golpea al bolsillo de les argentines.
Asimismo, se analiza el informe del ENRE, el cual puede ser causal de la quita de subsidios. Ahora, por 180 días EDESUR estará intervenida para controlar su funcionamiento y la distribución del servicio eléctrico.
Mientras tanto, la compañía italiana Ente nazionale per l’energia Elettrica (ENEL) puso en venta los activos de la compañía que distribuye su red por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Entre los activos en venta se encuentran EDESUR, las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la central hidroeléctrica El Chocón, y las líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica.
El Estado, mediante multas y procesos de intervención, busca ahora una “solución” a un problema que lleva muchos años. Es sabido que, mientras mantiene al día una deuda en dólares, no puede hacerse cargo de una empresa que necesita una gran inversión para que funcione de forma eficiente.