La problemática del narcotráfico en la capital santafesina de Rosario escala en lo político y lo mediático. Ahora, la sociedad se debate entre las diferentes maneras de abordar el asunto.
Nota al Pie dialogó con Leandro Ocón, especialista en ciberdefensa, sobre el rol del instrumento militar y policial, la situación internacional del narcotráfico y posibles abordajes de la situación.
¿Cuáles son las propuestas de la dirigencia política para abordar la situación del narcotráfico en Rosario?
Estamos ante un escenario bastante atomizado, en el sentido que las fuerzas políticas hoy no parecen tener un discurso muy unificado, pero sí estamos frente al clásico debate en relación a la legalización: cuánto legalizar, cuánto no legalizar y cómo hacerlo. Hay posturas más liberales que apuntan a la responsabilidad individual y otras más conservadoras que buscan prohibir todo. Y en el medio tenés un montón de grises.
Cuando hablo de la legalización me refiero tanto a la ilegalización como a la legalización, como si fuera un espejo. Porque, en definitiva, estamos hablando del comercio de bienes y servicios ilegales, en este caso de narcóticos. Entonces todo lo que vemos es el comercio ilegal de drogas que afectan el sistema nervioso central y fundamentalmente lo que ocurre alrededor de eso: la violencia y la corrupción.
El fenómeno del crimen organizado en la que se llama “la Chicago argentina” tiene que ver con el fracaso de un tipo de gestión que en la Argentina no tiene que volver a ocurrir. Que el Estado pretenda dos cosas de manera simultánea: no dejar delegar en la policía la gestión, y por el otro lado una gestión del Estado un poco permisiva de cómo se tiene que gestionar el crimen organizado. Una especie de dialogismo.
Cuando le perdés el control a ambos lados, pretendés dialogar, tener una posición más dialoguista. Y si perdés el control en la policía lo que va a suceder naturalmente es darle más poder a un actor que lucra con bienes y servicios que están prohibidos.
Entonces para abordar todo lo que tiene que ver con el narcotráfico inicialmente en la Argentina, hay que ver varias cosas.
Número uno: ¿qué está prohibido y cómo está prohibido? Número dos: ¿cómo funciona realmente ese comercio? Porque lo que termina pasando es que el narcotráfico aparentemente ocurre solamente en las villas y lugares más humildes, como si la gente de clase alta no consumiera drogas. Y por el otro lado, se pretende que ahí se corte de cuajo con una respuesta violenta a la violencia.
Uno de los grandes acuerdos con la restauración democrática en Argentina es la separación de las fuerzas armadas de la seguridad interior. ¿Por qué crees que vuelve a ponerse en cuestionamiento esta situación?
La misión prioritaria de las Fuerzas Armadas es la defensa ante agresiones externas de origen estatal. Después tiene misiones secundarias, entre las cuales se ubican las tareas de apoyo a la comunidad.
Esto lo vimos por ejemplo en la pandemia cuando, por ejemplo, la Fuerza Aérea colaboró logísticamente proveyendo transporte para llevar vacunas de un lado a otro. O en el Ejército cuando servían comida, viandas o instalaban carpas o infraestructura para vacunar en zonas donde no llegaba el Estado, donde no habían hospitales.
El decreto del presidente definió reforzar este elemento porque las fuerzas tienen un arma conocida como “arma de ingeniería”. Dichos profesionales tienen muchas capacidades en el desarrollo de infraestructuras, que es aparentemente lo que falta.
Lo que vemos acá es el cortocircuito que se produce porque todas las tareas de seguridad le corresponden, en realidad, a las provincias porque nosotros vivimos en un país federal.
Ahora bien, el narcotráfico es un crimen federal. Pero para usar las fuerzas nacionales primero hay que demostrar que se está cometiendo un delito de dicho carácter. Entonces ahí estamos teniendo algunos problemas, quizás con la inteligencia criminal, con la Policía Federal Argentina. A lo mejor, no estamos dotados de las suficientes capacidades en este tipo de instrumentos como para colaborar en todo lo que ocurre en un territorio provincial.
Vos propones que el abordaje de la situación sea a partir de la inteligencia. ¿Qué significa eso? ¿Argentina tiene condiciones objetivas para hacerlo?
Planteo que Argentina revea su andamiaje legal con respecto al narcotráfico y las drogas en general, que no deja de ser un problema de salud. Nos debemos un debate serio sobre los laboratorios productores, los esquemas prohibitivos, etcétera.
En el ámbito de lo que tiene que ver con específicamente el instrumento, asumiendo que existen drogas ilegales, se combate con la cabeza. Lo que se está cometiendo es un delito de vender cosas que no se pueden vender. Entrar con un tanque a una villa y volarlo todo en mil pedazos me parece una brutalidad total. Acá lo que se está cometiendo es un ilícito por el comercio de cosas que son ilegales.
Lo que hay que preguntarse es dónde se produce ese comercio y quién lo garantiza. Porque lo que vas a terminar agarrando es a quien vende y no a quien produce. El grueso del problema se expresa en que aquella persona que está vendiendo droga en un barrio de bajos recursos es habilitado por alguien. Si existe en un barrio donde el Estado no puede llegar es un problema de urbanización estatal en zonas vulnerables de gente que vende droga.
Cuando hablamos de inteligencia implica que uno tiene que generar una capacidad de rastrear e investigar de forma profunda y estructural lo que está pasando. Porque agarrar a quien vende paco en la villa es reproducir junto al poder policial los esquemas de desigualdad social que existen en la Argentina.
Otra cosa es tener personal que se meta en las mafias corruptas involucradas en las altas esferas de poder. Cuando uno investiga un delito tiene que construir pruebas, tiene que ir aumentando la cadena de la producción y en los poderes que están en juego tiene que ir subiendo en la en la escalera del poder.
El narcotráfico sucede en todo el mundo, sobre todo en los países más desarrollados. De hecho la mayoría de la cocaína que ingresa por Europa entra por la sede de la Unión Europea (UE). La única diferencia es que allí el Estado tiene mayor control de las desigualdades sociales porque llega a todas partes. Acá lo que tenemos es brotes de violencia producto de la desigualdad social y un Estado que no alcanza a todo su territorio.