El Gobierno nacional proyecta una inflación anual promedio del 57,7% para 2022, con un rango que oscila entre 52 y 62%. Además, se prevé una retracción en el déficit primario y un crecimiento económico sostenido en 4%. Los datos forman parte de la modificación del del Presupuesto prorrogado de 2021, dictada este jueves a través del DNU 331/2022.
El mayor índice anual de inflación desde la hiperinflación
El índice proyectado por el Gobierno expresa la inflación anual más alta desde 1992, cuando se implementó el plan de Convertibilidad, luego de la hiperinflación que consumió al alfonsinismo. Si bien el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo registró un 5,1%, casi un punto por debajo de abril, el acumulado interanual superó el 60,7%, debilitando el poder de compra de les argentines asalariades en el marco de la crisis social.
El último relevamiento de expectativas del Banco Central había arrojado una inflación del 72,7%, mientras que las consultoras privadas coinciden en que el piso está en los 70 puntos. Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán dijo: “Por supuesto que cualquier número de estos que estamos hablando son altos, problemáticos para el funcionamiento de nuestra sociedad y nuestra economía”. En tanto, en su diagnóstico inicial, el Gobierno preveía una inflación del 33% para el 2022.
En relación a los demás indicadores, el crecimiento de la actividad económica se sostiene en un 4%, resaltando un índice de producción industrial manufacturero del 5%. Asimismo, el déficit primario se retrae del 3,3% al 2,5%. Según indicaron desde el Ministerio de Economía, el conflicto entre Rusia y Ucrania alteró el comercio y precio de materias primas; afectó de manera profunda la estacionalidad de gastos y los recursos del gobierno para contener el lógico impacto. En efecto, la demanda de gasto público escaló a niveles no previstos en el programa original.
Presupuesto 2022 y exigencias del FMI
La modificación del Presupuesto 2022 coincide con los lineamientos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El próximo 24 de junio el Directorio del organismo se reunirá para revisar el primer trimestre del Programa Facilidades Extendidas y evaluar eventuales ajustes de cara al segundo trimestre. En ese marco, la asistencia del Producto Interno Bruto (PIB) al Tesoro Nacional, no superior al 1% y el nivel de acumulación de reservas de 5.800 millones de dólares, son las principales preocupaciones del gobierno para no desordenar los acuerdos.
La meta de inflación del organismo establecía un nivel de entre el 38 y el 48% anual. Reconociendo que el acumulado anual en los primeros cinco meses de 2022 es del 29,3%, Guzmán proyectó un promedio del 57,7%. Según el ministro, la inflación tenderá a ceder en los próximos meses “en la medida que la readecuación de políticas económicas surta su efecto, se reduzca la incertidumbre por la guerra y se acumulen reservas internacionales”.
Puja política y batería de medidas
En ese sentido, la política energética del Gobierno nacional resulta central. El FMI observa con preocupación la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Fruto de discusión durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ya que, cuando se asumen compromisos financieros internacionales los subsidios a la energía son un factor de discusión dentro del Frente de Todos.
En definitiva, el Gobierno anunció cambios en la política monetaria asociados a la suba de tasas para depósitos a plazo fijo y a créditos al consumo y a empresas, favoreciendo el ahorro en moneda local. Respecto al dólar, indicaron que “lo más prudente es mantener un tipo de cambio real sin variaciones de gran magnitud”. De todos modos, fue la segmentación de tarifas de gas por red y electricidad la que expresó el mayor nivel de discusión política.
La nueva segmentación avanza en suprimir subsidios al decil más rico de la población y profundiza la suba nominal para el 90% restante. El sector con un ingreso familiar mayor o equivalente a tres salarios y medio de la canasta básica pagará la tarifa plena. Luego, un segundo grupo intermedio sufrirá un incremento anual no mayor al 80% al de la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Es decir, las tarifas no escalarán más allá del 42,7%. Por último, los beneficiarios de la Tarifa Social también tendrán un aumento pero que no trepará más allá del 21,4%.