Este miércoles 26 de octubre, luego de 15 horas de debate, diputades aprobaron en general el Presupuesto para 2023. El proyecto del oficialismo obtuvo un amplio respaldo, consiguiendo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.
El presupuesto del gobierno del Frente de Todos estipula un gasto total de casi $29 billones, una cifra inflacionaria del 60% y un crecimiento de la economía del 2%. Además, prevé un gasto social del 70% de los recursos, una recaudación de $22,5 billones y un déficit primario de $6,3 billones.
En el recinto, obtuvo el respaldo de les legisladores del Frente de Todos, el bloque de Provincias Unidas, el Interbloque Federal, Evolución Radical, Encuentro Federal y bloques de la Unión Cívica Radical. Por otro lado, quienes se opusieron a la ‘’ley de leyes’’ fueron la Coalición Cívica, les legisladores de la Izquierda y la Derecha. En tanto, les diputades del PRO decidieron abstenerse.
Cabe destacar que un controversial artículo del presupuesto establecía el pago de Impuesto a las Ganancias por parte de les funcionaries del Poder Judicial. Sin embargo, este fue rechazado en su mayoría por la oposición.
El debate del presupuesto en el recinto
Al inicio del debate, el diputado oficialista Carlos Heller, miembro informante sobre los detalles del proyecto, negó la denuncia de ajuste del presupuesto. Según señala Heller, las partidas presupuestarias destinadas al gasto social aumentaron en más de 300.000 millones de pesos.
El diputado aseguró que el Presupuesto 2023 «está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preocupante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo».
El diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el proyecto de Presupuesto 2023 «se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe». A modo de ejemplo, se refirió al artículo que prevé un beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.
Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, señaló que este beneficios presenta «84.175 millones de pesos, que es el doble del bono para la indigencia». Aunque, por otro lado, manifestó que «a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal».
Por su parte, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que «este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina».
En el caso del Interbloque Provincias Unidas, el diputado Luis Di Giácomo apoyó el proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no está de acuerdo “con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.
“Por esto no trabajamos para impedir su tratamiento, en todo caso el poder ejecutivo deberá hacerse cargo de sus resultados; porque el sector que rige los destinos del país debe hacerse cargo de los éxitos y de los fracasos», agregó el legislador.
En defensa de los privilegios
La mayoría de los bloques opositores y algunos oficialistas de extracción sindical se manifestaron en contra del artículo 100 de la ley de presupuesto. El mismo, establecía el pago del Impuesto a las ganancias por parte de jueces y funcionaries del Poder Judicial.
Con el cobro de este gravamen, el gobierno recaudaría unos $237.000 millones más. No obstante, el artículo fue excluido de la aprobación de la ley, con 134 votos en contra. Estos correspondieron, en su mayoría, a legisladores de Juntos Por el Cambio, el Interbloque Federal, les diputades de Izquierda y Derecha y algunes del oficialismo.
Martín Tetaz, de Evolución Radical, señaló: «No queremos sostener ningún privilegio, pero queremos ir más a fondo». En ese sentido, agregó: «proponemos una reforma integral que elimine todos los privilegios y que lo recaudado sea utilizado para bajar impuestos».
Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño sostuvo que la aprobación del artículo 100 «llevaría a una declaración de inconstitucionalidad» del impuesto. «Ganancias no está ni cerca de hacer justicia. Quisieron construir un conflicto: los trabajadores del Poder Judicial declararon una huelga», aseveró.
A pesar del resultado, la intención del Gobierno fue revelar la postura de cada diputade en relación con la exención de privilegios a les magistrades.
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