El líder indígena, Leónidas Iza, se presentó al juicio que tiene en su contra por paralizar un servicio público mediante protestas contra el Gobierno. A pesar de ello, la justicia de Ecuador decidió suspender el acto, hasta el próximo 9 de agosto. La Fiscalía lo acusa por el cierre de carreteras y la detención de un servicio público; lo que podría condenarlo con hasta tres años de cárcel. Las manifestaciones se dieron durante el paro nacional entre el 13 y 30 de junio.
La propia Fiscalía dio a conocer la noticia mediante las redes sociales unas horas después del comienzo del proceso penal. “Se difiere la audiencia de juicio directo contra Leonidas I. por su presunta participación en el delito de paralización de servicio público”, anunciaba la publicación.
Luego añadió: “La diligencia se fijó para el 9 de agosto a las 11:00 (locales) y fue declarada reservada”. Las repercusiones no se hicieron esperar.
La palabra de la defensa
Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó con anterioridad que su delegación en Latacunga “se encuentra presente en la audiencia de juzgamiento para vigilar el debido proceso”. Frente a esto, uno de los abogados defensores, Raúl Ilaquiche, remarcó a la AFP que el juicio llevará “varios días” a causa de la cantidad de testigos y pruebas.
Además, sostuvo que “nos parece fundamental que la Corte Constitucional resuelva el tema del plazo y también la imparcialidad con que debe actuar la jueza”.
El organismo en cuestión tiene un lapso de 45 días para brindar una respuesta. Por lo que el indígena Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), deberá esperar un mes para su juicio.
Durante el inicio del proceso del pasado lunes se presentaron unos 2.000 aborígenes en cercanías del tribunal; el cual amaneció resguardado con vallas metálicas y policías.
Todos se encontraban para apoyar de manera pacífica al líder indígena tras haber impulsado 18 días de protestas en el mes de junio. Dicho acto dejó un saldo de seis muertos y al menos 600 heridos, entre uniformados y civiles. Todas sus acciones fueron contra el Gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Los motivos de las protestas nacionales en Ecuador
El liderazgo de Iza en las protestas fue con el motivo de reclamar el alto costo de vida. Entre lo que se destaca la rebaja de hasta el 21% de los precios de los combustibles más utilizados. Por otro lado también la moratoria para el pago de créditos de campesinos con la banca y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorio nativo.
De manera previa al inicio del juicio, Iza resaltó que se debía evitar cualquier acto “que vaya a indignar a la gente”. Al unísono aseveró que “la gente no sale por violenta, sale frente a esta realidad”. Además, agregó que “si hoy en día se tiene una sentencia o alguna acción que sea desproporcionada, se bloquearía la posibilidad de avanzar en los temas centrales de este país”.
Incluso, argumentó que “vamos a luchar por una verdad, por una justicia independiente”. A lo que luego añadió como cierre: “Pueden decir lo que sea desde la justicia, pero está clarísimo que la justicia es controlada políticamente”.
Su proceso dio inicio en la ciudad andina de Latacunga, a 90 kilómetros de Quito, en uno de cuyos sectores rurales fue detenido el 14 de junio. Un día después de la detención fue puesto en libertad, lo que acrecentó las protestas con un foco más violento.
El Acuerdo de Paz
Ante la envergadura que tuvieron las manifestaciones, la iglesia católica fue intermediaria para formar parte de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Conaie. El 30 de junio pasado se firmó en Quito la denominada “acta de paz” con el fin de terminar las protestas nacionales. Durante las mismas, unos 10.000 nativos se movilizaron desde sus comunas para mostrar su apoyo en la ciudad andina.
Dentro de los acuerdos establecidos, el Gobierno redujo hasta en 8% el valor de los combustibles. Esto dejó en 1,75 dólares el galón de diésel y en 2,40 el de gasolina. De manera paralela, el jueves siguiente se llevará a cabo una mesa de diálogos entre las partes para negociar pedidos pendientes de los aborígenes. Entre esas peticiones está la focalización de más subsidios a combustibles para las áreas rurales en Ecuador.
Desde el Gobierno señalaron que en su primera evaluación realizada, la paralización de 18 días dejó pérdidas por 1.000 millones de dólares. Los sectores productivos más afectados son, de manera particular, les agroexportadores. Por lo que quedará en vilo cómo seguirá el caso del juicio contra el líder de la Conaie en el país sudamericano.