El 6 de julio de 1976 se llevaron a once personas que se encontraban detenidas por causas políticas y las asesinaron en lo que se conoce como la Masacre de Palomitas, Salta. Créditos: Revista Haroldo.
Se cumple un nuevo aniversario de la Masacre de Palomitas, hecho ocurrido el 6 de julio del ´76 cuando sacaron de la cárcel de Villa Las Rosas a once presos políticos y los masacraron en un lugar cerca del Departamento de Güemes, llamado Paraje Palomitas. Algunos de ellos aparecieron en ese lugar acribillados, otros en lugares cercanos y hay quienes continúan desaparecides.
Nota al Pie dialogó con Blanca “Nenina” Lescano, quien integra la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos dentro de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. Además es parte de la Asociación Miguel Ragone y Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Salta. También con Elia Fernández, integrante de la agrupación Hijos Salta.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas fueron: Benjamín Leonardo Ávila y Celia Raquel Leonard de Ávila; ella acababa de tener un bebé, contó Lescano. También Georgina Droz que era profesora de la universidad que fue intervenida. Evangelina Botta de Nicolai, María del Carmen Alonso que era una arquitecta, sobrina e integrante del equipo técnico del ex gobernador Miguel Ragone (desaparecido en marzo de 1976). Además, María Amaru Luque de Usinger, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Povolo, Alberto Savranski, que era un médico tucumano y Rodolfo Usinger.
Estas personas estaban como presos legales y durante el golpe las sacaron de la cárcel y las asesinaron en Palomitas. La primera versión pública que dieron los medios en aquél momento hablaba de un “intento de fuga”. Por esta razón “en las causas de crímenes de lesa humanidad, las megacausas Palomitas y también la causa Ragone, es que hay responsables de la policía de la provincia, federales y militares. También el ex Juez Federal Ricardo Lona que fue el último juzgado”, detalló Lescano.
La causa Judicial
En el año 2010 el Juzgado Federal Nº 2 de Salta dictó sentencia condenatoria a los imputados por los crímenes de lesa humanidad en la causa conocida como “la masacre de Palomitas”. De esta manera, Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, según menciona el Gobierno de Salta.
“Hace unos días atrás muere el juez Lona que estaba con prisión domiciliaria pero ya tenía sentencia firme”, explicó Lescano. Era el juez federal de la época que participa como Juez Federal en la desaparición de Ragone y en todo lo que ocurrió en esa etapa. “Incluso llegó hasta el proceso de la democracia y esperaron que cumpliera 70 años y que se jubilara para recién juzgarlo”, agregó.
En diálogo con este medio, Elia Fernández, integrante de la agrupación Hijos Salta dijo que “después de 46 años de la masacre de Palomitas dónde fusilaron a mi madre, María del Carmen Alonso Ragone, puedo decir que estoy conforme con las condenas a los represores que logramos”. A pesar de las demoras de la justicia (más de 30 años) para las primeras condenas de Mulhol, Gentil y Espeche; al año siguiente 2011 fueron las de Alzugaray y Joaquín Guil.
“Mi mamá fue secretaria de obras públicas de la municipalidad de Salta y sobrina de Miguel Ragone y fue presa política desde 1975 a 1976 cuando la matan en Palomitas”, contó Fernández. Y añadió: “Mi tío Miguel Ragone la convence de presentarse ante la justicia para salvar su vida. Primero lo secuestran a él y después la matan a ella”. Fernández lamentó que el ex juez Lona se fuera de este mundo sin condena firme en Palomitas. “Lo alcanzó la impunidad biológica”, mencionó.
Antecedente: el Operativo Independencia
Blanca “Nenina” Lescano se refirió a su historia personal, “tengo a mi padre desaparecido, pero en Santiago del Estero; era abogado de Derechos Humanos”. Este hecho sucedió a dos días de lo que fue el Operativo Independencia (el 13 de marzo del 76) y fue identificado en Pozo de Vargas en Tucumán.
“Se ve que lo llevaron a las cárceles clandestinas de Tucumán y esa es la característica que tuvo el operativo Independencia. En los tres años que duró la primavera democrática siguió actuando el terrorismo de Estado”. Incluso la presidenta Isabel Perón lo puso como jefe de las Fuerzas Armadas a Videla. En el año ´75 se hizo un decreto para «exterminar la subversión». Y, según analiza Lescano, “significó que realmente empezaron a secuestrar gente en todos lados y, en el Norte Argentino, el centro operativo era Tucumán”.
En ese contexto es que desaparece el Doctor Miguel Ragone, Gobernador de Salta. Quien asume en 1973 y le intervienen la provincia al año siguiente, Luego es detenido y desaparecido el 11 de marzo del ´76, previo al golpe de estado, detalló la integrante de la Mesa de DDHH.
Los casos que continúan impunes
Consultada sobre los crímenes que esperan justicia en la provincia de Salta, Lescano consideró que hay muchos casos impunes. Porque “sigue habiendo desaparecidos y pactos de silencio”. También hubo, en la intervención de la provincia, responsabilidades políticas.
“Hubo quienes operaron para que intervinieran el gobierno de Ragone en el año 74 que coincide un poco antes de la muerte de Perón y todo lo que significó el terrorismo de Estado, la triple A”, ejemplificó. Y agregó que “no fue solamente responsable López Rega, sino que había sectores del peronismo, de la ultra derecha que también perseguían, mataban y hacían desaparecer”.
Blanca “Nenina” Lescano sostiene que «esa etapa todavía en nuestro país sigue en discusión, lo que pasó del 73 hasta el 76”. Además planteó que no la quieren reconocer desde ningún sector político como “terrorismo de Estado”.
El Operativo Independencia fue uno de los antecedentes del terrorismo de Estado en el País. Video: Espacio para la Memoria La Escuelita de Famaillá.
La memoria en el presente
En la actualidad las organizaciones de Derechos Humanos van a los distintos niveles escolares para hablar de lo que pasó y mantener viva la memoria. Pese a que existe una ley estatal que declara el 24 de marzo como día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, “en muchas escuelas niegan la posibilidad de analizar estos hechos”, explica Lescano.
Es por esto que junto a familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos impulsan una ley de memoria provincial. La referente considera que esta lucha; “ya no tiene que ser responsabilidad solamente de las organizaciones o familiares de víctimas”. Sino que tiene que ser un elemento asumido por toda la sociedad, “la memoria en los hechos concretos”.