El juicio por la muerte de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado por su progenitora y la novia de esta, centró la atención en el accionar de quienes deben velar por los derechos de las infancias. Quiénes deben hacer cumplir las leyes y por qué no lo hacen fueron las preguntas más resonantes de la última semana.
La muerte de Lucio fue la más mediática, pero no la única. En Merlo, una mujer llevó a su hija muerta al hospital y dijo que se cayó de la cama, pero la autopsia reveló que la habían matado a golpes. En La Pampa un bebé de un año, en guarda con su padre, fue internado en terapia intensiva tras recibir una golpiza. Además, les padres de un bebé de 2 meses fueron detenides en La Plata tras someterlo a torturas y golpes.
Sara Barni, fundadora y directora de Red Viva, cuestionó que “no son escuchadas las infancias”. Al respecto, aseguró: “No hemos encontrado un lugar donde vos hagas la denuncia de la vulneración de derecho y se cumplan las leyes. Los profesionales no se meten”.
Derechos vulnerados
Las niñeces tienen derechos resguardados mediante la Ley 26.061. A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño ha propuesto la construcción de un Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como ámbito de intervención para la prevención, detección y restitución de sus derechos vulnerados.
Sin embargo, los casos conocidos en el último mes evidencian la fragilidad del funcionamiento de las instituciones. Al respecto, Barni explica que “nadie se quiere meter en el tema de la niñez. Está muy instalado el estereotipo de la madre loca”. Además, denuncia: “Nosotras llevamos peritos, médicos, abogados, organismos de derechos humanos y nuestra palabra no vale”.
Dentro del rol de les trabajadores, la fundadora de Red Viva cuestionó que “los peritos no están para cuestionar a los niñes, están para ayudarlos”. También describió que “una Cámara Gesell tiene valor testimonial. No puede ser para juzgar el comportamiento de los menores”.
Sobre la organización
Sara contó que la ONG Red Viva está “acompañando en todo el país 1600 causas de abuso sexual y violencia”. Dentro de sus tareas acompañan madres y hacen nexo con el Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de la Nación.
La asociación está conformada por víctimas o madres de víctimas. Sara denuncia que en la mayoría de los casos que acompañan “lo primero que buscan en los juzgados de familia es desacreditar a las madres y hacerles informes de que son incapaces de maternar”.
Dentro de los principales casos con mal accionar de los organismos estatales, Sara mencionó a la Niña Sol. Durante todo el mes de enero una psicóloga denunció la vulneración de derechos de la nena y no hay un organismo que investigué o cambie de tutor la tenencia.
“Es mentira que vos podes ir a denunciar una vulneración de derechos de los menores”, explica Barni. A la vez, menciona que muchas veces sucede, como en el caso de León, que “dicen que la madre está loca, y con eso a vos te sacan a tus hijos. Hay profesionales que constatan el abuso pero de todos modos la loca siempre es la madre”.
Más allá de las instituciones que deberían proteger a les menores, la fundadora de Red Viva asegura que “no hay donde denunciar”. Y agregó que “no hacen nada, y si vos te los llevas te meten presa”, haciendo hincapié en el caso de Arcoiris. “No hay un poder judicial que proteja a las infancias”, afirmó.
La violencia a las infancias en cifras
Según Unicef y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, el 59% de niñes y adolescentes vivieron situaciones de violencia antes de los 14 años. Además, el 42% sufrió violencia física y el 52% recibió agresión psicológica.
Según la Organización Panamericana de la Salud, a nivel mundial, 1 de cada 2 niñes de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se estima que el 58% de les niñes en América Latina sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año.
Por su parte, las llamadas a la línea 102 aumentaron en 2022. Esta línea es un dispositivo federal del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes creada en 2009.
Durante 2022, la línea registró un aumento de 10% sobre 2021, ya que recibió 21.390 consultas referidas a situaciones de violencia. Del mismo modo, el 43% de las llamadas las realizan personas adultas.
En cuanto a los agresores, el 62,1% son hombres; y el 53,8 por ciento son los padres. Si hablamos de violencia sexual, les agresores son 81,1% masculinos. El 56,5% de niñes y adolescentes víctimas fueron abusades sexualmente por un familiar y el 24% por el padre biológico.
Están las leyes, falta cumplirlas
A raíz del crimen de Lució Dupuy, un grupo de diputades presentó el proyecto de ley Lucio. La iniciativa, que ya tiene media sanción, dispone la instrucción obligatoria para todas las personas que ejercen la función pública en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La ley establece que el Ejecutivo y el Judicial actuarán articuladamente para la creación de un protocolo que establezca las formas de actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y jueces con competencia en familia. Barni explicó que “el problema no es que no haya leyes, sino que no las hagan cumplir”. Del mismo modo, aseguró que “nadie hace cumplir las leyes. Si vos no las cumplís, no pasa nada”.
Al respecto, mencionó que muchas veces la sanción mayor para los jueces es quitarle un porcentaje de su sueldo hasta que deciden jubilarse con la totalidad de sus aportes. Y eso “no tiene ningún costo para ellos”.
La fundadora de Red Viva criticó que “falta decisión política de hacer cumplir las normas”. “Los pibes no le importan a nadie. Si los chicos votaran ahí sí habría leyes para ellos, pero como no tienen ni voz ni voto no pasan ni presupuesto”, concluyó.