Hoy en día existen una variedad de configuraciones de trabajo para abordar el consumo de drogas. Entre estas opciones se encuentran las comunidades terapéuticas; los centros de desintoxicación hospitalaria; tratamientos ambulatorios; centros barriales; casas de medio camino; grupos de autoayuda y programas de reducción de daños.
Las comunidades terapéuticas (CT) constituyen las instituciones de mayor tradición en la atención de usuaries de drogas en la Argentina. Si bien algunas adoptan una única metodología de trabajo, una misma CT puede ofrecer dos o más abordajes. Para esto se tiene en cuenta no sólo el diagnóstico terapéutico, sino también la situación familiar, habitacional, económica y ocupacional de les pacientes.
Para conocer más, Nota al Pie dialogó con Gustavo Zbuczynski, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). Según él, la comunidad terapéutica es una modalidad que viene atada al pensamiento abstencionista prohibicionista. “Está ligado a la concepción de pensar en las drogas como un problema moral que tiene que ver con lo delictivo y marginal, en vez de un tema que tiene que ver con el ámbito sociosanitario”, expresó.
La creación de las comunidades terapéuticas
En 1989 se creó la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar). Posteriormente, se sancionó la Ley No 23.737 que establece la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal; brindando la posibilidad de llevar a cabo un tratamiento compulsivo por derivación judicial en alternativa a la condena penal.
Como resultado se produjo una demanda considerable de tratamientos, que fue absorbida mayoritariamente por organizaciones de la sociedad civil. “Los tratamientos en comunidades terapéuticas tuvieron las características de funcionar como una suerte de opción en lugar de ir a la cárcel”, comentó Zbuczynski.
“Es una locura total esta forma de pensar el problema. Se piensa a toda persona que consume sustancias ilegalizadas como adicto. Entonces ahí tenemos un negocio redondo que se generó en los años 90 y continúa hasta la actualidad, tercerizando y distribuyendo fondos por parte del estado. Fondos a instituciones cerradas -que luego fueron modificándose- a lo largo de los años, pero con la idea de suplantar una pena”, enfatizó.
¿Qué pasa con «La Razón de Vivir»?
Si bien hubo cambios en algunas de estas instituciones, aún no se han desarrollado dispositivos que gestionen menores restricciones de las libertades, ya que se pensaba de esta manera como respuesta al ámbito penal.
“Lamentablemente estamos ante una ley que favorece este tipo de instituciones. Una ley que fue declarada inconstitucional en 2009 y que después de tantos años todavía no se cambió”, aseguró Gustavo, quien además es Licenciado en Psicología.
Varies integrantes de la comunidad terapéutica «La razón de vivir» fueron detenides por «asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral». Entre ellos, el actor Marcelo «Teto» Medina. Asimismo, la institución no se encontraba habilitada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Al respecto, el entrevistado manifestó: “En este caso estamos hablando de una institución clandestina. Es decir que no solo realizaba prácticas que no tienen que ver con un tratamiento socio sanitario por parte de profesionales de la salud; sino que además ni siquiera cumplía con los requisitos mínimos de habilitación”.
Las organizaciones religiosas y grupos de autoayuda
A finales de la década del 60 se crea el Fondo de Ayuda Toxicológica (FAT) y, en 1973, el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO). En ese contexto empiezan a gestarse, en iglesias, grupos de autoayuda integrados y operados por ex adictos, sin participación de un equipo profesional.
La creación en 1982 de la primera comunidad terapéutica de Argentina, el “Centro de Rehabilitación Cristiano de Adicciones Programa Andrés” sucedió siete años antes que la de Sedronar; la cual, desde el objetivo de fortalecer el abordaje de los consumos problemáticos, suele firmar convenios junto a organizaciones sociales y eclesiásticas.
Respecto al posible vínculo entre un cura de la diócesis de Quilmes y «La Razón de Vivir», el obispado se manifestó en un comunicado. A través del documento desmiente una relación con la comunidad terapéutica. Tanto familiares como personas en recuperación mencionaron al “Padre Quique” como uno de los denunciantes de la causa en la que se investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre.
Fondos, convenios y la Ley de Salud mental
La Sedronar subsidia a las personas que sostengan las actividades llevadas a cabo por las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs) y que aborden el consumo problemático de sustancias desde una mirada social.
Para que las organizaciones reciban estos financiamientos deben cumplir diferentes exigencias. Por ejemplo, estar inscritas en el Registro Nacional y Permanente de Efectores Asistenciales de la Sedronar. A través de ese registro, son supervisadas por profesionales del Programa de Auditoría, para asegurar que cada persona subsidiada reciba el tratamiento correspondiente.
De este modo puede controlarse el cumplimiento de las condiciones previstas por la Ley N° 26.657 de Salud Mental; su Decreto Reglamentario N° 603/2013 y las pautas de abordaje integral consignadas en la Ley N° 26.934.
Ausencia del Estado e irregularidades en el control
Sin embargo, desde el punto de vista de Zbuczynski, este marco regulatorio no se cumple del todo. “Aquí se da dentro del consumo de drogas una doble irregularidad. Por un lado, no se controlan las prácticas y por el otro ni siquiera cumplen con los mínimos requisitos de habilitación”.
“Tienen personas internadas durante largos plazos, así que no solo estamos con internaciones ilegales, sino que además están internados en lugares que no cumplen con los mínimos requerimientos”, reclamó. Luego, agregó que “no hay un mecanismo de control por parte del estado que investigue estas comunidades”.
Concretamente, la Sedronar tiene convenios con muchas instituciones. Entre ellas comunidades terapéuticas habilitadas y muchas otras organizaciones vinculadas con los distintos credos.
El estigma del consumo de drogas
“Tenemos también un problema extra por el cual permitimos que sucedan cosas en el marco de la atención de las personas que consuman drogas que no permitiríamos, de ninguna manera, en ninguna otra afección”, dijo el entrevistado, en alusión a la falta de atención, en estas comunidades, de un equipo interdisciplinario competente.
“Debido a toda la estigmatización que recae sobre los usuarios de drogas y toda tergiversación producto del discurso abstencionista prohibicionista; naturalizamos que cuando vamos a un centro de adicciones nos atienda un religioso o un ex adicto, e incluso los fondos estatales están derivados hacia esos lugares”, concluyó Zbuczynski.
Por su parte, Gabriela Torres, titular del Sedronar, informó a Télam que en el centro «La Razón de Vivir» están internadas «más de 50 personas» y que «no existe ningún equipo técnico: no hay un toxicólogo, no hay un psiquiatra, no hay un psicólogo permanente, no hay un médico, no hay una trabajadora social».