La Cámara en lo Criminal y Correccional de 10° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó al sargento Ramón Carlos David Cano, acusado de no tomar denuncias por violencia de género. En un contexto donde una mujer es asesinada cada 37 horas, se renueva la pregunta por la perspectiva de género y la implementación de la Ley Micaela dentro de las Fuerzas de Seguridad.
El imputado cumplía la función de auxiliar de la Dirección de Policía Judicial en la comisaría de Salsipuedes. Según la acusación, en tres oportunidades se negó a recibir una denuncia presentada por una mujer en contra de su expareja por episodios de violencia de género. La causa se inició por la investigación de la fiscal de violencia de género Bettina Croppi.
La condena por unanimidad dictaminó la pena de dos años y cuatro meses de prisión por el delito de abuso de autoridad reiterado. También se le impuso una inhabilitación especial para ejercer la función policial durante el doble tiempo, es decir, por cuatro años y ocho meses.
Más allá de las consecuencias para el acusado, el tribunal recomendó a la Jefatura de Policía de la Provincia que extreme las medidas para que les integrantes de la fuerza conozcan y cumplan el protocolo de actuación policial aprobado por el Ministerio de Justicia y se capaciten bajo la Ley Micaela.
El mal accionar policial
Esta no es la primera vez que un policía no toma una denuncia. Semanas atrás, en Tucumán, cinco policías fueron removidos por no tomar una denuncia a una mujer en situación de violencia de género. Luego, esta se quitó la vida.
El Gobierno tucumano resolvió remover a la cúpula policial que prestaba servicio en una comisaría de Trancas, en el norte provincial y limítrofe con Salta. Según el relato de les familiares, Noelia fue atacada por su pareja quien la habría golpeado, arrastrado por toda la casa y destrozado el celular.
El cuñado de la víctima, Ernesto Campos, contó a medios locales que Noelia se dirigió a la comisaría para denunciar a su pareja, pero el personal que se encontraba de servicio se negó a tomarle la denuncia. “Le dijeron que como no estaba el oficial de guardia no podían hacer nada, que regresara a las 17”, aseguró el familiar. La mujer regresó a su hogar y a las pocas horas se suicidó.
Crédito: Justicia Córdoba.
Violencia de género
La revictimización o la falta de toma de denuncias se da en un contexto en el que, según el Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, del primero de enero al 19 de noviembre de 2022 se perpetraron 208 femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios, de un total de 349 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en la Argentina.
En relación con las denuncias y el accionar de la Justicia, el 16% de las víctimas había denunciado a su agresor. Por su parte, dentro de las medidas tomadas, el 47% tenía orden de restricción y el 17% botón antipánico. Cabe resaltar que el 5% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad.
El número aumenta en la provincia de Córdoba, donde el 26% de los femicidios del 2021 fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad. Por su parte, en dicho territorio, el Organismo de Control Disciplinario registró en cinco meses 756 denuncias, el 37% por violencia de género.
Del mismo modo, desde enero hasta abril de este año se les dio trámite a 360 denuncias de violencia de género en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de la localidad de San Francisco, de las cuales 85 involucran a niñas o adolescentes.
Además, la provincia de Córdoba no está exenta a la máxima expresión de la violencia: los femicidios. Días atrás, Raúl Pérez asesinó a su expareja Norma Beatriz Quiñones y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de Diego de Rojas.
Un caso similar ocurrió en el barrio Santa Isabel Segunda Sección de la ciudad de Córdoba. Allí, Jorge Eduardo Brondo mató de un disparo en la cabeza a su expareja, cuando la mujer regresaba de llevar a sus hijes al colegio. El femicidio ocurrió a plena luz del día.
Ley Micaela
El accionar del policía condenado, al igual que el de tantos otros, deja en evidencia la falta de implementación de la Ley Micaela. La norma 27.499 se promulgó el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La norma fue nombrada así en conmemoración de Micaela García. La joven de 21 años, oriunda de la provincia de Entre Ríos, era militante social del Movimiento Ni Una Menos y fue víctima de femicidio a manos de Sebastián Wagner.
Según afirman desde el Gobierno, “capacitarse en perspectiva de género significa comprender las múltiples aristas que componen las violencias y desigualdades de género, y entender que cada acción de gobierno tiene que tener en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres”.