Les vecines y asambleístas en contra del Proyecto MARA fueron reprimides una vez más. Este jueves 15 se encontraban registrando, de forma audiovisual, el paso de máquinas, insumos y operarios hacia el yacimiento Agua Rica, en Minas Capillitas. Este recambio se realiza cada 15 días en la subida del cerro. La policía provincial respondió con alrededor de 10 disparos de bala, hiriendo a dos vecines de Choya, del municipio de Andalgalá.
Proyecto MARA
La megaminería continúa avanzando en Catamarca a pesar de no contar con licencia social. El proyecto MARA es el resultado de la integración finalizada en diciembre de 2020 del proyecto Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera. Pertenece a la empresa canadiense Yamana Gold. Actualmente realizan tareas de exploración para comprobar la factibilidad de la extracción de diversos minerales.
Por su parte, la Asamblea El Algarrobo, en Andalgalá, sostiene que esta actividad no sólo es contaminante y perjudica los cursos de agua de la zona, sino que es inconstitucional. La ordenanza 029/16 determina la “prohibición de la megaminería metalífera extractiva a cielo abierto y de las actividades de exploración y/o explotación de uranio y torio, en cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá”. Si bien la Corte Suprema de Justicia falló a favor del pedido de la Asamblea de cerrar la minera, el Tribunal Superior de Catamarca lo desconoció y dio luz verde al Proyecto MARA.
Más represión a les vecines de Andalgalá
No es ninguna novedad que les vecines y asambleístas del municipio de Andalgalá, en el oeste de Catamarca, reciban represiones de parte de la policía provincial. Esta vez, quienes participaron del acampe en la entrada de la minera recibieron disparos de bala mientras trataban de registrar de forma audiovisual cómo es el recambio de operaries, máquinas e insumos.
El comisario general de la Regional N° 4, Dimas Eduardo Ferreyra estuvo al mando de esta represión. Luego de la balacera se sumaron unos 30 uniformados encapuchados y con escudos antitumultos con el fin de proteger las máquinas que continúan perforando ilegalmente el cerro y privando de agua a lxs pobladores de Choya, y atemorizar a mujeres y hombres desarmadxs, que sólo están defendiendo sus derechos humanos básicos”, informaron desde la Asamblea El Algarrobo con un comunicado.
Ana Chaile, integrante de la Asamblea, informó a Radio Estación Sur, de la capital provincial, que “las dos personas decidieron no acudir al hospital ni realizar la denuncia en fiscalía ya que temen ser identificadas y perseguidas posteriormente”. “Conocemos el accionar del poder judicial y de la policía de Catamarca en esta dictadura megaminera donde la balanza está claramente inclinada a favor de intereses corporativos y no para garantizar los derechos humanos que las personas y los pueblos poseemos”, agregó.
En búsqueda de respuestas
Chaile denunció también que luego de la balacera los policías realizaron un rastrillaje por la zona “para ocultar evidencia de esos repetidos e injustificados disparos contra personas que se encontraban desarmadas”. “Esto significa que no hay licencia social para la megaminería. Responsabilizamos al gobernador Raúl Jalil y exigimos respuestas porque en este pueblo se ha cortado la paz social y esta escalada de violencia lo demuestra”, añadió.
“Esperamos acciones concretas del intendente Eduardo Córdoba y lxs concejales: ante estos hechos de violencia y el quiebre de la paz social NO pueden seguir mirando para otro lado. Está en juego nuestra agua, nuestra vida. Aquí, en las calles, se juega la verdadera final”, exigieron desde la Asamblea.