El pasado lunes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última gran guerrilla de Colombia, declaró un cese al fuego unilateral desde el 24 de diciembre hasta el próximo 2 de enero.
Mediante un video, el ELN remarcó que la medida solo cubre a las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y precisó que el objetivo es contribuir a la paz durante las festividades de finales de año.
Un día más tarde, además, la organización militar levantó el paro armado que aplicaba en el Departamento de Chocó y en algunas zonas del Valle del Cauca. El gobierno colombiano reconoció los gestos del ELN y Gustavo Petro, a través de Twitter, sostuvo que “la Fuerza Pública estará apoyando a la población civil del Chocó y el Valle con acciones humanitarias”.
En el marco del cese al fuego y luego de haber retomado los Diálogos por la Paz interrumpidos en el 2019, Petro culmina el año con muestras de buena voluntad por parte de las organizaciones armadas de Colombia. El plan “Paz Total”, una de las promesas de campaña más importantes del Pacto Histórico, da sus primeros resultados.
Conversaciones encaminadas
Las noticias que alimentan la ilusión de un horizonte de paz para el pueblo colombiano son la consecuencia de la primera parte de las conversaciones entre el gobierno y el ELN. El pasado 12 de diciembre, en medio de la fiebre mundialista que vivió el mundo, se produjo en Caracas la culminación de las primeras negociaciones entre las partes.
Tras 21 días de conversaciones, con el compromiso de retomarlas en México durante el primer trimestre de 2023, ambas delegaciones realizaron una declaración conjunta. En ella no solo destacaron que los diálogos “son una luz de esperanza” sino que, asimismo, informaron sobre los consensos alcanzados.
El primero de ellos es un acuerdo sobre la agenda de los diálogos. Según informaron las partes, el modelo base será la agenda acordada en el año 2016 con modificaciones en relación al contexto internacional.
Por otro lado, el segundo punto fue la institucionalización de la Mesa de Diálogos por la Paz, donde se establecieron “reglas claras” para ambas delegaciones y donde discutió el apoyo de la Comunidad Internacional (CI).
En tanto que en relación al tercer punto, al reconocer la grave situación de violencia, hubo un acuerdo para las acciones humanitarias que se desarrollarán para las localidades de Bajo Calima y Medio San Juan.
Finalmente, el último acuerdo alcanzado es la realización de un plan de trabajo, tanto en el aspecto pedagógico como comunicacional, para “fortalecer y ampliar el apoyo y la participación de la sociedad colombiana y de la CI en el proceso de diálogos”.
Paz total, la obsesión de Petro
En octubre, Gustavo Petro alcanzó un paso fundamental para poder desarrollar su agenda de gobierno: la aprobación de la Ley de Paz Total. La normativa le concede al gobierno colombiano las facultades para poder negociar con todos los sectores armados y le dio el marco legal para poder hacer de la búsqueda de la paz una política de Estado.
De esta manera, el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia tiene el titánico desafío de terminar con el enorme derramamiento de sangre que sufre el país latinoamericano desde hace décadas. Un derramamiento de sangre que, a pesar de las políticas de Petro y su decisión de alcanzar la paz, todavía no ha frenado.
Según uno de los recientes informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año se registraron 94 masacres en 23 departamentos del país que tuvieron como saldo 322 víctimas.
El organismo, a su vez, comunicó que este año 184 líderes sociales y 38 ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmantes del acuerdo del 2016 fueron asesinades.