La titular del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, mantuvo una reunión con la comisión legislativa que da seguimiento a la causa Vicentin. Allí, el banco nacional argentino manifestó su rechazo a la oferta de la empresa en default y ratificó su postura de intervención.
El Grupo Vicentín, que solía ser una de las principales empresas agroexportadoras del país, se declaró en default a fines del 2019. La empresa mantiene deudas con el Banco Nación y compañías granarias superiores a u$s1.600 millones.
La investigación del caso reveló que los directivos de Vicentín incurrieron en reiterados delitos de estafa, lavado de dinero y fuga de capitales, entre otros. El gobierno de Alberto Fernández anunció que tras el incumplimiento de pagos y las irregularidades cometidas, se avanzaría con la estatización de la empresa, pero esta opción no prosperó.
La deuda y el proyecto de empresa mixta
Luego de tres años de declarada la cesación de pagos, les trabajadores de Vicentín temen por el desguace de la empresa y la reducción del personal. Por su parte, las más de 70 compañías granarias afectadas que están nucleadas bajo un fideicomiso, mantienen su exigencia de pago de las deudas.
En varias ocasiones, la dirección presentó propuestas de pago que no superan el 20% del total de las deudas. Ahora, la empresa agroexportadora quiere imponer una propuesta de pago a acreedores, considerada por los legisladores de la comisión investigadora como inviable e ilegal.
En tanto, el fraude cometido al BNA asciende a 340 millones de dólares, por préstamos concedidos y nunca devueltos. Al respecto, el organismo insiste en encaminar el concurso de acreedores a utilizar la maniobra del cram down, un recurso de última instancia para tomar el control frente a la situación de quiebra.
Es decir, el proyecto del BNA busca salvar a la empresa de la quiebra y constituir otra de manejo público-privado. Además, el gobierno tiene el objetivo de recuperar recursos alojados en paraísos fiscales, de un total de 791 millones de dólares que se fugaron entre agosto de 2019 y enero del 2020, como consecuencia de la liberación fiscal del macrismo.
El avance de la investigación sobre Vicentín
La comisión legisladora de Santa Fe que tiene a cargo el seguimiento de la causa emitió varios informes para determinar el estado de la empresa y las causas de la crisis.
Datos recopilados de la auditoría forense, informes de veedores y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) revelaron que la venta del Grupo Vicentín a la empresa Glencore consistió en un lavado de dinero entre los integrantes del grupo.
Entonces, el fiscal de la causa Miguel Moreno imputó a los directivos de Vicentín por estafas. Los delitos que se descubrieron fueron la fuga de capitales, estafa reiterada a través de la adulteración de los balances, sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.
Carlos Del Frade, diputado santafesino integrante de la comisión, sostuvo que “es imprescindible que la justicia penal avance y que el Poder Ejecutivo, (fundamentalmente el nacional), vuelva a retomar la iniciativa sobre el tema Vicentin”. Con el objetivo de “generar una empresa pública, con mayoría estatal, pero con presencia de cooperativas, productores y universidades públicas”