La comunidad mapuche Epu Lafken de la ciudad bonaerense de Los Toldos denunció el intento del municipio de General Viamonte, con el intendente Franco Flexas a la cabeza, de comercializar Eltuwe. El conflicto por el lugar, que es una representación de la memoria oral del pueblo de mapuches, viene desde hace años. Sin embargo, una iniciativa municipal puso otra vez a la comunidad en pie de lucha.
Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga, doctora en Salud Colectiva e integrante de Epu Lafken, dialogó con Nota al Pie. Al respecto de la situación actual de la comunidad, expresó: “En este proyecto hay un problema ético en la investigación científica, que tiene que ver con que la ética científica tiene una lógica diferente a la ética mapuche”.
En ese sentido, agregó que también existe un problema epistémico: “Significa que el mundo mapuche tiene una manera de producir conocimiento diferente al mundo occidental – cientificista”; y un problema político porque “existe una falencia jurídica que se relaciona con que la propiedad comunitaria indígena todavía no existe como ley en Argentina”.
Mapuches: el inicio del conflicto con el Municipio
“El conflicto tiene varias etapas. Pero el contemporáneo comienza en diciembre de 2016 cuando unas máquinas retroexcavadoras, autorizadas por la Sociedad de Fomento Laguna Azotea que tenía en ese momento la administración del lugar ilegalmente, remueven lo que el mundo occidental llama restos óseos”, sostuvo Azpiroz Cleñan.
Este hecho, junto a la muerte de un miembro de Epu Lafken, desencadenó en que la comunidad mapuche tomara conocimiento de un posible convenio del Municipio con la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).
“Pedimos autorización al intendente para poder enterrarlo allí. Pero ellos se negaron diciendo que no podían autorizar el entierro porque había otras comunidades que querían conveniar con la UNICEN para hacer un estudio arqueológico para verificar si era o no un cementerio mapuche”, recordó la politóloga.
Desde ese momento, a partir de la negativa, la comunidad de Epu Lafken decidió entablar una conversación con la institución educativa. La intención era explicar los motivos que tenían para que no se produjeran excavaciones allí.
Al respecto, Azpiroz Cleñan explicó: “Nosotros tenemos una vinculación cotidiana con ese cementerio histórico. Tenemos placentas enterradas de nuestros hijos e hijas (…). Es un territorio que tiene que ver con la memoria oral del pueblo mapuche, donde está nuestra ancestralidad”.
En aquel entonces, el convenio finalmente no se ratificó. Esto gracias a que la comunidad de Epu Lafken decidió hacer valer el derecho de consulta libre, previa e informada con la Universidad. De esta forma, mostraron que no había consenso con el total de las comunidades.
Una nueva arremetida
“Después de cinco años, los mismos investigadores que quisieron hacer la investigación se presentaron al municipio de General Viamonte, no avalados por la UNICEN; y el intendente anunció el pasado miércoles que va a hacer una contratación directa con ellos de manera privada”, remarcó Cleñan.
El 21 de junio, el municipio realizó una charla informativa a toda la población. Sin embargo, no avisó, ni en tiempo ni en forma, a la totalidad de las comunidades mapuches.
“Fuimos igual, pero en esa reunión no se entregó ningún tipo de documento que explicara la metodología; los objetivos; qué tipo de marco teórico tenía la investigación, ni tampoco un presupuesto”, afirmó Azpiroz Cleñan. A su vez, remarcó que “tampoco mostraron el documento donde las otras comunidades, que son cuatro, presentan el consentimiento libre, previo e informado”.
Desde la comunidad de Epu Lafken, denunciaron que la firma del contrato entre privados para investigar en un “territorio ontológicamente mapuche” viola no sólo cualquier norma de derecho indigena, sino también del derecho administrativo. La causa es que no tiene el consentimiento de la totalidad de las comunidades mapuches, lo que incumple la Ley 24071 referida al Convenio 169 de la OIT.
“Existen tres comunidades mapuches que pedimos que se abra el proceso de diálogo con el total de las comunidades, porque la iniciativa se cerró con sólo cuatro de las siete comunidades que somos”, afirmó la politóloga mapuche.
“Nos llama poderosamente la atención que tengan que recurrir a una contratación privada, que no exista ninguna universidad que esté avalando este tipo de investigación”, manifestó Azpiroz Cleñan. Para la comunidad de Epu Lafken, detrás de esta iniciativa, existen intereses que no se relacionan con la producción de conocimiento, sino que buscan generar “un producto al servicio del cliente, en este caso el municipio”.