Esta semana, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) anunció su respaldo a la demanda penal que la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM) presentó contra Rappi. En la denuncia, efectuada el 15 de diciembre de este año, el gremio argentino de delivery acusó a la empresa por presunto lavado de activos.
Actualmente, esta federación agrupa a 732 sindicatos del transporte de 153 países y representa a más de seis millones de trabajadores declarades. Acerca de la problemática de les repartidores argentines, la ITF emitió un comunicado donde cuestionó a la empresa por la precarización laboral a la que somete a sus dependientes.
“Es fundamental que la justicia investigue, ya que Rappi ya fue denunciada por varios países de la región por fraudes, como precarización laboral y evasión fiscal”, expresaron desde la Federación.
El documento también denuncia a estas plataformas digitales al considerar que “retrotraen el trabajo al siglo XVIII bajo la premisa de modernidad” y que “esconden precarización y edulcoran con estrategias de marketing”.
Además, en conversación con Nota al Pie, desde la ITF remarcaron que “ninguna cuestión de oportunidad laboral tiene que estar por encima de la legislación; invocando la precarización o convirtiendo a trabajadores en monotributistas”.
Los reclamos de les trabajadores
Gonzalo Ottaviano, trabajador de delivery y miembro de ASIMM, contó a Nota al Pie que el conflicto con Rappi data desde hace mucho tiempo. Incluso, en 2018 el gremio se dirigió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para denunciar que había trabajadores sin registrar y que no se pagaban los aportes correspondientes a la Ley de Contrato de Trabajo.
No obstante, lejos de obtener una respuesta de la empresa o del Ministerio de Trabajo de Nación (con quienes conversaron en reiteradas ocasiones), les repartidores emitieron una nueva demanda. La denuncia, presentada en la Unidad de Intervención Temprana (UFE) el 15 de este mes, tiene que ver con el lavado de activos por parte de Rappi.
Según detalló el repartidor, “la empresa se desvincula de los trabajadores diciendo que son monotributistas, pero nosotros encontramos que hay varios compañeros que no lo son”. Por otra parte, notaron que otra porción de repartidores sobrefacturaban para una empresa llamada “Gestorando”, la cual no contaba con un domicilio existente.
También descubrieron que había una tercera sociedad (“Pago 46”) encargada de recolectar el dinero en efectivo que Rappi tiene en la calle. Sin embargo, esta empresa a pesar de contar con un domicilio legal, no cuenta con registros que puedan validar su autenticidad.
“Rappi argumenta que es un negocio que tiene márgenes muy pequeños y que ese es uno de los problemas a la hora de registrar a sus trabajadores, pero resulta que hay un montón de empresas en el medio”, dijo Ottaviano.
Las controversias de Rappi
Al respecto de las demandas, la plataforma de delivery intentó justificarse al argumentar su función en el país desde el año 2018 y “la generación de oportunidades económicas” que representó.
“No es nuevo que sectores contrarios a la innovación promuevan denuncias y ataques inconducentes contra la industria de las nuevas tecnologías para dañar la reputación de las compañías que la integran y perjudicar la actividad del ecosistema”, expresa el escrito.
Por su parte, en relación al comunicado de la patronal, el secretario regional de la ITF, Edgar Díaz, declaró: “Es violento observar cómo una empresa que aplica políticas antisindicales fuertes y no dialoga con los sectores gremiales de la región. Se planta como generadora de empleo legal, cuando en realidad precariza y obtiene ganancias a costa del pedaleo o manejo de motovehículos”.