Defensores del Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba convocaron a una concentración frente a los Tribunales provinciales, este jueves 4 de agosto. Se trata de la Mesa de Organizaciones, comunidades indígenas y asambleas socioambientales que exigen una verdadera Justicia ambiental en Córdoba.
Según denuncian estos actores sociales, la Justicia de la provincia sistemáticamente rechaza, archiva o paraliza causas penales relacionadas con delitos contra el Medio Ambiente. Por otro lado, jueces y fiscales llevan a cabo una criminalización de los defensores ambientales a partir de imputaciones y procesos penales.
La provincia de Córdoba atraviesa la peor situación ambiental de su historia. Una de las principales problemáticas es que los montes y sierras están siendo destruidos por la deforestación y el incendio forestal.
La situación en la provincia ya es de colapso. ‘’No hay posibilidad de seguir desmontando un bosque nativo más, el bosque nativo en Córdoba es nuestro reservorio de agua. Destruir el monte es destruir nuestra posibilidad de tener agua, o sea nuestra posibilidad de vida», declaró la defensora ambiental Mariana Baldauf en entrevista con Nota al Pie.
El diagnóstico ambiental de la Provincia
El abogado Juan Smith, que participa de la lucha en defensa del ambiente, contó a Nota al Pie las problemáticas que padece la provincia. En primer lugar, «los lugares en donde aglutinamos el agua para consumo de millones de personas en la provincia de Córdoba se encuentran contaminados”.
Basta el ejemplo del Dique San Roque. “Entre 2020 y 2021 se quemaron alrededor de 400 mil hectáreas de bosque nativo. De las tres ecorregiones que tenía la provincia hoy nos queda un poco solamente de una».
Por su parte, Mariana Baldauf explicó que «Ya desde hace 10 años tenemos menos del 10% del bosque nativo del que teníamos como zona fitogeográfica. Agravado por los desmontes para la soja que día a día se autorizan”.
“y por los incendios que no discrimina qué zona de protección de bosque nativo es. También sabemos que hay incendios intencionales, donde directamente se incendian zonas de apetencias inmobiliarias y obras públicas” manifestó como mayor agravante.
En este sentido, el territorio sufre la presencia de «Emprendimientos desbocados que bajan nuestras montañas para alimentar obra pública ecocida de Córdoba y Santa Fe. Cuencas hídricas devastadas, ríos y arroyos absolutamente secos. Y faltan infinidad de problemáticas, como los agrotóxicos, que someten a las vecinas y vecinos al envenenamiento», agregó el abogado.
Estas violaciones a los derechos ambientales no sólo son invisibilizados e ignorados por parte de los medios de comunicación hegemónicos, sino que incluso el acceso a la información pública ambiental está cercenado por las autoridades provinciales, municipales y el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
El estado de las causas penales
A pesar del esfuerzo de les defensores ambientales de frenar obras nocivas para el ambiente natural de Córdoba, la Justicia no cumple su papel de hacer cumplir las leyes ambientales.
Como señala la entrevistada, las organizaciones relevaron más de 140 causas ambientales colectivas y particulares. Entre ellas, nombró causas de hace años como Madres del Barrio Ituzaingó, Las Vecinas contra la empresa Porta y el amparo colectivo por la Autovía de Punilla.
Estas causas «coinciden en la indiferencia, el cajoneo y en las vueltas legales que le va dando la Justicia», denunció. La mayoría de los fenómenos de daño ambiental que sufre Córdoba remiten a la comisión de hechos delictivos, sobre todo los hechos de contaminación. Y en muchos casos, los hechos de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sin embargo, «Las causas no avanzan, pasan años y los años empiezan a hacer su trabajo: El desgaste emocional de los vecinos que no logran obtener justicia, y esto se traduce en lo que se llama impunidad», afirmó el abogado Juan Smith.
La criminalización de les defensores ambientales
En varias ocasiones, les activistas fueron reprimides por la policía e imputades arbitrariamente. En este sentido, se viola el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que contempla la protección de los ‘’Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales’’, para poder desarrollar sus actividades de forma segura.
«Somos criminalizados de distintas maneras», declaró Baldauf. «Por empezar, cuando vamos a hacer un reclamo ante la Justicia, que siempre es de forma pacífica y respetando lo que la ley pide, nos encontramos con el vallado, con la policía y muchas veces con la infantería».
«Otras veces se generan acciones violentas de golpizas y detención imputación de compañeros y compañeras», continuó la entrevistada. Según denuncia, con estas acciones los poderes estatales desconocen totalmente lo que dice el Acuerdo de Escazú.
Y expresó que pesé a las amenazas y presiones, «estamos ejerciendo nuestro derecho y nuestro deber de defender el ambiente, tal como lo dice nuestra Constitución».
«No solo la balanza favorece a quienes han cometido hechos delictivos en materia ambiental sino que además desfavorece, a quienes defendemos lo poco que nos queda de la provincia», concluyó Smith.