Después de un año de trabajo, el pasado lunes 4 de julio, la Convención Constitucional de Chile le presentó a Gabriel Boric la propuesta de la nueva Carta Magna. Dos días después empezó la campaña de cara al referéndum, que definirá si la sociedad chilena validó –o no– el borrador de la nueva Constitución.
El plebiscito, que se realizará el 4 de septiembre, es de carácter obligatorio para toda persona en edad de ejercer su voto. De aprobarse, el presidente chileno deberá convocar al Congreso. Allí, en un acto público, se deberá promulgar y acatar la nueva Constitución. Si es rechazada, sin embargo, se mantendrá la actual Carta Magna.
En este marco, el pueblo chileno tiene la histórica oportunidad de enterrar para siempre los vestigios de la dictadura de Augusto Pinochet. La actual Constitución, creada en 1980 bajo el régimen genocida, fue la base político-legal de la implementación del modelo neoliberal durante más de 40 años.
El termómetro de las encuestas
En 2019, en Chile se produjo un gran estallido social. Al año siguiente, en el referéndum, un 78% de la población chilena optó por la redacción de una nueva Constitución Política para el país. En aquel entonces, 7.569.082 personas acudieron a los centros de votación; con una participación del 50% de les electores habilitades.
Casi dos años después de esa jornada histórica, según marcan los sondeos, el panorama cambió completamente. Si bien las encuestas de principio de año mostraban una clara tendencia a favor de aprobar una nueva Carta Magna, con el correr de los meses la situación cambió en favor del rechazo.
El último informe de la consultora Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos (Cadem) marca que sólo un 34% optaría por la aprobación de la propuesta constitucional; mientras que un 51% la rechazaría. La encuestadora Criteria, por su parte, reveló que un 31% se encuentra a favor; un 49% en contra y un 22% aún no lo tiene decidido.
Asimismo, según una encuesta de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), un 56,4% de la población no ha leído el borrador del nuevo texto constitucional. El informe, a su vez, indicó que un 64,8% de la sociedad chilena “está poco o nada informada del proceso de redacción de una nueva Constitución”.
Si bien faltan casi dos meses para el referéndum, el rechazo gana en todas las encuestas. La izquierda chilena, de esta manera, tiene el desafío de lograr persuadir a les indecises que, como en toda elección, serán un factor clave para el resultado final.
La herencia de Pinochet
La actual Carta Magna es, sin dudas, el elemento central de la herencia de Pinochet en Chile. Redactada en 1980, con la experiencia socialista como contraste, el texto le otorga consagración constitucional al neoliberalismo. El Estado aparece bajo un rol subsidiario en las áreas más importantes de la vida social; como la salud, la educación o la economía.
Para un sector importante de la sociedad, la Constitución no sólo tiene ilegitimidad de origen sino que, a su vez, es el marco legal del modelo económico que culminó con el estallido social del año 2019. En otras palabras, las desigualdades en Chile se explican, en parte, por la actual Carta Magna.
Los gobiernos democráticos que surgieron post dictadura no cambiaron, -por acción u omisión- la institucionalidad heredada del régimen. Por el contrario, la legitimaron. Si bien tanto en 1989 como en 2005 hubo reformas constitucionales que lograron quitar los aspectos más autoritarios del texto, el modelo económico reconocido por la Constitución se mantuvo con el consenso del arco político institucional.
Hasta hace dos años, el sistema de partidos contuvo un profundo malestar social que fue creciendo por las desigualdades estructurales que se gestaron durante 40 años en base a la Constitución Política de Pinochet. Ese rol subsidiario otorgado al Estado fue lo que permitió una oleada de privatizaciones en los sectores estratégicos de la economía chilena. A su vez, es la explicación de la desprotección que sufre la sociedad en materia de seguridad social.
El próximo 4 de septiembre, fecha en la que la izquierda conmemora la victoria de Salvador Allende en las elecciones de 1970, el pueblo chileno tiene la oportunidad de enterrar definitivamente la legalidad pinochetista. La nueva propuesta constitucional prevé cambios estructurales que buscan dar respuesta a las demandas sociales de los sectores populares.