Ayer, el fiscal Diego Luciani ratificó su postura ante la investigación por aparente asociación ilícita y fraude de Cristina Kirchner, en la administración de obras públicas. De este modo, solicitó 12 años de prisión para la vicepresidenta, e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos al Tribunal Oral Federal 2.
En consecuencia, el abogado definió a CFK como “jefa de la asociación ilícita” y, bajo este punto, realizó el pedido de condena. De acuerdo con el magistrado, la ex presidenta cometió el delito de administración fraudulenta de las arcas públicas. Sin embargo, ella no fue la única involucrada en el pedido realizado por la fiscalía.
Por esta razón, Luciani pidió otros 12 años de cárcel para Lázaro Báez y 10 para Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal. Además, extendió el requerimiento de igual pena para José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
En última instancia, el fiscal exigió el decomiso de aproximadamente 5.321 millones de pesos. El objetivo de la fiscalía es destinar este dinero a instituciones de bien público, cuyo cálculo se condice con el teórico perjuicio a los fondos del Estado Nacional.
Los argumentos del fiscal
Luciani lidera una investigación contra Cristina Kirchner desde hace tres años, por supuesta asociación ilícita, por manejos fraudulentos de fondos en obras públicas. En este sentido, el fiscal acusó a CFK como la “jefa de la asociación ilícita” y para hacerlo determinó una serie de argumentos.
En primer lugar, basó su acusación en un supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los fiscales ratificaron que cinco de las 51 obras investigadas evidenciaron defraudación del estado. Ahora bien, las cuarenta obras restantes no presentaron sobreprecios, tal como confirmó el magistrado Sergio Mola.
Por otra parte, la fiscalía mencionó que en al menos 17 obras se registraron abandonos. Asimismo, explicaron que también hubo 17 obras que no fueron votadas y aprobadas por el Congreso Nacional, en las leyes de Presupuesto.
En este sentido, los denunciantes hicieron menciones a supuestas comunicaciones entre Lázaro Báez y la ex presidenta vía WhatsApp y e-mail. La fiscalía explicó que la constructora Petersen, Thiele & Cruz y Esuco, se habrían prestado para simular como competencia en los procesos de licitación.
Por último, anticiparon que el comienzo de las obras se dieron gracias al envío de un adelanto económico. En este punto, mencionaron esto como un nuevo argumento para la solicitud de la condena.
La postura de CFK
Cristina Kirchner sostiene su postura de lawfare, y menciona que atraviesa un proceso de persecución judicial. Por esta razón, este lunes solicitó ampliar su declaración indagatoria, pero el TOF 2 rechazó el pedido porque ya comenzaron los alegatos. Ahora bien, confirmaron que la defensa dará inicio a sus alegatos el próximo 5 de septiembre a las 8:30.
Para reafirmar su inocencia, la vicepresidenta explicó que las 17 causas citadas como “no aprobadas por el Congreso” sí fueron ratificadas por el órgano. Ahora bien, presentaban una denominación diferente a la utilizada por la fiscalía y no lograron encontrarlas en forma correcta.
Asimismo, CFK argumentó que los mensajes citados no demuestran asociación ilícita y expuso pruebas que podrían comprometer a allegados de Mauricio Macri. Además, Gregorio Dalbón, abogado de la ex mandataria, ratificó que “se habló de una matriz de corrupción de un gobierno y Cristina Kirchner no firmó ni autorizó ninguna obra”. Por último, la vicepresidenta realizó hoy un descargo a través de su cuenta de YouTube y citó una serie de testimonios. La fiscalía dio comienzo a exposiciones de diversos testigos que, tras realizar sus declaraciones, pasaron a estar en favor del alegato de Kirchner. Esto se debe a que no ratificaron la denuncia de los fiscales.