Esta semana, familiares, terapistas y personas con discapacidad se movilizaron para exigir respuestas por parte del Gobierno nacional en torno al conflicto con las prestaciones.
En ese sentido, el martes desplegaron un acampe en Plaza de Mayo para denunciar los recortes en el área y el atraso en los pagos de los servicios. También lograron reunirse con funcionarios nacionales, quienes aseguraron que el problema fue producto de “inconvenientes administrativos”.
Por su parte, desde el Colectivo de Discapacidad sostienen que se trata de un ajuste y por eso mantuvieron la carpa blanca hasta la noche de este miércoles. También se supo que algunas obras sociales ya dejaron de pagar los salarios de les trabajadores.
Además, la agrupación Prestadores Precarizadxs resaltó que los avisos de las obras sociales llegaron luego de las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía.
Sin embargo, en diálogo con los medios presentes, la titular de la Asociación de Familias, Prestadores y Personas con Discapacidad (AFAPPREI), Karina Herrera, explicó la situación y sostuvo que no se trata de un conflicto reciente.
“Los prestadores históricamente cobran meses después de brindar el servicio, pero en este mes de agosto no estuvieron percibiendo lo del período de mayo o junio”, expresó Herrera. Y agregó: “Hay un retraso y se pide que se liberen los fondos para que lleguen a los prestadores”.
En tanto, terapeutas, ONGs, familias y pacientes continúan expresando su preocupación. La falta de pago desemboca en la interrupción de algunos de los tratamientos.
La respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad frente a la denuncia por ajuste
Con respecto a los reclamos frente a Casa Rosada y que también fueron replicados en provincias como Córdoba; Mendoza; Santa Fe y Entre Ríos, el Gobierno pretendió dar una respuesta.
A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), aseguró que todas las medidas evaluadas “garantizan la financiación de las prestaciones por discapacidad”. Además, denunciaron que la noticia sobre los recortes se trató “de una campaña para confundir y generar incertidumbre”.
Al respecto, el organismo confirmó que hay medidas que se encuentran en análisis y que apuntan “a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad”.
Y en ese sentido, sostuvo que también se garantizará que las obras sociales sigan cumpliendo con las responsabilidades que les atribuye la Ley 24.901.
“Constantemente se están analizando distintas alternativas con el fin de sanear y fortalecer este sistema de prestaciones de discapacidad y eso incluye a TODOS los financiadores del sistema”, destaca el comunicado.
Y con respecto a los financiadores, afirma que ninguno será excluido. “Menos las Obras Sociales, con quienes las personas con discapacidad y sus familias tienen un largo y exitoso camino recorrido”, agrega.
Por último, la ANDis ratificó su compromiso y sostuvo que todas las acciones “apuntan a la mejora continua del sistema de prestaciones”. “Desde la Dirección Ejecutiva de ANDis y el Gobierno Nacional jamás se adoptarán medidas que impliquen un retroceso en el ejercicio de los derechos de este colectivo”, concluye el escrito.