Imaginemos algo: supongamos que yo poseo toda la fuerza física para hacerle tanto daño a usted al punto de ocasionarle la muerte. De igual modo a la inversa, usted posee tanta fuerza física para hacerme daño al punto de matarme. Es una situación extraordinaria, invadida por la tensión y el temor. Este terrible miedo es tan insoportable que torna la convivencia en un verdadero tormento. Resulta que para salir de este padecimiento usted y yo llegaremos a un acuerdo. Haremos un pacto, un trato. Acordamos ceder toda nuestra fuerza en otro, en un tercero que no participa del pacto más que a los efectos de ser depositario de toda nuestra violencia contenida. Ese tercero hará las veces de garante de nuestra seguridad. Ese tercero es nada más y nada menos que el Estado; y este supuesto conjetural que le propongo ya fue pensado hace más de 370 años por un señor llamado Thomas Hobbes. Es precisamente en el Estado en donde a través de un pacto todos depositamos la fuerza para que sea administrada por este. Sí, es el Estado quien administra la violencia en las sociedades modernas, y por ende es el garante de la seguridad y la vida de los individuos.
Pero parece ser que no en todas las sociedades llamadas “modernas” sucede esto. Últimamente a raíz de los tiroteos cada vez más frecuentes en Estados Unidos donde mueren niños en escuelas o gente inocente en algún centro comercial, se ha vuelto a poner en discusión el tema de la posesión de armas en manos de civiles. Según la organización Small Arms Survey en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes, es decir hay más armas de fuego que personas.
Sucede que en país del norte quienes están a favor de la libre tenencia de armas cuentan con una serie de factores de peso que juegan a su favor. Primeramente el complejo industrial de armas que posee un descomunal poder económico y por ende conforma un lobby de presión mediática y económica ciclópeo. Entre sus principales lobistas, además de legisladores republicanos con las más radicalizadas posiciones, cuenta con distintas organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle. Otro factor de peso es el de orden jurídico y constitucional, amparados en Segunda Enmienda, redactada en 1791, que declara una serie de derechos relativos a la libertad de reunión, de expresión, de culto y también de poseer armas. Pero a los textos hay que entenderlos e interpretarlos en su contexto. Cuando esta declaración de derechos fue redactada, Estados Unidos acababa de independizarse y el temor de un nuevo embate británico estaba latente, por ende el rango constitucional de la posesión de armas para la conformación de milicias defensivas era coherente con ése momento histórico.
El problema de fondo debe resolverlo una vez más la política. En el Congreso la discusión para una regulación de la posesión de armas está en un punto inerte. Mientras tanto solo en 2020 han fallecido más de 45.000 personas a raíz de la tenencia de armas. Que en un país donde su población no llega a los 330 millones de personas existan casi 400 millones de armas en manos de civiles, obliga a la política a discutir seria y profundamente el rol del Estado en semejante situación. En éste punto es muy importante señalar que no se categorizan las armas de fuego como una causa, sino que se habla de homicidio o suicidio, de accidentes o de otros motivos que “no se sabe” por qué se produjeron. A esta altura y con estos números vale la reflexión de que si la tenencia de armas de fuego es una cuestión que tienen que ver con la salud pública más que con la tenencia por seguridad, rol que le corresponde exclusivamente al Estado.
¿Y en nuestro país?
La historia reciente ha demostrado que en nombre de la “libertad” se han llevado a cabo y se han dicho las mayores incoherencias que uno pueda escuchar y leer. Desde venta de órganos hasta la libertad para morirse de hambre, como expresó hace unos días un personaje desprovisto de cualquier tipo de formación intelectual, técnica o académica.
En nuestro país no existe un debate ni mucho menos una discusión al respecto de la tenencia de armas en manos de la población. Por estos lados del mundo se entiende perfectamente que poseer un arma en un domicilio de una persona que no cuenta con la instrucción mínima para el manejo de tal elemento, constituye un peligro para las familias que habiten ese hogar.
En la República Argentina el organismo encargado del control de armas de fuego en manos de civiles es la Agencia Nacional de Materiales Controlados ANMaC (ex RENAR). Es precisamente el Estado quien garantiza la seguridad de sus habitantes. Es por lo tanto el mismo Estado quien tiene la obligación de estar constantemente profesionalizando sus fuerzas de seguridad en todos los niveles para resguardar a sus habitantes de la violencia que él mismo administra; porque “estimado amigo ni yo podré hacerle daño ni usted a mí porque la libertad no es infinita”.