Por Unión de Productores y Productoras Caprinos (Uproc)
La provincia de San Luis tuvo una época de gloria (hasta la década de 1980) en cuanto a la diversidad de alimentos que producía. Desde naranjas y duraznos hasta trigo y girasol, productos que no sólo se consumían a nivel local sino que también se trasladaban a otras regiones. Gran parte de esta capacidad productiva estaba ligada a la agricultura familiar campesina e indígena de la mano de obras de riego a partir de diques y canales o, en muchos casos, simplemente de obras comunitarias de captación de agua de arroyos y ríos.
Hoy muchas de esas actividades perdieron peso hasta el punto de desaparecer y en su lugar se muestran los mega equipos de riego por pivot con producciones típicas del paquete agroexportador: soja, maíz o algodón transgénico. Estos cultivos no son tradicionales de nuestra zona y nada tienen que ver con la soberanía alimentaria.
Si ponemos el ojo en el sector de las carnes también aparecen grandes empresas produciendo cerdos en confinamiento o feedlot con las mayores inversiones del país en el rubro. Estas operaciones económicas no se hicieron a espaldas del Estado. Al contrario, fueron acompañadas de una u otra manera por los distintos gobiernos. Al mismo tiempo, se fueron invisibilizando prácticas tradicionales de las que solamente se habla como añoranzas de otros tiempos. Es el caso de la producción caprina.
El salario caprino y la producción local
En San Luis el “chivo puntano” tiene nombre propio con reconocimiento local y nacional, pero poco se conoce de cómo se desarrolla ese trabajo y la importancia económica, social y ecológica que representa. En silencio, desde muchos sectores del Estado y de la sociedad, se asiste a la lenta desaparición de la actividad.
La población rural considerada “dispersa” en la provincia es de aproximadamente el cinco por ciento (según datos del censo de 2010 —los datos del censo 2022 aún no se conocen pero se estima que la cifra no ha variado—). La reducción de la población en el campo es multicausal pero refleja la pérdida de potencial del sector agropecuario ya que la disponibilidad de mano de obra es indispensable. Este es el caso principalmente de la actividad caprina, directamente ligada a las familias que crían los animales.
Cerca del 90 por ciento de las familias crianceras buscan otras fuentes de ingreso para sostenerse, como trabajos rurales por cuenta propia o en estancias, empleos provinciales o municipales, planes sociales, pensiones y jubilaciones. Estas tareas quitan tiempo a la actividad caprina pero les garantizan un piso de ingresos. El trabajo extrapredial (fuera de los campos) es consecuencia de la limitación en la tenencia de la tierra o de la posesión de tierras mal llamadas marginales, que son las que tienen las familias de origen campesino e indígena.
La reducción del tamaño de las majadas es consecuencia de la opción por otros trabajos, de los cambios en el uso del suelo y de nuevas ruralidades que entienden de otra manera la actividad caprina.
Según datos del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) de 2019, el stock caprino provincial era de aproximadamente 112.734 cabezas distribuidas en 3500 establecimientos. Eso significa un promedio de 33 cabras por unidad productiva, un tamaño de majada muy inferior a los que pueden aceptar la mayoría de los campos de los núcleos de agricultura familiar (NAF) existentes.
Un salario por Ley para rescatar la actividad caprina
Por todo lo argumentado, desde la Unión de Productores y Productoras Caprinos (Uproc) sostenemos una propuesta para el reconocimiento del sector: el salario caprino. “La idea es que cualquier familia que tenga al menos 50 cabras pueda acceder a un ingreso mensual que le permita desarrollar la actividad dignamente”, explica Fani Funes, integrante dela Uproc.
El ingreso deberá ser igual a dos salarios mínimos y las familias beneficiarias deberán residir en el campo y realizar el pastoreo de las cabras de forma natural. El valor de dos salarios mínimo representa hoy el equivalente al precio de trece chivos. Para promover que la inscripción al salario caprino sea para la mujer rural, se implementará un extra del 20 por ciento para los casos donde se inscriban mujeres.
Según la propuesta legislativa que promovemos, los salarios deberán pagarse con fondos del presupuesto provincial equivalente a dos salarios mínimos para mil familias. También deberá destinarse un 30 por ciento de la partida presupuestaria para el funcionamiento del Equipo Ejecutor, que deberá verificar (año a año) que la producción sostenga las 50 cabras madres necesarias para percibir el beneficio.
Quienes reciban este salario deberán vender al menos el 30 por ciento de su producción a través de los frigoríficos del Estado provincial. Esto generaría una buena instancia para intervenir en el precio del cabrito en favor del consumidor.
La idea surgió de ver cómo los corrales van quedando abandonados en muchas casas y las familias se dedican a otras actividades menos sacrificadas en el campo o buscan otros trabajos.
