Por Lucía Guadagno
La empresa Bioceres anunció que el trigo transgénico HB4 ya se consume en la Argentina al afirmar que unos 25 molinos lo procesan junto al trigo convencional. No hay forma de saber qué productos contienen el primer trigo transgénico del mundo —que va acompañado con el agrotóxico glufosinato de amonio— porque el gobierno nacional lo aprobó sin restricciones y porque en el país no existe la obligación de etiquetar los alimentos elaborados con transgénicos, como sí ocurre en Brasil, entre otros países. El Poder Judicial sigue sin resolver si suspende su cultivo.
En los últimos dos años Argentina se convirtió en el primer país del mundo en aprobar y consumir trigo transgénico pese a los numerosos reclamos, denuncias judiciales y hasta una medida cautelar que ordenó suspender su liberación en la provincia de Buenos Aires (medida judicial que aún no está firme). Uno de los molinos que confirmó que procesa el trigo HB4 —desarrollado por Bioceres en asociación con el Conicet— es La Esmeralda, de Santa Fe. En una presentación realizada ante la prensa, el lunes último, ejecutivos de Bioceres afirmaron que al menos otras 25 industrias molineras ya lo procesan.
El evento, en el que la empresa también dio a conocer cifras propias sobre los supuestos rindes del cultivo, trascendió a partir de la publicación en varios medios, entre ellos el portal Bichos de Campo. Poco después, la empresa —que cotiza en la Bolsa de Nueva York y cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman— subió a su canal de YouTube parte de la presentación.
Ante esta noticia, la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (Sanar), denunció que el gobierno nacional, en lugar de proteger y cuidar la salud de la población, prioriza los intereses empresariales. “Se comunican novedades en la alimentación de la mano de avances tecnológicos pero estos avances no son para mejorar la calidad de los alimentos o sumar algún tipo de control”, señaló Ignacio Porras, integrante de Sanar. “Al contrario, es un desarrollo tecnológico que viene de la mano de un paquete de venenos.”
El trigo transgénico HB4, cuyo cultivo fue aprobado en octubre de 2020 y su comercialización en mayo pasado, es —según la publicidad de la empresa— tolerante a la sequía. Y su cultivo va acompañado de glufosinato de amonio, un herbicida cinco veces más tóxico que el glifosato. “Hay una grupo muy grande y muy vulnerable de la población que no puede elegir qué comer en nuestro país y termina consumiendo estos productos”, advirtió Porras. “Quienes tenemos el privilegio de poder elegir, deberíamos poder tomar medidas de boicot, como se hace en otros países, para manifestar nuestro rechazo”, destacó.
Asambleas vecinales y organizaciones socioambientales de Argentina y de otros países latinoamericanos expresaron su rechazo al trigo HB4 desde su primera aprobación, en 2020. También lo hicieron más de 1000 científicos del país, en una carta en la que denunciaron los impactos en la salud y el ambiente del modelo de producción con transgénicos y agrotóxicos.
El trigo HB4 con causas pendientes en el Poder Judicial y sin control del Poder Ejecutivo
Ante la Justicia Federal, tanto el Centro de Exportadores de Cereales como la Federación de Acopiadores (que agrupan a las principales empresas nacionales y multinacionales agroexportadoras), exigieron que se suspendan las autorizaciones del trigo transgénico HB4 por haberse realizado de forma irregular, poco transparente y sin consulta pública. Este sector teme perder mercados internacionales, donde los consumidores no aceptan el cereal modificado genéticamente.
“Estamos todos caminando sobre el filo de un cuchillo”, advirtió Fernando Rivara, de la Federación de Acopiadores. “A diferencia de otros granos, como la soja o el maíz, los consumidores en el mundo no aceptan el trigo transgénico”, afirmó. El dirigente explicó que las grandes exportadoras, como Dreyfus y Cargill, hacen análisis de las cargas de cereal antes de enviarlas al exterior. Pero considera que eso no es suficiente. “Si algunos granos de trigo HB4 llegan a otros países, barcos enteros van a ser rechazados. Y el daño no es sólo para las exportadoras, sino para toda la sociedad, porque el trigo argentino va a ser castigado”, sostuvo.
Al mismo tiempo, Rivara consideró que el trigo HB4 se aprobó mediante un proceso poco transparente y señaló: “Bioceres dice que son 25 molinos (los que procesan el trigo transgénico), pero pueden ser cinco o pueden ser 50, no es posible saberlo”.
Hasta octubre pasado el Instituto Nacional de Semillas (Inase) fue el encargado de controlar que el trigo HB4 no se mezclara con otros convencionales. Sin embargo, luego de que el entonces Ministerio de Agricultura, a cargo de Julián Domínguez, autorizara la comercialización del transgénico —mediante la resolución 27/2022, publicada el 12 de mayo—, el Estado dejó de realizar esa tarea. “Al estar liberado el evento (transgénico) no se requiere control ni fiscalización de confinamiento alguno ya que el mismo puede producirse y comercializarse sin restricciones”, informó el Inase ante un requerimiento judicial.
A las denuncias de acopiadores y exportadores se suman otras dos demandas en el fuero federal. Una fue presentada por productores agroecológicos. La otra es un planteo dentro de una causa mayor, conocida como «Fany Giménez», que exige la suspensión de todos los cultivos transgénicos. En esa causa, en mayo pasado, el fiscal federal Fabián Canda volvió a pedir al juez Santiago Carrillo que suspenda de manera urgente la autorización del trigo transgénico por “los perjuicios irreparables” que puede causar a la salud y al ambiente.
Canda advirtió que el proceso de aprobación violó, entre otros, el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que establece que ante la posibilidad de un daño grave o irreversible deben tomarse medidas eficaces para impedirlo, aunque haya dudas o se argumente falta de información.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires — en julio último—, el juez de Mar del Plata Néstor Adrían Salas ordenó suspender el uso y liberación del trigo HB4 en todo el territorio provincial. Fue tras una presentación realizada por un colectivo de organizaciones, productores y pueblos indígenas, acompañada por la ONG Naturaleza de Derechos. La medida todavía no está firme: se espera del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.