Una delegación de la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional se contactó con familiares y amigues de Daiana Abregú para manifestar su apoyo. A cuatro meses del hecho, continúan los reclamos de verdad y justicia por la muerte de la joven.
La organización, mediante una charla con el abogado querellante, Sergio Roldán, recopiló una serie de archivos visuales y testimonios que serán utilizados para visibilizar el caso y demandar el esclarecimiento del mismo.
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, también expresó su apoyo a la familia. Además, sostuvo que las circunstancias deben investigarse “para determinar responsabilidades de todas las personas involucradas en su detención y muerte, y en el intento de ocultamiento de los hechos”.
A través de su página oficial, la organización lanzó una campaña para juntar firmas bajo la consigna “¡Sumá tu nombre ya para exigir justicia por Daiana!”.
Los hechos
Daiana, de 26 años, fue detenida por una contravención menor durante la madrugada del 5 de junio. Según informaron, habría tenido un altercado con otra joven, lo que derivó en una intervención policial. Efectivos arrestaron y trasladaron a Daiana a la Estación de Policía Comunal de Laprida, ubicada unos 430 kilómetros al sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Su familia fue notificada, alrededor de las 6 de la mañana, de la detención, sin más detalles. Por la tarde, un móvil policial se presentó en la casa de los Abregú para informarles que hallaron muerta a Daiana en su celda, con signos de ahorcamiento.
Según la agente de la policía que habló con María Laura, madre de la víctima, la joven se había suicidado en un momento de distracción por parte de quienes la custodiaban.
Las sospechas en el caso Daiana Abregú
Daiana estaba a punto de mudarse a La Plata, junto a su hijo Tobías, para estudiar la carrera de enfermería. Es por esto que María Laura afirma que nunca creyó en lo que le decía la policía. “En ese mismo momento supe que algo le habían hecho en esa comisaría. Ella estaba muy entusiasmada con un nuevo proyecto”, afirmó su madre.
Les familiares declararon que les prohibieron ingresar a la delegación policial y que cuando pidieron ver el cuerpo, el comisario a cargo se los impidió; el cual alegó: “es mejor que no la vean, para no quedarse con ese feo recuerdo”. Sus padres pudieron ver a Daiana recién al día siguiente, cuando ya había sido trasladada a la sala velatoria donde le dieron el último adiós junto a todes sus amigues.
El estado de la causa
Los primeros análisis arrojaron resultados que no fueron convincentes. Esto se debió a que el operativo no cumplió con los estándares mínimos contemplados para los casos donde se produce una muerte bajo custodia estatal y en situación de encierro. Es por ello que intervino la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo exigió una segunda autopsia, que sería una prueba indispensable para determinar lo sucedido aquella madrugada en la estación de policía.
Este nuevo análisis demostró lo que la familia ya sabía: Daiana no presentaba lesiones en el cuello, un rastro compatible con el ahorcamiento, sino que presentaba signos de asfixia por sofocamiento. Es por ello que, desde Amnistía Internacional exigen “una investigación imparcial y urgente que esclarezca los hechos”.
El cuerpo de peritos forenses de la Corte Bonaerense detalló que no se observan señales compatibles con un lazo de ahorcadura. En cambio, determinó que existen lesiones en el cuello compatibles con signos de autodefensa. Además, el cuerpo estaba acostado boca arriba, lo cual contradice la versión policial sobre cómo se encontró a la joven.
Les involucrades en la muerte de Daiana
El 24 de julio, Fabiana San Román, la jueza a cargo del caso, ordenó la detención de cinco policías bonaerenses. Asimismo, determinó el procesamiento de Juliana Zelaya, Vanesa Nuñez y Pamela Di Bin por el delito de homicidio triplemente agravado, y de Adrián Nuñez y Leandro Fuhr, por encubrimiento.
En las declaraciones frente al fiscal Juan Ignacio Calonje, les policías reconocieron que escribieron información falsa en el libro de guardias de la comisaría. Asimismo, se contradijeron con respecto a las inspecciones que habrían sido realizadas en el calabozo donde Daiana era custodiada.
Por su parte, la Policía Federal presentó un informe pericial que contradice la segunda autopsia, por lo que la jueza ordenó levantar la prisión preventiva. En la actualidad, las cinco personas imputadas están en libertad.
Tanto la CPM como el abogado de la familia rechazaron la medida. Sostuvieron que se basa en un informe con problemas probatorios y realizado por una fuerza policial involucrada en el caso. Por tal motivo, solicitaron al fiscal que intervenga y solicite un cuerpo de peritos sujetos a Justicia de la Nación para realizar un informe final.
Estadísticas de la Comisión Provincial por la Memoria
Cada año, la CPM publica el Informe Anual sobre Lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñeces en la Provincia de Buenos Aires. Según el registro de 2022, hasta el mes de agosto, se produjeron 147 muertes bajo custodia policial en la Provincia de Buenos Aires. Diez de ellas habrían sucedido en instalaciones policiales bonaerenses.
La Comisión registró, en 2021, 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisarías provinciales.
Un aspecto que se destaca en el estudio es la saturación de efectivos policiales en el territorio, con el objetivo de resolver cuestiones de seguridad. En dos años se incorporaron 40.000 nuevos policías para trabajar en el conurbano bonaerense.
Ante esta situación, diversos organismos internacionales llamaron la atención al Estado Argentino por no poner atención al elevado número de muertes vinculadas a un contexto de tortura y violencia policial.
Por su parte, la política punitivista del Estado continúa sin dar resoluciones al respecto. Mientras tanto, el índice de muertes crece por sobre miles de personas que están en la mira por ser parte de la población vulnerable.