Insistimos en que el Estado provincial promovió que familias del campo accedan a empleos estatales o planes, desfavoreciendo la actividad caprina.
En diciembre de 2022 presentamos nuestro proyecto de Ley ante diputados provinciales. La respuesta que obtuvimos fue que nos convocarán este año para seguir trabajando sobre el texto de la iniciativa.
Leonardo Janjetic, técnico del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (Inafci) que acompaña a nuestra organización, recuerda que esta propuesta viene desde hace varios años. Y argumenta que “es una forma distinta de apoyar al sector, diferente a que se entreguen materiales o botiquines: es un apoyo directo que reconocería el trabajo y la función social y ecológica que cumplen las familias campesinas e indígenas produciendo y viviendo en lugares muy duros, donde no se pueden desarrollar otras actividades productivas”.
Además del salario es preciso un equipo de técnicas y técnicos idóneos que hagan un seguimiento a las majadas y a las zonas de pastoreo y que se promueva el registro de cabras. “Es una propuesta que ayudaría mucho a las familias que la peleamos en el campo” afirma Funes.
Lucas Romero, un joven productor que integra Uproc, cuenta que el trabajo con las cabras se hace todo el año, pero solo unos meses tienen ingresos (por la venta de cabritos). “Este salario nos permitiría estar más tiempo en el campo y no depender de otros empleos”, afirma.
Julio Irusta, productor de un paraje de las sierras (Cañada del Rincón) donde desaparecieron la mayoría de las familias caprineras, agrega: “Hicimos un proyecto de ley con todas estas ideas y lo llevamos a la Cámara de Diputados de la provincia”.
Los objetivos del salario caprino son reconocer y apoyar la producción de cabras y promover el arraigo. También se busca valorizar el oficio de las familias crianceras, que por la situación de la actividad viven por debajo de la línea de pobreza, y principalmente de las mujeres, que en la dinámica familiar son quienes en general quedan a cargo de esta actividad. Así, el Estado se posiciona para defender un sector vulnerado por el mercado.
El salario caprino debe tener el marco de una política universal, no de un programa, por eso el planteo es que sea una Ley provincial. Entendemos, además, que esta política se debe impulsar a través de las organizaciones del sector. Es decir, que haya un reconocimiento a aquellas familias que hacen un esfuerzo para estar organizadas.
Unirse para defender la economía local
La Unión de Productores y Productoras Caprinos (Uproc) trabaja desde hace diez años en la zona noreste de San Luis, en las sierras centrales que abarcan parte de los departamentos Junín, Chacabuco y San Martín. En el transcurso del andar maduramos y debatimos esta propuesta entre 50 familias dedicadas a la cría de cabras. A partir de la organización colectiva, hoy contamos con algunos silos y maquinaria comunitaria e hicimos experiencias de venta en conjunto de chivos, cueros. Actualmente comercializamos leche de cabra junto al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
Aprendimos esta labor de nuestra madre o padre: la cría de caprinos es una actividad que se transmite de generación en generación. Es, tal vez, la formación de oficio más barata que exista. Sería prácticamente imposible enseñar en una institución pública todo el conocimiento del pastoreo de majada y de los manejos necesarios en los campos de monte nativo. Por esto, los productores y las productoras que existimos actualmente somos el resguardo de una actividad con un alto valor cultural, de compatibilidad ambiental y económica.
Por ejemplo, casi siempre la actividad caprina se complementa con la bovina porque las dos especies tienen distintos hábitos de pastoreo. Pero cuando las cabras desaparecen, los campos se comienzan a cerrar de monte y baja la superficie que pueden aprovechar los bovinos. Esto genera un bajo rendimiento de esas superficies en la cantidad de kilos de carne vacuna que potencialmente se pueden producir.
Otro aspecto a tener en cuenta es que las modificaciones atmosféricas, que son consecuencia de la sobre-explotación capitalista de los bienes comunes, hacen cada día más impredecible el clima. Frente a esto, las cabras tienen una mayor capacidad de adaptación debido a su rusticidad. Los Estados que logren desarrollar políticas estables para preservar esta actividad tendrán una fuente de proteína animal barata para ofrecer a la población.
Nuestra organización es fruto de muchas charlas en los parajes y de ir reflexionando sobre por qué se va achicando el sector caprino: porque se buscan trabajos menos sacrificados y porque se presentan otras producciones como exitosas o más importantes. Y creemos que el Estado tiene una responsabilidad en eso. Una propuesta como el salario caprino sería un reconocimiento histórico al trabajo de tantas familias, que las familias puedan permanecer en los territorios rurales y, también, una forma de sostener a quienes ya desarrollamos la actividad productiva.