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Llegando a la recta final del 2022, a pocos días de iniciar un nuevo año, podemos decir que Perú atravesó el diciembre más difícil y trágico de los últimos años. La destitución del presidente Pedro Castillo, hace tan solo 21 días, agudizó la crisis política e institucional del país andino e inició una cadena de protestas populares en todo el país.
La nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte, asumió el cargo con el respaldo del poder concentrado peruano, pero sin la legitimidad democrática que otorga únicamente la soberanía popular. ¿Cuál fue la respuesta de la cuestionada mandataria peruana frente al descontento social? La declaración del Estado de Emergencia en varios puntos del país y una brutal represión.
Desde la toma de posesión de Boluarte, según datos del Ministerio de Salud de Perú, 20 personas fallecieron debido a la represión de las fuerzas de seguridad y otras 7 a causa de accidentes viales o hechos relacionados a los cortes de ruta. La militarización del país, la persecución política a simpatizantes de Castillo y la indiferencia política frente a los reclamos populares evidenciaron la deriva autoritaria del nuevo gobierno.
En este marco, Nota al Pie dialogó con Juan Quispe Rojas, periodista peruano, quien expresó que “la situación es crítica y hay una crisis tanto política como social”. De esta manera, Rojas indicó que en el país andino “el pueblo movilizado esta siendo reprimido y se están violando los Derechos Humanos”.
Tras la tregua, el reinicio de las movilizaciones
Con motivo de las fiestas de fin de año, en los últimos días Perú vive un respiro de las movilizaciones populares. Las organizaciones sociales y sindicatos, espacios que se encontraban a la cabeza de las protestas, le otorgaron una tregua al gobierno de Boluarte y el Poder Ejecutivo obtuvo una relativa calma.
Sin embargo, a pesar del pedido de la mandataria peruana de extender la bandera blanca más allá de las fiestas de fin de año, el reinicio de las protestas es una realidad que tiene fecha propia. La región del Puno, a través del Comité Colegiado de Organizaciones Sociales y Populares de Puno, anunció un paro indefinido y una marcha hacia Lima el próximo 4 de enero.
Del mismo modo, según información de medios locales, se espera que más regiones del sur se sumen en los próximos días. Para Jesus Quispe Rojas, quien remarcó que en esas regiones se encuentra la base social de Castillo, en el sur de Perú “hay personas que se manifiestan y protestan en defensa del mandato popular”.
En ese sentido, según precisó el comunicador peruano, la zona sur del país andino “es quien más está resistiendo” y en Lima, donde se concentra un tercio de la población del Perú, “eso no estaría sucediendo”. Asimismo, Rojas señaló que además de violaciones a los DDHH, en Perú se vive una persecución política. “La división contra el terrorismo intervino en varios locales y cada movilización que hay la vinculan con el terrorismo”, afirmó el periodista.
Las principales reivindicaciones
El 2023, o por lo menos su principio, se espera un Perú igual de conflictivo e inestable. Como venimos relatando en Nota al Pie, la crisis política de Perú no empezó con la destitución de Castillo sino que data de mucho antes. El desenlace del gobierno del ex docente y sindicalista peruano agudizó la conflictividad social, política e institucional de un país que durante 7 años tuvo 6 presidentes.
No obstante, a pesar de la heterogeneidad de problemas forman parte del actual escenario de crisis, existen algunos denominadores comunes entre las reivindicaciones populares que se vieron durante este mes. Según Rojas, los reclamos que unifican a los sectores movilizados son “la liberación de Pedro Castillo y la renuncia de Boluarte, a quien consideran una traidora”.
En este contexto, el periodista peruano afirmó que otra de las consignas principales es el cierre del Congreso. “El 85% de la población, según encuestas, dice que está cansado del Congreso y que este no lo representa. Eso da un pantallazo del pedido”, advirtió Jesus Quispe Rojas.
De la misma manera, según el comunicador del país andino, otro de los reclamos aglutinadores es el de las elecciones anticipadas para el 2023. Para Rojas, luego de que Baluarte explicitara su intención de continuar hasta junio de 2026, “la presión popular logró que tuviera que dar marcha atrás”.