La mañana de este martes comenzó con normativas frescas en cuanto al trabajo. A través del Boletín Oficial, Alberto Fernández, presidente de la Nación, decretó la creación del programa Puente al Empleo. Según el escrito, sus objetivos son “transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad”.
El Gobierno encontró la forma para implementar lo que anuncia desde principios de año: la conversión de planes sociales a empleo en blanco; lo que generó diferentes reacciones. Lo hizo a través de este programa, que plantea beneficios fiscales a empleadores que contraten a quienes reciben esas prestaciones.
La medida entrará en funcionamiento el próximo 1° de octubre y tendrá una vigencia de 24 meses a partir de esa fecha.
“Puente al empleo” lleva el sello del flamante ministro de Economía, Sergio Massa. En octubre pasado presentó la iniciativa como proyecto de ley, cuando presidía la Cámara de Diputados. Fue él quien, en su nuevo rol, lo anticipó a empresaries en el Council de las Américas.
Nota al Pie dialogó con la coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia. La dirigente afirmó: “Este anuncio que hizo Massa es algo que viene planteando desde el año pasado. Apunta a reemplazar una cosa por la otra, pero no a generar trabajo genuino con derechos, que es lo que falta en nuestro país”.
Para entender los alcances de “Puente al empleo” hay que tener en cuenta sus implicancias para les trabajadores y para las empresas contratantes.
Trabajar bajo el ala de “Puente al empleo”
El decreto del Boletín Oficial afirma que el objetivo del programa es “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas”. También, “promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.
¿Cómo se implementará? Une trabajadore que recibe una prestación social puede ingresar a “Puente al empleo” por 12 meses. En ese tiempo, podrá mantener el plan como complemento al salario y la empresa contratante deberá igualarlo a lo requerido en el sector.
Además, le trabajadore va a acceder a una obra social y una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). El gran beneficio que plantea el programa es ingresar a un empleo en blanco y todo lo que eso conlleva.
Si en algún momento de esos 12 meses se interrumpe el contrato laboral, le trabajadore podrá “continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas; si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses”.
En caso que el período trabajado se encuentre entre los 8 y 12 meses, “podrá optar entre la posibilidad de permanecer en el programa de origen o acceder a la prestación por desempleo”.
Podrán entrar al “Puente” quienes reciban un plan social. Entre elles, les beneficiaries del Potenciar Trabajo y les trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
¿Qué deben hacer les empleadores?
Al adherirse al programa, las empresas deberán pagarle a la persona que contraten la diferencia entre el salario del sector y el plan social que perciben.
Por sumarse al “Puente al empleo”, tendrán una reducción de las contribuciones patronales correspondientes a los subsistemas de la seguridad social de entre el 80 y el 100%. Eso dependerá si son micropyme, pequeña o mediana empresa.
Ese beneficio será compensado con recursos del Tesoro Nacional “con el fin de no afectar el financiamiento de la Seguridad Social; ni el cálculo correspondiente a la movilidad previsional”. Es decir, no saldrá de las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
¿Una solución para les trabajadores?
Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, duda de que el “Puente al empleo” solucione problemas de base. “Creemos que el decreto no va a dar resultado”, se lamentó.
Además, explicó: “Para que se cree empleo genuino y las empresas tomen empleados tiene que haber una reactivación en la creación de ese trabajo; con todos los derechos”. Pero agregó que desde su organización no ven que esto suceda.
Saravia realizó una distinción según la capacidad de les empleadores. “La medida beneficia que los pocos trabajos que se generen tengan un subsidio por parte del Estado”. Cree que esto no es correcto para las grandes empresas, “pero sí para las pequeñas y medianas que son las que necesitan mayor apoyo e impulso”.
En definitiva, la dirigente concluyó: “Hay que discriminar entre quién lo necesita y quién no; porque si no va a ser seguir financiando a los que tienen muchas ganancias, que son las grandes empresas del país”.