En el día de ayer, el Parlamento chileno, con la participación de casi todos los partidos con representación parlamentaria, acordó iniciar un nuevo proceso constituyente. De esta manera, la dirigencia política encauza un deseo popular que, a pesar del rechazo a la anterior propuesta, todavía sobrevive en Chile.
Ese deseo es ni más ni menos que reemplazar la antigua Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El acuerdo dispone la creación de un órgano llamado Consejo Constitucional que, al igual que la anterior Convención, tendrá como como objetivo redactar la propuesta para una nueva Constitución.
El espacio contará con la participación de 50 personas electas por votación democrática y deberá ser respaldado por un partido político. Por otro lado, habrá una Comisión Experta de 24 personas: 12 designadas por el Senado y 12 por la Cámara de Diputades.
El órgano sentará las bases del proyecto de un nuevo texto y el trabajo continuará en el Consejo Constitucional. La agenda comienza a principios de año con el funcionamiento de la comisión y en abril la votación popular para elegir al consejo. El 26 de noviembre, a su vez, se prevé la realización del referéndum para votar la nueva Constitución.
Un acuerdo que trae consecuencias para Chile
Llegar al consenso necesario para iniciar un nuevo proceso constituyente no fue fácil. Tras meses de negociaciones, el oficialismo necesito de los votos de la derecha para cerrar un acuerdo que es reconocidamente distinto a el primer intento por cambiar la Carta Magna.
Los motivos del radical cambio se desprenden, al menos, de tres factores concretos. El primero, como dijimos, es que el pueblo chileno sigue prefiriendo la redacción de una nueva Constitución.
El segundo, asimismo, es el masivo rechazo de ese mismo pueblo al primer proyecto de un nuevo texto constitucional, que preveía en Chile cambios estructurales. El último, el impulso recobrado por la derecha, su necesaria inclusión para evitar una parálisis política y, al mismo tiempo, la debilidad del gobierno de Gabriel Boric.
El nuevo proyecto, casi con seguridad, será profundamente distinto a la anterior propuesta y desistirá de la modificación de cosas estructurales. El funcionamiento, a pesar de ser un mecanismo democratico, limita la representatividad y la posibilidad de tocar los intereses de los poderosos.
El resultado, que tendrá que validarse con un referéndum, será una Constitución con menos derechos consagrados que los que preveía su fallida predecesora. No obstante, el presidente chileno, Gabriel Boric, sostuvo al anunciar la noticia con representantes de su gobierno y del Congreso Nacional que el paso es “decisivo para un nuevo pacto social”.
El presidente de raíz progresista, a su vez, calificó al inicio del proceso constituyente como “una segunda oportunidad” y remarcó que desea que ello encamine a Chile a ser un país más justo y democratico.
La extrema derecha, en contra de la nueva Constitución para Chile
El ex candidato presidencial, Jose Antonio Kast, declaró su rechazo público al inicio de un nuevo proceso constituyente. El líder del Partido Republicano, partido que se manifestó en contra del acuerdo alcanzado, sostuvo en conversación con The Times en Español que la iniciativa “no es una segunda oportunidad, es un segundo error”.
Kast, que es defensor de la herencia pinochetista y simpatizante de su dictadura, afirmó que la equivocación es cometida interesadamente por quienes prometieron una nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019. “Desde ese día, Chile es más inseguro, más violento, y no se solucionado ninguna urgencia social”, indicó el dirigente de extrema derecha.
Por su parte, las 14 fuerzas que estuvieron en las negociaciones, desde los conservadores y neoliberales hasta el Partido Comunista, celebraron, con matices, la llegada de un acuerdo que pone fin a la incertidumbre. De esta manera, el 2023 aguarda una agenda política cargada para Chile, en donde el pueblo del país vecino espera definir de manera concreta la posibilidad de poseer una nueva Constitución.