Desde 2017, a partir del proyecto de construcción de la Autovía de Punilla y el puente, las empresas Sacde y Roggio avanzan con la destrucción de los sitios ancestrales y los bosques nativos de la provincia de Córdoba.
En diálogo con Nota al Pie, Sofia Echenique, integrante de la Asamblea de Punilla, explicó que esta obra se iba a llevar adelante, de manera ilegal, desde Carlos Paz a San Roque. Allí comenzaría el segundo tramo, en 2018, que llegaría a Cosquín. Pero fue por ese año cuando una gran movilización popular, frenó la obra.
Luego, en 2019 se hizo una presentación y se llamó a una Audiencia Pública. El 90% de las personas que participaron de ella dijeron que no. Los motivos están relacionados al gran impacto que se vería en el ambiente.
En este sentido, Echenique mencionó que se aprobó el estudio de impacto ambiental y comenzaron a realizarse los estudios pertinentes para ejecutarla. “Esta vez dividiéndose en simultáneo en tres tramos: San Roque, Santa María de Punilla y Cosquín, que es como están trabajando ahora, y falta la última parte en La Cumbre”, contó.
Por este motivo, la entrevistada sostuvo que a lo largo de estos años, se han presentado distintas acciones judiciales pero con ninguna han obtenido respuesta.
Entre ellas, hubo un pedido de medida cautelar. “La deberían dictar para frenar la obra hasta que demuestren que no generaría mayores daños en materia ambiental”, destacó Sofía.
El hecho que desató la indignación en Córdoba
Como pudo dar a conocer la entrevistada, el fin de semana pasado se llevó a cabo un plenario abierto en la plaza San Martín de Cosquín. A mitad de este encuentro, algunes vecines vieron que el intendente Gabriel Musso estaba entrando a una confitería ubicada frente a la plaza.
En ese contexto, decidieron ir y hacer una denuncia pública. Con sus carteles, les vecines cantaban afuera del lugar e, inmediatamente, se generó un gran despliegue policial. “Obviamente que no amerita, era totalmente innecesario. Habían ido de manera pacífica”, agregó Sofía.
Según el relato de la miembro de la Asamblea, se generaron empujones, no hacia el intendente, sino con la policía de por medio. Al respecto, aseveró: “En un momento hubo una situación muy confusa, intentaron atropellar a un compañero. Después lo agarraron entre algunos policías y lo querían llevar, pero entre los vecinos lograron protegerlo”.
Por otra parte, en la madrugada del lunes llegaron tres patrulleros a la casa de una integrante de la Asamblea con una notificación de que estaba imputada. Tenía que ir a esa misma hora a declarar.
Al respecto, Sofía explicó: “Las imputaciones son por amenazas al intendente Musso, disturbios y resistencia a la autoridad, pero no hay ninguna prueba. En todo momento hubo registros y no se puede constatar”. Además, la entrevistada aclaró que la compañera imputada es una señora mayor.
A su vez, hasta este momento se notificó a otres cinco integrantes, y hay uno detenido. “Detuvieron a un compañero, que fue el que intentaron atropellar,en un allanamiento frente a sus hijos”, problematizó la cordobesa.
Por último, la entrevistada destacó que en este momento están trabajando brigadas ambientales en la reserva, con el objetivo de frenar las máquinas. Están poniendo sus cuerpos literalmente y gracias a ello, no están pudiendo avanzar con el desmonte.
Reclamo en busca de una respuesta
Les ambientalistas lanzaron un comunicado expresando la gran preocupación. “El pedido de Amparo ante la Justicia, para detener el proyecto plagado de ilegalidades e irregularidades de la autovía de Punilla, ya tiene años y el tribunal no se expide”, manifestaron.
Por otra parte, denunciaron que en el medio sufrieron golpizas por parte de la policía. “Cada vez somos más los vecinos y vecinas que entendemos la magnitud del problema y nos manifestamos en contra de esta manera de hacer política, al servicio de unos pocos”, agregaron.
Por último, informaron que el pasado martes 16 de agosto, vecines se acercaron al ingreso del obrador de Santa María de Punilla a pedir información y consultar sobre el avance de las máquinas sobre los sitios ancestrales.
“Pero hasta el momento lo que nos atienden son los policías y nadie de la empresa Roggio nos da respuesta”, reclamaron.