Luego de tres meses de trabas e impedimentos, el Congreso de Colombia ratificó, el pasado lunes, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
El tratado, adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, es el primero de América Latina y el Caribe enfocado y abocado a la protección del medio ambiente.
La aprobación se dio luego de que varies legisladores del Centro Democrático y de Cambio Radical se retiraran del recinto con el argumento de “falta de garantías”.
Al conocer la noticia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, felicitó a les legisladores por haber aprobado este tratado internacional que protege tanto al medio ambiente como a les ambientalistas.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, expresó: “Se logró en 63 días lo que no se había logrado en tres años”. Además, sostuvo que este acuerdo “no solo viene a generar un mejor estándar democrático en las decisiones ambientales, sino que en el fondo le da un poder político a la ciudadanía”.
En ese sentido, la líder de la cartera ambiental colombiana señaló que, desde el próximo martes, arrancará la implementación del tratado en el país, a la espera que la Corte Constitucional avance en su ratificación.
Cabe mencionar que el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe; pero sólo 24 se suscribieron a él el 27 de septiembre de 2018. De ellos, Colombia es el decimocuarto en ratificar su adhesión.
De esta manera, se suma a otros países latinoamericanos que apoyan el tratado acuerdo: Antigua y Barbuda; Argentina; Bolivia; Ecuador; Guyana; México; Nicaragua; Panamá; San Vicente y las Granadinas; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucía; Uruguay y Chile.
¿En qué consiste este tratado?
El Acuerdo de Escazú tiene tres objetivos principales: garantizar el acceso a la información ambiental como, por ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a ciertas comunidades y sus territorios.
El segundo es promover la participación pública de todos los actores en la toma de decisiones ambientales. Finalmente, se busca asegurar las garantías de acceso a la justicia para les defensores del medio ambiente.
Sobre esto último, cabe destacar que América Latina es la región en donde se concentran la mayoría de los asesinatos contra activistas ambientales. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente de Colombia informó que contemplará cinco rutas para la implementación del acuerdo.
Entre ellas, mencionó el acompañamiento a defensores ambientales y un sistema de información sobre conflictividad socio-ambiental. Por su parte, la dirigente ambiental y coordinadora del proyecto del Acuerdo de Escazú en la Cámara de Representantes, Carolina Giraldo Botero, explicó que la implementación del tratado debe tenerse en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo.
Según Giraldo, ya estarían encaminados algunos proyectos de ley sobre participación ciudadana complementarios al Acuerdo. En relación a ellos, explicó que Escazú sería el marco bajo el cual se den los lineamientos para las políticas en materia ambiental.
Los argumentos de la oposición para rechazar el Acuerdo de Escazú
Cabe mencionar que no todes les legisladores estuvieron de acuerdo en acompañar este proyecto. Uno de los argumentos por parte de los bloques opositores es que Colombia “podría perder su soberanía como Estado”.
En este sentido, durante un plenario previo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sostuvo que la soberanía de Colombia estaría en riesgo bajo el Acuerdo de Escazú. Consideró que “cuando se fusionan derechos humanos con derechos ambientales, se activa la jurisdicción internacional”.
Al respecto de los dichos de la legisladora Cabal, Giraldo Botero remarcó que “este es un Acuerdo internacional, como tantos otros que ha firmado Colombia y el ordenamiento jurídico seguirá siendo el que determine Colombia”.